Un operativo realizado en barrio Gráfico sumó un nuevo golpe contra el narcomenudeo. La intervención forma parte de la estrategia provincial basada en la Ley de Microtráfico y busca recuperar espacios que durante años estuvieron asociados a la violencia y la venta de estupefacientes
Rosario volvió a ser escenario de un operativo de demolición de un inmueble utilizado para actividades vinculadas al narcomenudeo. Esta vez, la intervención se concretó en barrio Gráfico, en la zona oeste de la ciudad, donde autoridades provinciales y fiscales supervisaron el derribo de una vivienda señalada como punto de comercialización de drogas y otras actividades delictivas.
Con esta acción, ya son 78 los búnkeres inactivados en Rosario desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, mientras que la cifra asciende a 133 en toda la provincia de Santa Fe, en el marco de la aplicación de la Ley de Microtráfico.
El procedimiento se desarrolló en un inmueble ubicado sobre calle Benteveo al 700, un lugar que, según explicaron las autoridades, venía siendo objeto de investigaciones por su presunta vinculación con la venta minorista de estupefacientes, además de episodios de violencia y otras maniobras delictivas que afectaban la convivencia del barrio.
Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad sostuvieron que este tipo de intervenciones no se limita a la destrucción física de una construcción, sino que apunta a impedir que esos espacios vuelvan a convertirse en centros de actividad criminal. La estrategia también busca enviar un mensaje de recuperación del territorio por parte del Estado, especialmente en sectores donde durante años los vecinos convivieron con situaciones de intimidación e inseguridad.
La fiscalía especializada en Microtráfico indicó que se trata del quinto búnker demolido en barrio Gráfico, resultado de una investigación prolongada que permitió detectar no sólo la comercialización de drogas sino también hechos de extorsión y violencia altamente lesiva. Durante las actuaciones se secuestraron dosis fraccionadas de cocaína y otros elementos de interés para la causa.
Una política que busca cambiar el mapa del delito
La demolición de búnkeres se convirtió en uno de los ejes visibles de la política de seguridad implementada por el Gobierno provincial tras la sanción de la Ley de Microtráfico. La normativa habilitó a la Justicia santafesina a intervenir en causas vinculadas al narcomenudeo, una competencia que históricamente permanecía bajo la órbita federal y que muchas veces ralentizaba las investigaciones.
Para Rosario, ciudad que durante más de una década sufrió el crecimiento de organizaciones criminales asociadas al narcotráfico, estas acciones representan una combinación de medidas judiciales, policiales y urbanas. El objetivo oficial es impedir que los inmuebles utilizados para actividades ilegales vuelvan a ser ocupados con el mismo fin y, al mismo tiempo, recuperar espacios para la comunidad.
Sin embargo, especialistas en seguridad coinciden en que la demolición constituye sólo una parte de una estrategia más amplia. La consolidación de resultados sostenibles dependerá también de la continuidad de las investigaciones sobre las estructuras criminales, del fortalecimiento de la presencia estatal en los barrios y de políticas sociales que acompañen la recuperación de los sectores más vulnerables.
Mientras tanto, cada nuevo derribo se convierte en un símbolo de una disputa que Rosario conoce desde hace años: la de recuperar para los vecinos espacios que durante mucho tiempo estuvieron bajo el control de las economías delictivas.