Además de Manuel Adorni y su esposa, otros referentes del oficialismo adhirieron al sistema simplificado de Ganancias impulsado por el Gobierno nacional
La oposición cuestiona que funcionarios públicos puedan acceder al beneficio mientras crecen los reclamos por mayores controles patrimoniales.
La adhesión de funcionarios nacionales al Régimen de Inocencia Fiscal volvió a instalar un fuerte debate político sobre los alcances de la iniciativa promovida por el gobierno de Javier Milei. La controversia se profundizó luego de conocerse que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, solicitó incorporarse al sistema simplificado de Ganancias mientras enfrenta cuestionamientos vinculados a la evolución de su patrimonio.
Según trascendió en las últimas horas, Adorni no es el único integrante del oficialismo que decidió acogerse al régimen. También lo hicieron su esposa, Bettina Angeletti; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el dirigente libertario José Luis Espert y otras figuras cercanas al espacio gobernante.
Qué es la Inocencia Fiscal
El régimen fue reglamentado por el Gobierno a comienzos de este año como parte de la Ley 27.799. La normativa establece un sistema simplificado para la presentación del Impuesto a las Ganancias y reduce la cantidad de información patrimonial que deben presentar quienes adhieran voluntariamente. Además, contempla un mecanismo que limita las revisiones fiscales retroactivas de períodos anteriores, siempre que se cumplan las condiciones previstas por la ley.
Desde el oficialismo sostienen que la medida busca simplificar la relación entre los contribuyentes y el Estado, reducir burocracia y concentrar los controles en casos considerados de mayor relevancia fiscal.
Los cuestionamientos
La principal polémica gira en torno a que la ley no excluye a funcionarios públicos ni a sus familiares directos. Por ese motivo, dirigentes opositores y especialistas en transparencia plantearon que quienes ejercen cargos públicos deberían quedar fuera de este tipo de beneficios debido a las exigencias de control patrimonial que recaen sobre las personas políticamente expuestas.
Las críticas se intensificaron particularmente en el caso de Adorni, quien se encuentra bajo investigación judicial por presuntas inconsistencias entre sus ingresos declarados y su evolución patrimonial. Aunque especialistas remarcan que la adhesión al régimen no impide investigaciones por enriquecimiento ilícito o lavado de activos, sí generó cuestionamientos sobre la oportunidad política de la decisión.
Un debate que trasciende lo tributario
La discusión excede el plano fiscal y se instaló en el terreno político. Mientras el Gobierno defiende la Inocencia Fiscal como una herramienta para reducir la presión estatal sobre los contribuyentes, sectores opositores advierten que la participación de funcionarios nacionales puede afectar los estándares de transparencia que deben regir para quienes administran recursos públicos.
Con nuevas adhesiones dentro del oficialismo y proyectos que buscan limitar el acceso de funcionarios a este régimen, el debate promete continuar en el Congreso y en la agenda pública durante las próximas semanas.