El jefe de Gabinete presentó declaraciones juradas rectificativas y aseguró que las diferencias patrimoniales investigadas por la Justicia se explican por inversiones en criptomonedas realizadas antes de llegar al Gobierno
En medio de la investigación judicial sobre su evolución patrimonial y tras adherir al Régimen de Inocencia Fiscal impulsado por el Gobierno nacional, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó una serie de declaraciones juradas rectificativas para justificar el origen de parte de sus bienes y de los de su grupo familiar.
La principal novedad de la documentación presentada ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es la incorporación de activos vinculados a operaciones con criptomonedas. Según la reconstrucción patrimonial realizada por el funcionario, los ahorros familiares incluyen unos 513.000 dólares generados a partir de inversiones en Bitcoin efectuadas entre 2013 y 2018.
El origen de los fondos
De acuerdo con las explicaciones brindadas por Adorni, las inversiones comenzaron cuando el mercado de criptomonedas aún era incipiente. El funcionario sostuvo que junto a su esposa invirtieron alrededor de 200.000 dólares y que, gracias a la revalorización de Bitcoin, obtuvieron ganancias cercanas a los 300.000 dólares, alcanzando un patrimonio superior al medio millón de dólares.
Durante una entrevista televisiva, explicó que las operaciones se realizaron a través de distintas billeteras virtuales y aseguró que conserva la documentación necesaria para respaldar cada movimiento. Además, afirmó que la tecnología blockchain permite verificar el recorrido de los fondos y descartó cualquier irregularidad en el origen del dinero.
El reconocimiento de un «error»
Uno de los aspectos más controvertidos de la presentación es que esos activos no habían sido incorporados en las declaraciones juradas anteriores. El propio Adorni admitió que se trató de una equivocación que fue replicándose con el paso de los años.
Según explicó, al confeccionar nuevas presentaciones tomó como base declaraciones previas que ya contenían omisiones, por lo que el error terminó arrastrándose hasta su llegada al Gobierno. También aseguró que abonará los impuestos, intereses y multas que pudieran surgir de las rectificaciones realizadas ante ARCA.
Investigación judicial y cuestionamientos políticos
La presentación ocurre mientras la Justicia federal analiza denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública. Las actuaciones se encuentran bajo la órbita del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes investigan la evolución patrimonial del actual jefe de Gabinete.
La polémica se profundizó en los últimos días luego de que Adorni se incorporara al Régimen de Inocencia Fiscal, un sistema simplificado impulsado por el Gobierno que también fue adoptado por otros funcionarios libertarios. Desde distintos sectores de la oposición cuestionan que personas con responsabilidades públicas puedan acceder a un mecanismo que reduce las exigencias informativas sobre el patrimonio declarado.
Un caso con impacto político
La difusión de las nuevas declaraciones juradas no cerró la controversia. Mientras el oficialismo sostiene que la documentación presentada demuestra el origen lícito de los fondos y permitirá despejar las sospechas, la oposición reclama mayores explicaciones sobre los activos omitidos durante años y el momento elegido para regularizar la situación patrimonial.
Con la investigación aún en curso, el caso se convirtió en uno de los principales focos de tensión política para el Gobierno nacional en la previa del Mundial 2026 y vuelve a poner en discusión los mecanismos de control sobre el patrimonio de los funcionarios públicos.