El Presidente volvió a atacar a periodistas para defender a José Luis Espert tras las novedades judiciales en el caso Fred Machado. La estrategia ya no parece episódica: convertir a la prensa en enemigo político se consolidó como una herramienta central del oficialismo para disciplinar el debate público y encapsular cualquier cuestionamiento
Cada vez que una crisis política amenaza con perforar el relato libertario, el gobierno de Javier Milei activa el mismo reflejo: desplazar la discusión, construir un enemigo y dinamitar la legitimidad del periodismo. Esta vez el disparador fue la situación judicial del empresario Federico “Fred” Machado en Estados Unidos y el intento oficial de rehabilitar políticamente a José Luis Espert, golpeado durante meses por sus vínculos con el financista. En un extenso mensaje publicado en redes sociales, Milei acusó a periodistas de haber “arruinado la vida” y “empujado al ostracismo” a Espert mediante una “operación política y mediática infame”.
El problema es que el Presidente no se limitó a cuestionar coberturas o interpretaciones: volvió a instalar un discurso de hostilidad sistemática contra la prensa. “No odiamos lo suficiente a los periodistas”, escribió otra vez, reforzando una lógica binaria donde cualquier investigación incómoda pasa automáticamente a ser parte de una conspiración.
La defensa de Espert se apoya en una novedad parcial del expediente norteamericano: Machado aceptó declararse culpable por lavado de dinero y fraude electrónico, mientras busca desactivar la acusación por narcotráfico. Pero lejos de cerrar interrogantes, el caso sigue dejando zonas grises sobre la relación política y económica entre ambos. El propio Espert había reconocido viajes en aviones privados del empresario y contratos por cientos de miles de dólares.
En lugar de responder sobre esos vínculos, la Casa Rosada eligió otra vez atacar al mensajero. El mecanismo ya es reconocible: frente a denuncias, investigaciones o escándalos, el oficialismo desplaza el eje hacia una supuesta persecución mediática y convierte cualquier pregunta en prueba de “casta”, “operación” o “ensobrado”. La construcción del periodista como enemigo interno dejó de ser un exabrupto para transformarse en doctrina política.
El dato inquietante es que la escalada verbal ocurre en un contexto de creciente deterioro institucional en materia de libertad de prensa. En los últimos meses, el gobierno endureció el vínculo con medios críticos, restringió accesos y multiplicó campañas digitales de hostigamiento contra comunicadores. Organizaciones periodísticas vienen alertando sobre un clima cada vez más agresivo, amplificado desde cuentas oficiales y usinas libertarias en redes.
La paradoja es evidente: un gobierno que llegó prometiendo “libertad” parece cada vez más incómodo frente a cualquier instancia de control público. Y cuando el poder necesita desacreditar preguntas en vez de responderlas, lo que entra en crisis no es solamente el periodismo: es la calidad democrática.