Con precios que superan el salario mínimo, la crisis habitacional expone el impacto de la desregulación y la pérdida del poder adquisitivo.
La escalada de los alquileres en Rosario dejó de ser una tensión del mercado para convertirse en un síntoma directo de un modelo económico que corre al Estado de la regulación y deja a los inquilinos librados a su suerte.
Hoy, alquilar un monoambiente cuesta más que el Salario Mínimo Vital y Móvil, una ecuación que revela el profundo deterioro del poder adquisitivo y la falta de políticas públicas que garanticen el acceso a la vivienda.
Con aumentos interanuales que rondan entre el 44% y el 50%, el mercado inmobiliario se mueve sin contrapesos efectivos, mientras miles de trabajadores quedan atrapados en una lógica expulsiva: o destinan casi la totalidad de sus ingresos al alquiler o quedan fuera del sistema formal. En este escenario, la vivienda deja de ser un derecho para transformarse en mercancía, consolidando una desigualdad que ya no es coyuntural, sino estructural.