La Conferencia Episcopal, Cáritas y organismos de la Iglesia Católica cuestionaron la iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger sobre la propiedad privada y reclamaron a los legisladores que rechacen la propuesta. Advierten sobre riesgos para la soberanía territorial, los bienes comunes y los sectores más vulnerables
En un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno nacional y la Iglesia Católica, distintas organizaciones eclesiales expresaron un fuerte rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La iniciativa, que se debate en el Senado, generó preocupación en sectores religiosos, que consideran que podría afectar el acceso a la tierra, la planificación estatal y la protección de recursos estratégicos.
A través de una carta abierta dirigida a los legisladores, Cáritas Argentina, la Comisión Episcopal de Pastoral Social y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen pidieron que el Congreso rechace la iniciativa. En el documento sostienen que el proyecto «atenta contra la soberanía de la tierra, los alimentos y los bienes comunes» y advierten que favorece intereses privados por encima del interés colectivo.
La propuesta oficial busca reforzar la protección de la propiedad privada y acelerar los procesos de restitución de inmuebles ocupados, además de introducir modificaciones en leyes vinculadas a tierras rurales, expropiaciones, integración socio-urbana y manejo del fuego. Desde el Gobierno sostienen que las reformas apuntan a brindar mayor seguridad jurídica y previsibilidad para las inversiones.
Sin embargo, la Iglesia puso el foco en dos aspectos centrales. Por un lado, cuestiona la eliminación de restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros, especialmente aquellas vinculadas a reservas de agua y recursos naturales estratégicos. Por otro, advierte sobre la flexibilización de las limitaciones para el uso de terrenos afectados por incendios, una cuestión sensible en materia ambiental.
Un debate que trasciende la propiedad privada
Las organizaciones religiosas sostienen que la discusión excede el derecho individual a la propiedad y se vincula con el concepto de bien común. En ese sentido, recordaron que la doctrina social de la Iglesia reconoce la propiedad privada, pero también plantea que debe cumplir una función social y estar subordinada al bienestar general.
«La tierra no es una mercancía», señalaron los organismos eclesiales en uno de los pasajes más contundentes de la carta enviada al Congreso. Allí remarcan que los recursos naturales, el acceso al agua y la producción de alimentos constituyen bienes estratégicos que requieren protección estatal y una mirada de largo plazo.
Un nuevo foco de conflicto para Milei
La posición de la Iglesia reabre una relación que durante el último año acumuló diferencias con la administración de Javier Milei en temas vinculados a la cuestión social, la pobreza y el rol del Estado. Si bien el Gobierno mantiene diálogo institucional con algunos sectores eclesiásticos, este pronunciamiento vuelve a mostrar una distancia importante respecto de la visión oficial sobre la propiedad, la tierra y el desarrollo económico.
El debate ahora seguirá en el Senado, donde el oficialismo busca reunir los apoyos necesarios para avanzar con una de las iniciativas que considera clave dentro de su programa de reformas estructurales. La intervención de la Iglesia suma un actor de peso a una discusión que ya excede el plano jurídico y se proyecta sobre cuestiones sociales, ambientales y de soberanía nacional.