Con una votación ajustada, el oficialismo logró modificar la norma y abre la puerta a la expansión minera en zonas hasta ahora protegidas
El Congreso nacional aprobó la reforma de la Ley de Glaciares, una de las normas ambientales más importantes del país, en una votación que expuso fuertes divisiones políticas y generó rechazo en sectores científicos y ambientalistas. En la Cámara de Diputados, el proyecto se convirtió en ley con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, mientras que en el Senado había obtenido previamente 40 votos positivos contra 31 negativos. La iniciativa impulsada por el oficialismo introduce cambios sustanciales en el esquema de protección vigente desde 2010, al permitir que las provincias evalúen caso por caso qué glaciares y ambientes periglaciares deben ser protegidos según su “función hídrica efectiva”.
Este punto representa una modificación central: se deja atrás el criterio de protección amplia que regía hasta ahora y se habilita la posibilidad de desarrollar actividades extractivas —incluida la minería metalífera— en áreas que antes estaban vedadas. Según el Gobierno, el cambio busca atraer inversiones y dinamizar economías regionales, en línea con el impulso al sector minero y el régimen de incentivos para grandes inversiones. Sin embargo, especialistas y organizaciones ambientales advierten que la reforma implica un retroceso en términos de protección de reservas estratégicas de agua dulce, fundamentales para el abastecimiento de millones de personas y para el equilibrio de los ecosistemas andinos.
El proceso legislativo también estuvo atravesado por cuestionamientos: desde audiencias públicas con participación limitada hasta críticas por la velocidad del tratamiento parlamentario. En paralelo, la votación reflejó alianzas transversales, con apoyo de sectores del oficialismo, bloques provinciales y parte de la oposición, en un esquema donde el peso de las economías regionales vinculadas a la minería resultó determinante.
Más allá del resultado legislativo, el debate está lejos de cerrarse. Organizaciones socioambientales ya anticipan presentaciones judiciales al considerar que la reforma podría ser inconstitucional y vulnerar el principio de no regresión ambiental. En ese marco, la nueva ley no solo redefine el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental, sino que también abre un escenario de conflicto político, social y judicial que podría extenderse en el tiempo, con impacto directo sobre uno de los recursos más sensibles del país: el agua.
Qué cambia con la reforma de la Ley de Glaciares
- Nuevo criterio de protección: ya no se resguardan todos los glaciares y áreas periglaciares, sino solo aquellos considerados de “función hídrica efectiva”
- Más poder para las provincias: serán las autoridades locales las que definan qué zonas quedan protegidas y cuáles pueden ser intervenidas
- Habilitación de actividades extractivas: se abre la posibilidad de avanzar con proyectos mineros y otras explotaciones en áreas antes restringidas
- Revisión del inventario de glaciares: se prevé actualizar el relevamiento existente bajo los nuevos criterios, lo que podría reducir las áreas protegidas
- Cambios en controles ambientales: se flexibilizan algunas exigencias para la evaluación de impacto ambiental en zonas cercanas a glaciares
- Nuevo equilibrio entre ambiente y producción: el eje pasa de la protección amplia a un esquema que prioriza el desarrollo económico en determinadas regiones