La caída de las acciones de Rockhopper expuso las dificultades que enfrenta el proyecto Sea Lion mientras varias compañías internacionales de servicios petroleros se alejan de las operaciones en el área. La presión argentina ya no se limita al reclamo diplomático y comienza a impactar sobre la cadena de proveedores necesaria para convertir el proyecto en producción efectiva
El proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum al norte de las Islas Malvinas, atraviesa una etapa decisiva. Mientras las empresas sostienen que mantienen el cronograma para comenzar las perforaciones en 2027 y producir petróleo en 2028, la salida de proveedores internacionales y el endurecimiento de la presión argentina agregan un obstáculo que excede la disputa política y llega directamente al terreno financiero y operativo.
La señal más visible apareció en la Bolsa de Londres. Las acciones de Rockhopper llegaron a caer cerca de 20% y acumulan una pérdida superior al 30% en el último mes. El retroceso se produjo después de que la compañía reconociera que deberá reemplazar a dos contratistas vinculados al desarrollo de Sea Lion.
La reacción del mercado tiene una explicación concreta. En proyectos offshore de esta magnitud, disponer de reservas y financiamiento no alcanza: también resulta indispensable contar con empresas especializadas capaces de perforar, instalar infraestructura submarina, prestar servicios técnicos y sostener las distintas etapas de producción. Si esos proveedores se retiran, reemplazarlos puede significar mayores costos, demoras y nuevas dificultades contractuales.
Una cadena de proveedores cada vez más estrecha
El caso de Halliburton es especialmente significativo. La compañía estadounidense confirmó el 2 de octubre que ni ella ni sus subsidiarias realizarán trabajos en Sea Lion ni participarán en actividades de exploración o producción de hidrocarburos en las islas o en sus aguas circundantes. La definición llegó después de consultas realizadas por autoridades argentinas sobre las consecuencias legales de participar en esas operaciones.
Halliburton no es una empresa menor dentro de la industria. Su salida se suma a decisiones similares comunicadas por SLB —la antigua Schlumberger— y Baker Hughes, entre otras firmas vinculadas al sector. De esta manera, el conflicto empieza a afectar uno de los puntos más sensibles del proyecto: la disponibilidad de servicios petroleros especializados.
La estrategia argentina apunta precisamente a ese eslabón. Durante septiembre, el Gobierno notificó a numerosas empresas internacionales sobre las consecuencias legales y regulatorias que podría generar su participación en actividades hidrocarburíferas en las áreas disputadas. La advertencia adquiere especial peso porque muchas de esas compañías también tienen intereses comerciales en Vaca Muerta, donde la actividad petrolera argentina concentra inversiones y expectativas de expansión.
Para una empresa de servicios, por lo tanto, la decisión no necesariamente se reduce a una cuestión vinculada exclusivamente con Malvinas. También entra en juego el riesgo de perder oportunidades en el mercado argentino continental, particularmente en el desarrollo de Vaca Muerta.
Rockhopper y Navitas sostienen el cronograma
Pese a las dificultades, las compañías que impulsan Sea Lion mantienen públicamente su hoja de ruta. Rockhopper tiene el 35% del proyecto y Navitas, que actúa como operadora, posee el 65% restante. Ambas sostienen que están trabajando para sustituir a los contratistas que se retiraron y realizar los ajustes necesarios para preservar el desarrollo.
El plan contempla comenzar las perforaciones durante 2027 y avanzar hacia la producción comercial en 2028. La primera fase prevé una explotación de escala significativa, con una producción estimada de hasta unos 50.000 a 55.000 barriles diarios.
Sin embargo, existe una diferencia importante entre mantener formalmente un cronograma y contar con las condiciones materiales para cumplirlo. La propia comunicación de las empresas reconoce como riesgos la imposibilidad de reemplazar a tiempo a los contratistas, nuevas decisiones de retiro por parte de proveedores y una eventual escalada de las medidas impulsadas por la Argentina.
Ese es, precisamente, el punto en el que la disputa por la soberanía comienza a mezclarse con la economía real del proyecto.
El conflicto suma ahora una dimensión internacional
La ofensiva argentina tampoco se limita al vínculo bilateral con el Reino Unido. El Gobierno avanzó en mecanismos jurídicos internacionales vinculados con el derecho del mar, mientras la Justicia Federal argentina dictó una medida cautelar que ordenó suspender actividades materiales relacionadas con el desarrollo de Sea Lion.
Del otro lado, Rockhopper y Navitas sostienen que cuentan con el respaldo de las autoridades británicas y de las autoridades de las islas, y cuestionan la legitimidad de las medidas argentinas. Esa diferencia jurídica y política deja al proyecto atrapado entre dos posiciones que, por ahora, no encuentran un punto de convergencia.
El Gobierno argentino busca que la disputa por la soberanía tenga consecuencias sobre la explotación de los recursos naturales. Las empresas, en cambio, intentan sostener el proyecto sobre la base de las autorizaciones otorgadas por las autoridades que administran las islas.
El resultado es un escenario en el que cada nuevo proveedor que se retira aumenta la presión sobre Sea Lion, mientras cada nuevo paso jurídico o diplomático de Buenos Aires eleva el nivel de incertidumbre para quienes todavía permanecen vinculados.
Mucho más que una caída bursátil
La caída de Rockhopper no significa por sí sola que Sea Lion esté paralizado ni que el proyecto haya perdido definitivamente su viabilidad. La propia compañía sostiene que continúa avanzando. Pero el comportamiento de sus acciones muestra que los inversores están incorporando un riesgo que hasta hace poco podía aparecer como predominantemente político.
La cuestión central ya no es solamente cuánto petróleo existe bajo esas aguas, sino si será posible reunir las condiciones financieras, técnicas, logísticas y jurídicas necesarias para extraerlo.
En ese sentido, Malvinas vuelve a mostrar una particularidad histórica de la disputa: la soberanía continúa siendo el eje político, pero los recursos naturales agregan una dimensión económica cada vez más relevante. Y mientras Londres y Buenos Aires profundizan sus posiciones, el mercado empieza a reflejar que explotar petróleo en una zona en disputa tiene un costo y un nivel de incertidumbre que las compañías no pueden ignorar.