El acuerdo alcanzado por la compañía de Mark Zuckerberg con fiscales generales estadounidenses obliga a modificar el funcionamiento de Instagram y Facebook para los menores de 18 años. En Argentina esas medidas no tienen aplicación automática: la protección de los datos y la privacidad de niños y adolescentes queda bajo el marco de la legislación nacional y la intervención de la Agencia de Acceso a la Información Pública, sin un régimen equivalente que obligue a la empresa a adoptar los mismos límites de uso y diseño
El acuerdo alcanzado por Meta con fiscales generales de Estados Unidos para cerrar las demandas por el impacto de Instagram y Facebook sobre los adolescentes tendrá un alcance concreto pero limitado: las nuevas restricciones serán obligatorias para los usuarios menores de 18 años alcanzados por la jurisdicción estadounidense. El pacto contempla límites de uso, bloqueo nocturno, silenciamiento de notificaciones durante el horario escolar, modificaciones en los contenidos recomendados y mayores controles parentales, entre otras medidas.
Para los adolescentes argentinos, en cambio, el acuerdo no modifica por sí mismo las condiciones de utilización de las plataformas. Meta no está jurídicamente obligada por ese pacto a establecer en el país un máximo de dos horas diarias, bloquear el acceso durante la noche o implementar el resto de las restricciones asumidas ante las autoridades estadounidenses.
La diferencia no implica, sin embargo, que las plataformas de Meta funcionen en la Argentina sin ningún tipo de control. El país cuenta con un marco de protección de datos personales y con una autoridad específica para fiscalizar su cumplimiento.
La autoridad argentina
La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) es la autoridad de aplicación y órgano de control de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. Entre sus atribuciones se encuentran fiscalizar el tratamiento de datos personales tanto en organismos públicos como en entidades privadas y aplicar sanciones administrativas cuando se constatan infracciones.
La normativa argentina contempla, por lo tanto, herramientas que pueden alcanzar a las grandes plataformas digitales cuando procesan información de usuarios argentinos. El eje de esa regulación, sin embargo, es la protección de los datos personales, la privacidad y los derechos de los titulares de esos datos, y no un régimen específico que obligue a las redes sociales a rediseñar sus mecanismos de recomendación o establecer límites generales al tiempo de utilización.
La propia AAIP viene trabajando sobre los riesgos que enfrentan niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales. En 2024 publicó recomendaciones y guías destinadas específicamente a proteger sus datos y su privacidad en Internet y redes sociales.
Incluso en 2026 la Agencia continúa participando de ámbitos internacionales destinados a discutir los desafíos que plantean las nuevas tecnologías y los derechos digitales, entre ellos la privacidad y la protección de datos.
Una protección diferente a la que rige en Estados Unidos
La diferencia fundamental es que el acuerdo norteamericano no constituye una nueva regla mundial para Meta. Se trata de un compromiso judicial alcanzado con autoridades estadounidenses después de las demandas que cuestionaron el diseño de sus plataformas y sus efectos sobre los menores.
Por eso, un adolescente argentino puede encontrarse hoy con una experiencia diferente de la que tendrá un adolescente estadounidense. En Estados Unidos, las nuevas configuraciones deberán estar activadas por defecto y algunas de ellas no podrán ser modificadas por el menor sin intervención de un adulto. El acuerdo contempla, entre otras medidas, un límite de dos horas diarias acumuladas entre Instagram y Facebook, un bloqueo nocturno y restricciones sobre las notificaciones durante el horario escolar.
Fuera de ese territorio, Meta puede decidir implementar algunas de esas herramientas voluntariamente o extender determinadas modificaciones como parte de sus políticas globales. Pero una cosa es que la empresa adopte una función a escala internacional y otra muy diferente que exista una obligación legal que pueda ser exigida por las autoridades argentinas.
Europa y Brasil avanzan por caminos propios
La situación tampoco es uniforme en el resto del mundo. Europa está desarrollando su propio esquema de regulación de las grandes plataformas y ha abierto procedimientos contra Meta por cuestiones vinculadas con la protección de menores y el funcionamiento de sus servicios.
Brasil, por su parte, también avanzó mediante una legislación específica sobre derechos de niños y adolescentes en el entorno digital, lo que muestra que el escenario internacional se está desplazando hacia una mayor responsabilidad de las plataformas.
La tendencia, en definitiva, es que las grandes empresas tecnológicas comienzan a enfrentar obligaciones diferentes según el país o región en el que operan. El acuerdo estadounidense es una de las expresiones más recientes de ese proceso, pero no convierte automáticamente sus condiciones en un estándar mundial.
El interrogante que queda abierto en Argentina
El caso vuelve a poner en discusión hasta dónde llegan las herramientas disponibles en la Argentina para intervenir sobre plataformas cuyo modelo de negocio se basa, en buena medida, en maximizar el tiempo de permanencia de los usuarios.
La AAIP posee competencias concretas sobre la protección de datos y ha desarrollado políticas específicas destinadas a niños, niñas y adolescentes. Pero el acuerdo de Meta en Estados Unidos plantea una cuestión más amplia que la privacidad: si las propias características del diseño de una plataforma —sus algoritmos de recomendación, las notificaciones, el desplazamiento continuo de contenidos o los mecanismos destinados a prolongar el uso— pueden generar riesgos para los menores, ¿debe la autoridad pública limitarse a proteger sus datos o también intervenir sobre el funcionamiento de esos productos?
Por ahora, el acuerdo de Meta no ofrece una respuesta para los usuarios argentinos. Las restricciones que la empresa aceptó ante las autoridades estadounidenses no cruzan automáticamente la frontera. Para que algunas de esas condiciones se conviertan en obligaciones en la Argentina debería existir una decisión de la propia compañía o, fundamentalmente, una norma o actuación de las autoridades nacionales con competencia para exigirlas.
La discusión adquiere especial relevancia porque la propia AAIP reconoce que niños, niñas y adolescentes están expuestos en Internet a contenidos, prácticas y tratamientos de datos que pueden producir consecuencias emocionales y psicológicas.
Así, mientras Estados Unidos utiliza la vía judicial para obligar a Meta a modificar aspectos concretos de sus plataformas y otras regiones avanzan mediante nuevas regulaciones, la Argentina permanece con un esquema centrado principalmente en la protección de datos y la privacidad, sin que el acuerdo que acaba de cerrar el mayor conflicto de Meta por el uso adolescente de sus redes produzca por sí mismo cambios para los usuarios locales.