El acuerdo alcanzado por la compañía de Mark Zuckerberg con fiscales generales de 29 estados de Estados Unidos pone fin a una demanda que acusaba a Facebook e Instagram de haber sido diseñadas para fomentar el uso compulsivo entre niños y adolescentes y de haber recopilado sus datos sin autorización. Aunque niega haber cometido irregularidades, aceptó pagar una cifra multimillonaria y modificar el funcionamiento de sus redes sociales, con límites de uso, bloqueos nocturnos, controles parentales y mayores mecanismos de verificación de edad
Meta, la compañía de Mark Zuckerberg, acordó pagar hasta US$18.000 millones para cerrar una demanda presentada por fiscales generales de 29 estados estadounidenses, en uno de los litigios más importantes contra una gran plataforma tecnológica por el impacto de las redes sociales sobre niños y adolescentes. El acuerdo no supone una admisión de responsabilidad por parte de Meta, que mantuvo durante todo el proceso su rechazo a las acusaciones. Sin embargo, la magnitud del desembolso y, sobre todo, la obligación de introducir modificaciones sustanciales en Facebook e Instagram dejan una conclusión difícil de ignorar: después de años de defender el funcionamiento de sus plataformas, la compañía aceptó cambiar precisamente algunas de las herramientas que los demandantes señalaban como potencialmente perjudiciales.
La causa sostenía que Meta había diseñado sus productos para maximizar el tiempo de permanencia de los usuarios jóvenes, mediante mecanismos como la reproducción automática de videos, las historias, el desplazamiento prácticamente ilimitado y las notificaciones destinadas a provocar nuevos ingresos a las aplicaciones.
Los estados también acusaron a la empresa de presentar sus plataformas como seguras mientras sus propias investigaciones internas habrían advertido sobre determinados riesgos para los menores.
El acuerdo obliga a modificar las redes sociales
El pacto no se limita a establecer una compensación económica. Meta deberá modificar el funcionamiento de Facebook e Instagram para los menores de 18 años en todo Estados Unidos.
Entre las principales medidas comprometidas se encuentran:
- Límite predeterminado de dos horas diarias de utilización de Facebook e Instagram para los menores de 18 años. Los padres o tutores podrán modificar o desactivar esa restricción.
- Bloqueo nocturno entre la medianoche y las 6 de la mañana, que solo podrá ser levantado por un adulto responsable.
- Silenciamiento de las notificaciones entre las 22 y las 7, además de restricciones durante el horario escolar.
- Refuerzo de los controles parentales, para que padres y tutores tengan mayores herramientas para administrar el acceso y el contenido disponible para los menores.
- Mayores mecanismos de verificación de edad, destinados a impedir que niños menores de 13 años utilicen las plataformas y a detectar cuentas que no cumplan con la edad mínima.
- Desaparición del número de “me gusta” o reacciones visibles para los menores de 18 años, una función cuestionada por especialistas debido a su relación con la comparación social.
- Prohibición de determinados filtros de imagen vinculados con procedimientos cosméticos para adolescentes.
- Un mecanismo reforzado para denunciar contenido potencialmente dañino, con la obligación de responder al 90% de esas denuncias dentro de un plazo de seis horas.
El cumplimiento de las nuevas condiciones será controlado durante diez años por un auditor independiente, seleccionado conjuntamente por Meta y los estados y financiado por la propia compañía.
Una acusación que va más allá del tiempo de pantalla
La demanda no se centró exclusivamente en cuánto tiempo pasan los jóvenes frente a una pantalla. Los fiscales sostuvieron que el problema estaba incorporado al propio diseño de las plataformas.
Según los demandantes, Facebook e Instagram utilizaban distintas herramientas para incentivar la permanencia y la interacción constante, aun cuando ello pudiera entrar en conflicto con el bienestar de los usuarios más jóvenes. Las notificaciones, el contenido recomendado, el desplazamiento continuo y los mecanismos de aprobación social fueron señalados como elementos capaces de favorecer patrones de utilización compulsiva.
El litigio vinculó además el uso de las plataformas con problemas que van desde ansiedad y depresión hasta conductas autolesivas y suicidio. Miles de familias, escuelas, gobiernos locales y particulares mantienen demandas similares contra Meta y otras grandes empresas tecnológicas.
La estrategia legal tiene un antecedente particularmente incómodo para Silicon Valley: los demandantes compararon las prácticas de las plataformas con las utilizadas décadas atrás por la industria tabacalera, acusada de desarrollar productos deliberadamente atractivos y adictivos para ampliar su base de consumidores.
También están bajo la lupa TikTok y YouTube
Meta no es la única compañía alcanzada por esta ofensiva judicial. Snap, Alphabet –a través de YouTube– y ByteDance –propietaria de TikTok– también enfrentan miles de demandas relacionadas con el supuesto diseño de funciones capaces de generar un uso compulsivo entre menores.
De hecho, el acuerdo alcanzado contempla la posibilidad de que otras plataformas se sumen a compromisos similares. La suma final podría incrementarse si TikTok y YouTube alcanzan acuerdos con los estados y aceptan aplicar reformas semejantes.
Meta, paradójicamente, utiliza este argumento para reclamar que las restricciones sean adoptadas por toda la industria. La empresa sostiene que limitar el acceso de los adolescentes a una aplicación puede simplemente trasladar su actividad hacia otra plataforma.
El razonamiento tiene una parte evidente de verdad, pero también expone una cuestión de fondo: durante años, las grandes redes sociales compitieron precisamente por captar la atención de los usuarios y aumentar el tiempo que permanecían dentro de sus ecosistemas.
Datos de menores y una segunda acusación delicada
La demanda también acusó a Meta de recopilar información personal de niños sin notificar adecuadamente a sus padres ni obtener el consentimiento requerido por la legislación estadounidense.
Los fiscales sostuvieron que la empresa conocía que menores utilizaban sus servicios y que, pese a ello, no habría aplicado controles suficientes para impedir la recopilación de sus datos.
La acusación adquiere una dimensión adicional en el contexto de la expansión de la inteligencia artificial. Según los demandantes, parte de la información obtenida de usuarios menores habría sido utilizada para entrenar sistemas de aprendizaje automático y herramientas de inteligencia artificial generativa.
Así, el conflicto no se reduce al tiempo que los menores pasan mirando Instagram o Facebook: también involucra el valor económico de los datos que las plataformas obtienen de sus usuarios.
Un giro después de varios golpes judiciales
El acuerdo llega después de una sucesión de reveses para Meta. En marzo, la compañía y YouTube perdieron un primer juicio por lesiones personales y fueron condenadas a pagar una indemnización de US$6 millones.
Ese mismo mes, un jurado ordenó a Meta pagar US$375 millones en una demanda presentada por Nuevo México, después de concluir que la compañía había engañado a los consumidores respecto de la seguridad de sus plataformas.
A comienzos de agosto, además, otro fallo impuso a la empresa una sanción de US$567 millones y ordenó nuevas medidas de protección para los usuarios jóvenes.
El acuerdo actual evita que el proceso iniciado por los 29 estados continúe hacia una instancia potencialmente mucho más costosa. Durante el litigio, Meta había advertido que las sanciones reclamadas podían alcanzar cifras extraordinarias.
Meta niega las acusaciones, pero cambia sus reglas
La compañía insistió en que no reconoce las acusaciones formuladas por los estados y defendió su trayectoria en materia de protección de menores.
Una portavoz sostuvo que Meta está “totalmente en desacuerdo con estas acusaciones” y afirmó que la evidencia demostraría el compromiso de la empresa con los jóvenes. La compañía también sostuvo que la denominada “adicción a las redes sociales” no constituye una condición psiquiátrica reconocida en los términos planteados por los demandantes.
Sin embargo, el resultado concreto del acuerdo es que Meta deberá hacer aquello que durante el litigio sostuvo que ya estaba haciendo suficientemente: limitar el tiempo de uso, bloquear el acceso nocturno, reducir las notificaciones, reforzar la verificación de edad, ampliar los controles parentales y eliminar determinadas funciones destinadas a los adolescentes.
El fiscal general de California, Rob Bonta, calificó el acuerdo como una transformación amplia de las plataformas y sostuvo que permitirá reducir en pocos meses los riesgos que enfrentan los menores.
Más contundente fue el fiscal general de Washington DC, Brian Schwalb, quien definió el resultado como una “victoria monumental para la salud pública de los jóvenes” y afirmó que Meta había explotado deliberadamente a los niños con fines comerciales.
Una victoria que abre un problema mayor
El acuerdo constituye un golpe importante para una de las compañías más poderosas del mundo tecnológico. No solo por los miles de millones de dólares que deberá desembolsar, sino porque la resolución judicializada termina imponiendo límites a mecanismos que durante años fueron parte central de su modelo de negocio.
El caso también deja abierta una pregunta que excede a Meta: ¿cuánto de la llamada “adicción” a las redes sociales puede atribuirse al comportamiento individual de los usuarios y cuánto al diseño deliberado de plataformas construidas para capturar y retener su atención?
Meta consiguió evitar una condena definitiva sobre esas acusaciones. Pero, a cambio de una suma que podría llegar a los US$18.000 millones, aceptó modificar precisamente aquellas características de Facebook e Instagram que estaban en el centro de la controversia.
Y mientras la compañía intenta presentar el acuerdo como una oportunidad para establecer un nuevo estándar de la industria, miles de demandas contra las grandes plataformas tecnológicas continúan abiertas. El próximo capítulo de esa batalla podría determinar hasta qué punto Silicon Valley puede seguir convirtiendo la atención de niños y adolescentes en un negocio sin asumir también el costo de sus consecuencias.