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Rosario busca cortar el circuito de los celulares robados con nuevos controles y un registro obligatorio

El robo de celulares es uno de los delitos que más directamente impactan en la vida cotidiana de los rosarinos. Al arrebato en la calle, la pérdida de información personal y los perjuicios económicos se suma un circuito posterior que permite que muchos de esos dispositivos vuelvan rápidamente al mercado. Sobre esa cadena busca intervenir el Gobierno de Santa Fe con la puesta en marcha de la Ley 14.495, que establece controles sobre la circulación de teléfonos y otros equipos tecnológicos usados, crea un registro obligatorio para los operadores comerciales y habilita mecanismos para identificar dispositivos denunciados por robo, hurto o extravío.

La normativa fue presentada este miércoles en Rosario por funcionarios provinciales y representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), luego de su promulgación. El esquema combina herramientas de prevención, fiscalización e investigación criminal, con un objetivo central: dificultar la comercialización de equipos de origen ilícito y reducir los incentivos económicos que alimentan los robos.

Uno de los aspectos más novedosos es que la Policía podrá requerir a las personas que circulen por la provincia que exhiban el identificador electrónico de sus dispositivos. En el caso de los teléfonos celulares se trata del IMEI, un código único de 15 dígitos que permite identificar cada equipo y verificar si registra una denuncia. Según explicaron las autoridades, el control no estará condicionado a la existencia de una sospecha previa.

El IMEI, una herramienta para identificar equipos robados

El funcionamiento del sistema dependerá en buena medida de la posibilidad de consultar y contrastar los códigos de identificación de los teléfonos con las bases de datos del MPA. Para avanzar en esa tarea, la Provincia desarrolla aplicaciones que permitirán a los agentes escanear el IMEI desde dispositivos que serán provistos para los operativos policiales.

La información obtenida podrá cotejarse con los registros de equipos denunciados, lo que permitirá detectar teléfonos buscados por la Justicia y generar información para las investigaciones. El sistema también apunta a mejorar la trazabilidad de los aparatos y agilizar los procedimientos en la vía pública.

El código IMEI puede consultarse marcando *#06# desde el teléfono. Se trata de un dato fundamental que los usuarios deberían conservar, especialmente ante la posibilidad de sufrir un robo o extravío, ya que su inclusión en la denuncia facilita la identificación posterior del dispositivo.

La experiencia piloto desarrollada en Rosario permitió dimensionar una de las principales dificultades que enfrenta este tipo de investigaciones. Sobre 680 denuncias analizadas, solamente una de cada cuatro incorporó el número IMEI del teléfono sustraído. A partir de esos casos se iniciaron 160 investigaciones y se recuperaron 14 equipos.

Un aspecto particular de ese operativo fue que seis de los dispositivos fueron localizados después de que la Fiscalía enviara mensajes a quienes los tenían en su poder. Las personas contactadas se presentaron ante las autoridades y aportaron información sobre el lugar donde habían adquirido los teléfonos. La experiencia muestra que el seguimiento de los equipos puede aportar datos relevantes para reconstruir la cadena de comercialización.

Qué deberán cumplir los comercios que venden y reparan celulares

La otra herramienta central de la ley es la creación del Registro Provincial de Comercialización de Celulares y Dispositivos Afines. La inscripción será obligatoria para personas y empresas que compren, vendan, permuten, acopien, reparen, reacondicionen o comercialicen celulares usados, sus componentes y otros dispositivos tecnológicos alcanzados por la normativa.

La medida busca formalizar una actividad en la que la identificación del origen de los equipos resulta determinante para detectar posibles operaciones ilegales. Los establecimientos deberán poder acreditar la procedencia de los dispositivos y brindar información sobre las personas que los entregaron.

En ese marco, las inspecciones permitirán verificar los códigos IMEI de los teléfonos ofrecidos a la venta y contrastarlos con los registros disponibles. Si se detecta un equipo con una denuncia vigente por robo, hurto o extravío, la situación deberá comunicarse al Ministerio de Justicia y Seguridad y denunciarse de inmediato ante el MPA.

El mismo procedimiento se aplicará cuando los dispositivos carezcan de un identificador único o presenten códigos bloqueados, modificados o eliminados. La intención es impedir que las irregularidades en la identificación de los aparatos se conviertan en una vía para ocultar su procedencia.

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, explicó que los controles estarán orientados a revisar los equipos disponibles en los locales e identificar a quienes los entregaron, para reconstruir el recorrido de cada dispositivo y detectar posibles conexiones con hechos delictivos.

El desafío de intervenir sobre el negocio detrás de los arrebatos

Durante la presentación, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, planteó que la política provincial no puede limitarse a perseguir el momento del robo, sino que debe actuar también sobre el circuito económico que permite que los teléfonos sustraídos encuentren compradores. En esa perspectiva, la comercialización ilegal constituye una parte fundamental del problema.

La cuestión tiene una dimensión particular en Rosario, donde los robos de teléfonos representan una preocupación cotidiana y afectan tanto a quienes pierden sus dispositivos como a la percepción de seguridad en el espacio público. La existencia de un mercado de reventa contribuye a sostener la demanda y, con ella, los incentivos para cometer nuevos delitos.

La nueva legislación intenta modificar esa dinámica mediante una combinación de controles en la calle, fiscalización de comercios y herramientas de investigación. También busca promover que las víctimas realicen las denuncias correspondientes y aporten el IMEI, porque sin esa información resulta mucho más difícil identificar y recuperar los equipos.

El alcance real de la iniciativa dependerá ahora de su implementación. La disponibilidad de tecnología para los controles, la capacidad de fiscalización de los establecimientos, la actualización de las bases de datos y la coordinación entre la Policía, el MPA y los organismos provinciales serán factores decisivos.

Para Rosario, el desafío es que la nueva herramienta no quede limitada a un cambio normativo o a operativos aislados, sino que permita debilitar de manera efectiva el circuito que convierte un teléfono robado en una oportunidad de negocio. La eficacia de la política se medirá no solamente por la cantidad de controles realizados, sino también por su capacidad para reducir la reventa ilegal, recuperar dispositivos y evitar que el robo siga siendo una actividad rentable.