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Menos empresas, empleo en retroceso y una pobreza bajo revisión, las otras cifras de la economía de Milei

La evolución de la economía argentina presenta una tensión que los indicadores oficiales no siempre permiten observar en una primera lectura. Mientras el Gobierno de Javier Milei sostiene que la estabilización macroeconómica, la desaceleración inflacionaria y la reducción de la pobreza constituyen los principales resultados de su programa, otros relevamientos muestran un deterioro persistente en el tejido empresarial, la generación de empleo y las condiciones de vida de una parte importante de la población.

Dos informes conocidos en las últimas horas volvieron a poner esa discusión en primer plano. El primero, elaborado por la fundación Fundar a partir de registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), contabilizó una pérdida neta de 32.429 empresas empleadoras entre noviembre de 2023 y agosto de 2026. El segundo, presentado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), revisó la evolución de la pobreza y encontró que la mejora que muestran las estadísticas oficiales pierde buena parte de su magnitud cuando se modifican algunos criterios de medición.

Los datos no describen exactamente el mismo fenómeno ni utilizan las mismas metodologías, pero permiten observar dos dimensiones centrales de la economía real: la capacidad de las empresas para sostener su actividad y la posibilidad de los hogares de mejorar sus ingresos y condiciones materiales. En ambos casos, los resultados introducen interrogantes sobre la profundidad y la distribución de la recuperación económica que plantea el oficialismo.

La mayor contracción empresarial en el comienzo de una gestión desde 1996

El Monitor Mensual de Empresas de Fundar registró que la cantidad de empleadores con trabajadores declarados pasó de 512.357 en noviembre de 2023 a 479.928 en agosto de 2026. La diferencia representa una reducción del 6,3%, equivalente a 32.429 unidades productivas menos.

La comparación adquiere relevancia cuando se observa la evolución durante períodos presidenciales de igual duración. Según el relevamiento, durante los primeros 33 meses de la administración de Milei la caída fue del 6,3%, frente al 1,9% registrado en la gestión de Mauricio Macri, el 1,8% de Alberto Fernández y el 1,1% correspondiente al segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

El descenso también supera, en términos porcentuales, el 5,8% que Fundar calcula para la totalidad de la presidencia de Fernando de la Rúa, aunque en este último caso se trata de períodos de distinta duración y, por lo tanto, de una comparación que requiere esa salvedad.

El dato de agosto muestra, además, que la tendencia negativa todavía no había encontrado un punto de inflexión. Ese mes se registraron 139 empleadores menos que en julio, mientras que la comparación interanual arrojó una reducción de 14.353 empresas, equivalente al 2,9%. Se acumularon así 19 meses consecutivos de retroceso mensual y 30 caídas interanuales consecutivas.

La cantidad de empresas empleadoras quedó en su nivel más bajo desde julio de 2007. Se trata de un indicador especialmente significativo porque permite observar la evolución de las unidades productivas que mantienen empleo registrado, más allá de los anuncios de inversiones o de los movimientos financieros.

Hay una precisión metodológica importante: los 32.429 casos representan una pérdida neta de empleadores registrados, es decir, el saldo entre las altas y las bajas durante el período. No significa necesariamente que esa cantidad exacta de empresas haya cerrado sus puertas, porque también existieron nuevas incorporaciones al registro.

La medición tampoco incluye emprendimientos sin trabajadores registrados ni personal de casas particulares. Por eso, el indicador no representa la totalidad del universo empresarial argentino, aunque ofrece una referencia concreta sobre la evolución del empleo formal en las unidades productivas.

Comercio, transporte e industria entre los sectores más afectados

La contracción no se distribuyó de manera uniforme. De los 18 sectores económicos analizados por Fundar, 14 registraron una reducción en la cantidad de empresas desde noviembre de 2023.

En términos absolutos, el comercio encabezó las pérdidas, con 9.175 empleadores menos. Le siguieron transporte y almacenamiento, con 7.172, y la industria manufacturera, con una reducción de 4.423 unidades productivas.

La construcción también mostró una evolución negativa, con una caída del 9,71%, mientras que las actividades inmobiliarias retrocedieron un 14,17% y el transporte y almacenamiento encabezó las bajas porcentuales entre los grandes sectores, con un 18,16%.

El impacto alcanzó a empresas de diferentes dimensiones. Las firmas de hasta cinco trabajadores explicaron 26.808 de las unidades productivas perdidas, alrededor del 83% de la reducción neta total. Sin embargo, también disminuyó la cantidad de compañías de mayor tamaño: entre las que emplean a más de 1.500 personas, el registro pasó de 515 a 484.

En el plano territorial, 23 de las 24 jurisdicciones tuvieron menos empresas empleadoras que antes del inicio de la actual administración. Neuquén fue la única excepción, con un crecimiento del 1,8%.

La distribución sectorial y geográfica permite observar que el fenómeno no se limita a actividades puntuales ni a una región determinada. También plantea interrogantes sobre la capacidad de adaptación de las economías provinciales ante un escenario de menor demanda interna, costos operativos elevados y cambios en las condiciones de competencia.

El empleo registrado también muestra el impacto

La reducción de empresas estuvo acompañada por una contracción de los puestos de trabajo registrados. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, la cantidad de trabajadores cubiertos por el sistema de riesgos del trabajo pasó de 9.857.173 a 9.389.184. La diferencia equivale a 467.989 personas menos.

En agosto, además, se contabilizaron 30.378 trabajadores cubiertos menos que en julio. La evolución refleja que el retroceso no se limita a la cantidad de empleadores, sino que también alcanza al volumen de empleo formal asociado con esas unidades productivas.

El deterioro tiene consecuencias que exceden las estadísticas laborales. La pérdida de puestos registrados afecta los ingresos familiares, los aportes al sistema previsional, la cobertura de salud y la capacidad de consumo. También debilita las cadenas de proveedores y servicios que dependen de la actividad de las empresas.

En este escenario, la situación de las pequeñas y medianas firmas adquiere especial importancia. Son las que concentran una parte sustancial del entramado empresarial y tienen menor margen financiero para atravesar períodos prolongados de retracción de ventas o dificultades de acceso al crédito.

La UCA revisa la caída de la pobreza y cuestiona la comparación oficial

La segunda discusión se abrió con un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, dirigido por Agustín Salvia, que examinó la evolución de la pobreza y la indigencia entre 2018 y 2026.

El trabajo sostiene que existen dos cuestiones metodológicas que afectan la comparabilidad de las estadísticas oficiales: los cambios en la captación de ingresos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y la desactualización de la Canasta Básica Total (CBT), que se utiliza para determinar la línea de pobreza.

La encuesta de hogares incorporó modificaciones en la forma de registrar los ingresos, lo que permitió captar una mayor proporción de recursos que anteriormente podían quedar subdeclarados, especialmente entre trabajadores informales y perceptores de determinadas transferencias. Para la UCA, esa mejora estadística no necesariamente representa un incremento equivalente del poder adquisitivo de los hogares.

El segundo problema está relacionado con la composición de la canasta utilizada para establecer cuánto necesita una familia para cubrir sus consumos básicos. La estructura vigente todavía responde a patrones de consumo de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004/2005, mientras que existe una encuesta más reciente, correspondiente a 2017/2018.

La diferencia es relevante porque en las últimas dos décadas cambió la composición del gasto familiar. Los servicios, las tarifas, los alquileres y otros componentes adquirieron un peso diferente dentro de los presupuestos domésticos. Una canasta que no actualiza adecuadamente esas proporciones puede modificar el resultado de la medición de pobreza.

Para evaluar esas distorsiones, los investigadores elaboraron dos escenarios alternativos, con diferentes niveles de actualización de la canasta y corrección de la captación de ingresos.

Dos mediciones alternativas y una mejora mucho más acotada

El contraste más significativo aparece al comparar el segundo trimestre de 2023 con el mismo período de 2026.

Con el procedimiento oficial del INDEC, la pobreza pasó del 41,3% al 34,4%, una reducción de 6,9 puntos porcentuales.

Sin embargo, con el primer escenario de corrección elaborado por la UCA, el indicador pasó del 37,7% al 37,5%, prácticamente sin cambios. En la segunda alternativa, más exigente en la actualización de la canasta, la pobreza pasó del 40,8% al 42,4%, lo que implica un aumento de 1,6 puntos.

El informe no sostiene que exista una única tasa alternativa que deba reemplazar automáticamente a la oficial. Su objetivo es mostrar cuánto cambia el diagnóstico cuando se modifican los supuestos metodológicos y advertir que la comparación entre períodos puede ofrecer una imagen incompleta de la evolución social.

La UCA tampoco desconoce la reducción de la pobreza desde el pico alcanzado durante 2024. Entre el segundo trimestre de ese año y el mismo período de 2026, el indicador descendió 16,6 puntos según la metodología oficial. Con los escenarios alternativos, la reducción fue de 10 y 8,6 puntos, respectivamente.

Es decir, la recuperación posterior a la crisis de 2024 aparece en las tres mediciones, pero su magnitud resulta considerablemente menor cuando se incorporan las correcciones propuestas por los investigadores.

Hay otro elemento que merece atención: entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026, la pobreza aumentó en las tres series. Pasó del 31,8% al 34,4% en la medición oficial, del 35,3% al 37,5% en el escenario alternativo moderado y del 39,5% al 42,4% en el más exigente.

La indigencia también mostró un incremento en ese último período. El resultado introduce una señal de alerta sobre la evolución reciente de los ingresos de los sectores de menores recursos, incluso después de la recuperación estadística registrada desde los niveles más críticos de 2024.

El debate sobre los resultados del modelo

La lectura conjunta de ambos relevamientos abre una discusión que excede la confrontación entre el Gobierno y sus críticos. La estabilización de determinadas variables macroeconómicas no garantiza por sí sola una recuperación homogénea de la actividad, del empleo y de los ingresos.

El programa económico de Milei tuvo entre sus objetivos centrales reducir la inflación, ordenar las cuentas públicas, desregular mercados y modificar las condiciones de funcionamiento de la economía. El oficialismo sostiene que esos cambios son necesarios para recuperar la inversión y sentar las bases de un crecimiento sostenido.

Sin embargo, los datos sobre empresas empleadoras muestran que una parte importante del aparato productivo continúa atravesando dificultades. La caída del consumo, la retracción de sectores industriales, los costos de financiamiento y la competencia externa aparecen entre los factores que condicionan las posibilidades de numerosas firmas, aunque su incidencia varía según la actividad y la región.

Al mismo tiempo, la discusión sobre la pobreza revela que medir la evolución social exige observar no solamente la desaceleración de los precios, sino también la capacidad efectiva de los ingresos para cubrir una canasta de bienes y servicios que refleje los patrones actuales de consumo.

No se trata de desconocer los indicadores de recuperación ni de asumir que todos los sectores evolucionan de la misma manera. Se trata de determinar hasta qué punto la mejora macroeconómica consigue traducirse en más producción, empleo formal y mejores condiciones de vida.

La pérdida neta de empresas y la revisión de las cifras sociales no ofrecen, por separado, una explicación completa de la economía argentina. Pero juntas muestran una brecha que el Gobierno todavía debe resolver: la distancia entre los resultados de estabilización que presenta como un logro y la capacidad de la estructura productiva y de los hogares para recuperar terreno.

El desafío de la siguiente etapa será demostrar que el ordenamiento macroeconómico puede convertirse en una plataforma de crecimiento que alcance a las empresas, sostenga el empleo y permita una mejora social verificable. Porque la sustentabilidad de cualquier modelo económico no se mide únicamente por sus equilibrios fiscales o financieros, sino también por su capacidad para ampliar las oportunidades de producción y bienestar.