El Gobierno recurrió la sentencia que declaró inconstitucional el decreto con el que suspendió la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada ocho veces en el Congreso. Con el argumento del equilibrio fiscal, busca frenar el giro de fondos mientras crece la expectativa por la movilización convocada para el 15 de octubre
El gobierno de Javier Milei apeló el fallo judicial que lo obliga a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y volvió a escudarse en el equilibrio de las cuentas públicas para evitar el envío de fondos a las universidades nacionales. La decisión prolonga el conflicto con la comunidad educativa, que prepara una nueva movilización al Congreso para el próximo 15 de octubre. El recurso fue presentado por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, contra la sentencia del juez Martín Cormick, quien había declarado inconstitucional el Decreto 759 y ordenado al Ejecutivo transferir los recursos previstos por la ley.
El equilibrio fiscal como argumento
En su apelación, el Gobierno sostuvo que el fallo se basa en una interpretación “arbitraria y fragmentaria” del régimen presupuestario y afirmó que la sentencia compromete el equilibrio de las cuentas públicas porque no establece una fuente de financiamiento específica y suficiente.
La administración libertaria también cuestionó que el amparo sea la vía adecuada para resolver la controversia, al considerar que todavía deben determinarse los montos, las fuentes de financiamiento y los alcances de la normativa.
Sin embargo, el argumento presupuestario ya había sido analizado por el magistrado. En su resolución, el juez señaló que la propia Ley 27.795 establece, en su artículo 9, pautas para financiar las medidas contempladas.
Un fallo que el Gobierno busca frenar
La sentencia, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, respondió a una presentación colectiva impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades y docentes, además de una demanda promovida por la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El decreto presidencial había suspendido la aplicación del artículo 5 de la ley bajo el argumento de que no se habían previsto las partidas presupuestarias necesarias. La Justicia dejó sin efecto esa decisión y ordenó al Ejecutivo cumplir con la norma, pero la apelación abre una nueva instancia judicial y prolonga la incertidumbre sobre el financiamiento universitario.
El Gobierno también invocó la división de poderes y advirtió que la aplicación de la ley podría exigir reasignar recursos destinados a otras áreas del Estado. Según su presentación, eso afectaría el funcionamiento del presupuesto vigente.
Mientras Milei insiste en priorizar el ajuste fiscal, la disputa vuelve a enfrentar al Ejecutivo con el Congreso y la Justicia por una ley aprobada reiteradamente y cuyo cumplimiento reclaman las universidades. La apelación posterga una solución inmediata y suma tensión de cara a la movilización del 15 de octubre, en defensa de la educación pública y del financiamiento universitario.


























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