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AySA, vendida a precio de remate y por debajo de la valuación que esperaba el Gobierno

El Gobierno de Javier Milei avanza con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) a un precio muy inferior al que esperaba obtener por la empresa. El consorcio encabezado por Rowing y Transclor presentó la oferta más alta, de US$340,2 millones por el 90% de las acciones, pero la cifra quedó casi US$110 millones por debajo de los US$450 millones que calculaba recaudar el Ministerio de Economía. El otro oferente, el grupo Roggio, propuso US$285 millones.

La operación, que todavía debe completar el proceso administrativo de adjudicación, desató fuertes cuestionamientos por las condiciones de la licitación, la falta de un precio mínimo y el desconocimiento público de la tasación oficial. Desde Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), su presidente, Pedro Bussetti, calificó el procedimiento de “escandaloso” y reclamó que se deje sin efecto.

La venta del 90% de AySA es, por los ingresos que recibirá directamente el Estado, la operación más importante del programa de privatizaciones de Milei. Sin embargo, el resultado económico quedó lejos de las expectativas oficiales. La diferencia entre lo previsto y lo ofertado vuelve a poner en discusión el criterio con el que el Gobierno se desprende de activos públicos, en particular cuando se trata de un servicio esencial para millones de personas.

Una licitación sin precio mínimo y con la tasación bajo reserva

Uno de los principales cuestionamientos apunta a que el proceso se realizó sin establecer una base económica mínima. Como las dos propuestas superaron la evaluación técnica, el resultado quedó sujeto al monto ofrecido, aunque ambas cifras fueron inferiores a la recaudación que esperaba el Gobierno.

Bussetti puso el foco en la falta de transparencia sobre el valor asignado a la compañía. En declaraciones a Radio 750, sostuvo: “Nosotros hemos rechazado y cuestionado que no haya habido tasación oficial del tribunal. El encargado de la privatización dijo que había habido tasación. Y que no se daba a conocer para no favorecer la negociación de quienes iban a ofertar”.

El dirigente reclamó que se informe cuál fue la valuación realizada y cuestionó que se mantuviera en reserva. “Hoy nosotros queremos saber cuál fue la tasación que dicen que hicieron”, señaló. Y fue más allá al exigir que se retrotraiga el proceso: “Lo que tiene que hacer el Gobierno es dejar sin efecto esta licitación, como se hizo con Intercargo, porque la oferta no alcanza”.

Bussetti resumió su posición con una definición contundente: “Es un verdadero escándalo. Un remate del patrimonio nacional”. Según explicó, el objetivo oficial era recaudar una cifra cercana a los US$500 millones, mientras que la propuesta ganadora quedó sensiblemente por debajo.

La diferencia no es menor. Aunque desde el consorcio ganador sostienen que el valor económico de la compañía debe calcularse sumando la deuda que asumirían los nuevos accionistas, el precio ofertado por el paquete accionario continúa por debajo de la expectativa oficial. Para los críticos de la operación, la falta de información pública sobre la tasación impide evaluar con claridad si el Estado está obteniendo una contraprestación adecuada por el patrimonio que entrega.

Tarifas más caras para preparar el negocio

Otro de los puntos cuestionados es el proceso previo a la privatización. Según la información publicada por El País, la tarifa de AySA aumentó un 538% entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026, mientras que alrededor de 1.200 trabajadores dejaron la empresa mediante retiros voluntarios.

Para Bussetti, el incremento de los ingresos por tarifas es central para entender el atractivo de la operación y sus posibles consecuencias para los usuarios. El titular de DEUCO advirtió que una modificación de los coeficientes zonales podría habilitar nuevos aumentos y beneficiar directamente al futuro concesionario.

“Se acaba de dictar una medida que es la modificación de los coeficientes zonales, que va a implicar que el nuevo concesionario tenga un aumento. Es decir, que en menos de dos años el supuesto inversor va a recuperar los 240 millones de dólares. Esto es algo que rechazamos”, afirmó.

La estimación corresponde a Bussetti y no constituye una proyección financiera independiente. Su planteo, sin embargo, apunta a una cuestión central: si el Estado entrega la empresa después de fuertes aumentos tarifarios y con perspectivas de nuevos incrementos, el negocio privado podría beneficiarse de ingresos que pagan los propios usuarios.

El dirigente también cuestionó que se privatice una compañía que, según su evaluación, actualmente registra superávit gracias a los aumentos de tarifas. “No hay ninguna razón para que se privatice. Porque a raíz de la suba de tarifas hoy la empresa tiene superávit”, sostuvo.

El Gobierno, por su parte, justificó la operación con el argumento de que AySA arrastraba problemas estructurales. De acuerdo con el Ministerio de Economía, entre 2006 y 2023 recibió transferencias del Tesoro Nacional por más de US$13.400 millones. El Ejecutivo también señaló que un tercio del área concesionada todavía no cuenta con acceso a agua potable y cloacas, que el agua no contabilizada representa el 42% y que la morosidad pasó del 4% al 16%.

Esos problemas de gestión e infraestructura forman parte de la discusión sobre el futuro de la empresa. Pero no resuelven por sí solos la controversia sobre el precio de venta, la transparencia de la licitación ni la conveniencia de transferir su control al sector privado.

Un servicio esencial en manos de un grupo empresario

El consorcio que presentó la oferta ganadora está integrado por Rowing, Transclor, la brasileña Arcos Saneamento e Participações y PHX Aqua AR B.V., un vehículo de inversión radicado en Países Bajos. Si se formaliza la adjudicación, el 90% de AySA quedará bajo control privado y el 10% restante continuará en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.

Entre los integrantes del grupo aparece Mauricio Filiberti, propietario de Transclor y conocido como “el rey del cloro”. Según la información publicada por LA NACION, su empresa es el principal fabricante de cloro del país y provee a AySA el policloruro de aluminio que utiliza para potabilizar el agua.

Filiberti también participa en el control de Edenor, la distribuidora eléctrica que tiene a AySA entre sus principales clientes. De concretarse la operación, el mismo grupo empresario quedaría presente en ambos lados de una relación comercial relevante para el funcionamiento de la compañía.

El operador técnico será la brasileña Arcos Saneamento e Participações, vinculada al Grupo Equipav, que presta servicios de agua y cloacas en Brasil. El consorcio reúne así capitales y experiencia operativa de distintos orígenes, pero la presencia de un operador con trayectoria no despeja las dudas sobre el precio pagado ni sobre los mecanismos de control que deberá aplicar el Estado.

El contrato tendrá una duración de 30 años, con posibilidad de prórroga por otros diez. Para los primeros cinco años se prevén inversiones por alrededor de US$1.940 millones, según los datos publicados por LA NACION. Las metas iniciales de cobertura, sin embargo, contemplan avances acotados: el servicio de agua pasaría del 75,3% al 78,9% y el de cloacas, del 63,9% al 65,3%.

El antecedente de las privatizaciones de Milei

La venta de AySA se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno para reducir la presencia estatal en empresas y servicios considerados estratégicos. En los últimos meses, el Ejecutivo avanzó con la privatización de IMPSA, la concesión de la Hidrovía y el proceso de privatización de Transener, mientras que otras operaciones vinculadas con el transporte y la energía continúan en marcha.

También se anunció la venta del 70% de Metrogas por US$780 millones a Edenor, aunque ese dinero corresponde a YPF, que era la titular de las acciones, y no ingresa directamente al Tesoro nacional. Por eso, la operación de AySA tiene un peso particular en términos de recaudación estatal.

En ese marco, la discusión no se limita a la eficiencia de una empresa pública. También involucra qué obtiene el Estado a cambio de desprenderse de activos estratégicos, qué obligaciones asumen los nuevos concesionarios y cuánto de los costos de la transición termina recayendo sobre los usuarios.

AySA ya había atravesado una experiencia de gestión privada. En 1993, el servicio fue concesionado al grupo francés Suez, bajo el nombre de Aguas Argentinas. En 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, el Estado rescindió el contrato y recuperó el control de la compañía. El conflicto derivó en un reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), por el que Argentina debió pagar más de US$384 millones, según los antecedentes citados por El País.

Veinte años después, el Gobierno de Milei vuelve a transferir el control del servicio al sector privado, esta vez mediante una concesión de largo plazo. El resultado de la licitación y las condiciones del contrato reabren el debate sobre los riesgos de estas operaciones y sobre la capacidad estatal para garantizar inversiones, cobertura y calidad.

Por ahora, la oferta de US$340,2 millones quedó lejos de las expectativas oficiales. Mientras el Gobierno presenta la privatización como una salida a los problemas de gestión y financiamiento, los cuestionamientos de DEUCO ponen en el centro otra pregunta: si la empresa fue preparada para el negocio mediante aumentos tarifarios y reducción de personal, ¿por qué el Estado debería aceptar un precio inferior al que esperaba recaudar sin transparentar la valuación que respaldó la venta?