El máximo tribunal restableció provisoriamente los límites a la compra de campos por extranjeros, apenas diez días después de haberlos dejado sin efecto. La marcha atrás llegó cuando la oposición amenazaba con rechazar en Diputados todo el DNU 70/2023. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que la Corte le dio “una gran mano de vuelta al Gobierno”
La Corte Suprema dio marcha atrás y volvió a poner en vigencia, de manera provisoria, la Ley de Tierras Rurales, que limita la adquisición de campos por parte de extranjeros. Pero el giro del máximo tribunal, ocurrido apenas diez días después de una resolución que había dejado sin efecto esas restricciones, también tuvo un efecto político inmediato: descomprimió la presión sobre el gobierno de Javier Milei, que enfrentaba una ofensiva opositora para rechazar en el Congreso el megadecreto 70/2023.
La decisión fue adoptada por mayoría, con los votos de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.
El fallo suspende provisoriamente el artículo 154 del DNU, mediante el cual Milei derogó la Ley de Tierras. Sin embargo, la Corte no declaró inconstitucional el decreto ni resolvió definitivamente la controversia. La medida regirá mientras la Justicia analiza si quienes presentaron la demanda están habilitados para reclamar y estudia el pedido de protección cautelar.
Una marcha atrás que llegó en un momento clave
La semana anterior, la Corte había revocado una sentencia que declaraba inconstitucional la derogación de la ley. Con esa resolución, quedaron sin efecto las restricciones que protegían al país frente a la concentración de tierras rurales en manos extranjeras.
La decisión generó un fuerte rechazo político y social. En el Congreso, sectores de la oposición amenazaron con avanzar contra el DNU en su totalidad, una medida que habría ampliado el conflicto con la Casa Rosada mucho más allá de la cuestión de las tierras.
La nueva cautelar llegó justo cuando esa posibilidad comenzaba a tomar fuerza. En su cobertura del caso, LA NACION señaló que el fallo ayuda al Gobierno a desactivar la iniciativa parlamentaria, mientras que Página/12 destacó que la Casa Rosada esperaba una resolución que le permitiera contener la ofensiva opositora.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez también cuestionó el movimiento de la Corte. En declaraciones a La Voz, consideró que el tribunal le dio “una gran mano de vuelta al Gobierno”. La crítica apunta a una contradicción difícil de ignorar: una resolución que restablece una protección importante para el país termina, al mismo tiempo, aliviando al Gobierno que había intentado eliminarla.
Qué protege la Ley de Tierras
La Ley 26.737 fue aprobada en 2011 y establece límites a la propiedad rural extranjera. Entre otras restricciones, fija un máximo del 15% de tierras rurales en manos de extranjeros por provincia y un tope de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo agrícola.
Milei derogó esa norma mediante el DNU 70/2023, con el argumento de que restringía el derecho de propiedad y las inversiones. La medida abrió la posibilidad de que personas y empresas extranjeras compren tierras sin los límites específicos que establecía la legislación.
La controversia no es menor: además de la producción agropecuaria, la propiedad de la tierra involucra recursos naturales, agua, bosques y territorios estratégicos. Por eso, la discusión excede el mercado inmobiliario y alcanza cuestiones de soberanía y protección ambiental.
La cautelar dictada ahora devuelve esas restricciones al marco legal, aunque de manera transitoria. El expediente vuelve al juzgado federal de Bariloche, que deberá analizar la legitimidad de los demandantes y resolver cómo continúa la causa.
Un alivio político que no resuelve el fondo
La intervención de la Corte también quedó atravesada por cuestionamientos sobre la rapidez y el procedimiento utilizado. El tribunal convocó a dos conjueces y acortó de 72 a 24 horas el plazo para recusarlos, además de habilitar días y horas inhábiles para resolver el caso.
Rosenkrantz objetó duramente esa decisión. Advirtió que el malestar social provocado por una sentencia no justifica adoptar medidas que, a su entender, no están permitidas por la Constitución y las leyes. También sostuvo que actuar de ese modo puede debilitar la confianza en el Poder Judicial.
La mayoría, por su parte, argumentó que era necesario evitar posibles daños ambientales irreparables mientras la causa recuperaba su curso judicial.
Así, la Corte corrigió provisionalmente los efectos más inmediatos de su resolución anterior, pero dejó sin resolver la cuestión de fondo: si Milei podía derogar la Ley de Tierras mediante un decreto de necesidad y urgencia.
El Gobierno obtiene, por ahora, un respiro frente a la amenaza de que el Congreso rechace el DNU completo. La protección de las tierras vuelve a regir, pero la discusión jurídica continúa abierta. Y queda una pregunta política de fondo: si la derogación de una norma de tanta importancia puede quedar sujeta a los vaivenes de un decreto presidencial y a decisiones judiciales que cambian de rumbo en cuestión de días.


























Deja una respuesta