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Voluntarios del Sindicato de Inquilinas durante una manifestación para denunciar el desahucio de Maricarmen Abascal, a 26 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha convocado la movilización bajo el lema ‘Ni una Maricarmen más’. Matias Chiofalo / Europa Press 26/9/2026

La cruzada Maricarmen sacude a España y expone la crisis de la vivienda

Madrid convirtió el dolor en una nueva movilización por el derecho a la vivienda. Miles de personas recorrieron el jueves 8 de octubre el trayecto entre la Puerta del Sol y la que había sido la casa de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que falleció en el hospital después de ser desalojada de su hogar el 23 de septiembre. Velas, flores, fotografías y mensajes de despedida acompañaron una marcha que trascendió el homenaje individual para expresar una preocupación cada vez más extendida en España: la dificultad de acceder a una vivienda y el riesgo de perderla.

La convocatoria, impulsada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, reunió a unas 20.000 personas, según cifras de la Delegación del Gobierno. La protesta se extendió también a otras ciudades, mientras la Puerta del Sol, donde se había instalado una acampada contra la crisis habitacional, se transformaba en un espacio de vigilia y reclamo colectivo.

Una historia que se convirtió en símbolo

Maricarmen había vivido durante unos 70 años en el mismo inmueble del distrito madrileño de Retiro. Su desalojo fue el resultado de un prolongado conflicto judicial con la empresa propietaria, Urbagestión, relacionado con el contrato y el precio del alquiler.

El 23 de septiembre fue retirada de la vivienda y trasladada en camilla. Su estado de salud era delicado y permaneció hospitalizada hasta su fallecimiento, el miércoles 7 de octubre. Tras la presión social y las negociaciones posteriores, se había alcanzado un acuerdo para que pudiera regresar, pero la firma del nuevo contrato estaba prevista para el día siguiente a su muerte.

La secuencia provocó una fuerte conmoción. Su caso puso rostro a una discusión que suele expresarse en estadísticas sobre alquileres, desalojos y hogares vulnerables. Para quienes marcharon en su memoria, la cuestión ya no se limitaba a una disputa entre una inquilina y una empresa: representaba las consecuencias sociales de un mercado inmobiliario que deja a numerosos ciudadanos en una situación de inseguridad.

Durante la movilización se escucharon consignas contra los desahucios y la especulación inmobiliaria. Al llegar a la vivienda, los participantes guardaron silencio, encendieron las luces de sus teléfonos y dejaron flores y mensajes. Uno de los lemas que acompañó el homenaje resumió la continuidad del reclamo: la lucha por la vivienda no debía terminar con Maricarmen.

El alquiler, en el centro del conflicto social

La crisis habitacional española tiene múltiples causas. En las principales ciudades, el encarecimiento de los alquileres, la escasez de oferta asequible y la presión sobre los barrios más demandados dificultan el acceso a una vivienda, especialmente entre jóvenes, trabajadores con ingresos limitados y adultos mayores.

El problema también enfrenta intereses contrapuestos. Los propietarios reclaman seguridad jurídica y garantías frente a los incumplimientos contractuales, mientras las organizaciones de inquilinos exigen medidas que limiten los aumentos, prevengan los desalojos de personas vulnerables y amplíen la disponibilidad de viviendas a precios accesibles.

La discusión se vuelve especialmente sensible cuando afecta a personas mayores que llevan décadas en el mismo domicilio. La permanencia en el hogar no implica solamente contar con un techo: también supone conservar vínculos vecinales, rutinas, autonomía y una red de acompañamiento que difícilmente puede reconstruirse después de un desplazamiento forzado.

La muerte de Maricarmen no demuestra por sí sola una relación médica directa entre el desalojo y su fallecimiento, pero la proximidad entre ambos hechos y las circunstancias de su salida de la vivienda alimentaron la indignación pública. Su historia reabrió, además, el interrogante sobre la capacidad de las instituciones para prevenir situaciones extremas antes de que se vuelvan irreversibles.

Una disputa que también atraviesa la política

La movilización coincidió con un escenario de tensión política por las medidas destinadas a responder a la crisis de la vivienda. El Congreso español había rechazado un paquete de iniciativas del Gobierno de Pedro Sánchez que incluía la suspensión de desalojos para personas vulnerables. El bloqueo legislativo dejó expuestas las dificultades para construir acuerdos sobre un asunto que afecta a millones de ciudadanos.

La vivienda se convirtió así en un tema central de la disputa entre el Gobierno, la oposición y las administraciones locales y regionales. Las diferencias no se limitan al diagnóstico, sino que alcanzan las herramientas para intervenir en el mercado, la protección de los inquilinos y el papel que debe asumir el Estado para ampliar la oferta.

La muerte de Maricarmen llegó, además, en medio de la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre, lo que añadió una dimensión electoral a un conflicto que ya ocupaba las calles. La cuestión habitacional promete ser uno de los temas de debate de la campaña.

Más que un homenaje

Las concentraciones en distintas ciudades españolas mostraron que el caso había superado el ámbito local. Personas de diferentes edades se sumaron a las marchas, con la preocupación de que una situación semejante pueda alcanzar a otros hogares. El reclamo de los manifestantes apuntó a evitar nuevos desalojos y a transformar la indignación en cambios concretos.

El desafío para España será convertir esa presión social en políticas capaces de compatibilizar la seguridad jurídica, el funcionamiento del mercado inmobiliario y la protección efectiva de quienes no pueden afrontar el costo de una vivienda. Las respuestas deberán medirse no solo por los anuncios, sino también por su alcance, su financiamiento y su capacidad de llegar a las personas que más lo necesitan.

Maricarmen murió sin concretar el regreso a su casa. Su historia dejó una pregunta que atraviesa a buena parte de Europa: qué ocurre cuando la vivienda, además de ser un derecho reconocido, se convierte en un bien cada vez más difícil de sostener para quienes la necesitan para vivir.