La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo y de otros 18 imputados por presuntas maniobras de direccionamiento, sobreprecios y pagos indebidos en la compra de medicamentos. El fallo sostiene que existen pruebas independientes de los audios que originaron el escándalo y ubica el caso ante una nueva etapa judicial
La causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dio un nuevo paso judicial y volvió a colocar al Gobierno de Javier Milei frente a uno de los episodios de corrupción más sensibles de su administración. La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, y de otros 18 acusados, al considerar que los elementos reunidos hasta el momento permiten sostener la hipótesis de una asociación ilícita que habría operado alrededor de las contrataciones para la compra de medicamentos e insumos.
La resolución de los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico no constituye una condena ni implica que los hechos hayan quedado definitivamente probados. Se trata de una decisión adoptada en una etapa todavía investigativa, pero tiene un peso particular porque ratifica en términos generales el trabajo realizado por el fiscal federal Franco Picardi y los procesamientos que había dictado el juez Sebastián Casanello.
En el caso de Spagnuolo, la Cámara mantuvo la imputación por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado y cohecho pasivo. Además, lo señaló como presunto jefe de la asociación ilícita investigada. La misma resolución alcanzó a otros 18 imputados, entre ellos el exfuncionario de ANDIS Daniel Garbellini y el empresario Miguel Ángel Calvete.
El expediente ya no depende solamente de los audios
Uno de los puntos más relevantes del fallo es que las defensas habían cuestionado la investigación a partir del origen de los audios atribuidos a Spagnuolo, cuya difusión pública había disparado el escándalo. La Cámara, sin embargo, sostuvo que la causa cuenta con elementos de prueba independientes de esas grabaciones.
Entre ellos aparecen documentación vinculada con las contrataciones, correos electrónicos hallados durante los allanamientos, información obtenida de teléfonos secuestrados y registros de operaciones dentro de los sistemas utilizados por el organismo. Para los camaristas, ese conjunto de elementos permite analizar la existencia de las presuntas maniobras más allá de que todavía se encuentre pendiente el peritaje destinado a determinar la autenticidad de los audios.
Ese aspecto modifica uno de los ejes que dominaron la discusión pública durante buena parte del caso. La controversia sobre quién grabó las conversaciones y si las voces corresponden efectivamente a Spagnuolo sigue abierta, pero dejó de ser el único sostén de la investigación. La Justicia considera que existe otro material probatorio que permite avanzar sobre las contrataciones realizadas dentro de ANDIS.
La hipótesis que ahora sostiene la Cámara describe un mecanismo en el que determinados proveedores habrían sido incorporados o seleccionados de manera irregular para participar de licitaciones. Según la resolución, se habría simulado competencia mediante empresas que actuaban como oferentes pantalla, mientras que los precios incluían mayores costos que permitían generar ganancias indebidas y afrontar presuntas “comisiones”.
El fallo también señala que Spagnuolo no habría tenido un papel meramente pasivo frente a esas operaciones. Los camaristas consideraron que existen elementos que lo ubicarían interviniendo activamente en el funcionamiento de la estructura investigada y en la concreción de las contrataciones cuestionadas. Esa valoración es la que sostiene su procesamiento en esta etapa, no una declaración de culpabilidad definitiva.
Una investigación que alcanza a funcionarios y empresarios
El expediente no se concentra exclusivamente en el exdirector de ANDIS. La decisión judicial mantiene bajo investigación a funcionarios que ocuparon distintas posiciones dentro del organismo y a empresarios vinculados con las contrataciones.
Entre ellos aparece Daniel Garbellini, quien tuvo un rol relevante dentro de ANDIS desde 2024. La Cámara consideró que existen múltiples elementos que lo vincularían con la estructura investigada y con proveedores beneficiados por las operaciones cuestionadas. También quedó confirmado el procesamiento de Miguel Ángel Calvete, señalado junto con Spagnuolo como uno de los presuntos jefes de la asociación ilícita.
El caso alcanza además a Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía, cuya participación está siendo investigada en relación con la estructura empresarial y con el acceso a información vinculada a negocios estatales. En su departamento habían sido encontrados casi 700.000 dólares durante un allanamiento, fondos cuya procedencia también forma parte de la investigación.
La Cámara también rechazó planteos de nulidad formulados por algunas de las defensas. De esta manera, la causa continúa avanzando sobre la base de una hipótesis que ya fue revisada por dos instancias judiciales y que deberá seguir siendo confrontada con las pruebas que se incorporen durante la investigación.
El contexto político vuelve a ser incómodo para el Gobierno
El impacto político del expediente no puede separarse de la dimensión judicial. Spagnuolo fue designado al frente de ANDIS en diciembre de 2023 y permaneció en el cargo hasta agosto de 2025, cuando dejó la conducción del organismo después de que se difundieran los audios que lo involucraban en un supuesto esquema de cobro de retornos.
El caso adquiere ahora una dimensión adicional porque la confirmación de los procesamientos coincidió con otro dato problemático para el área: una auditoría detectó un desfasaje de $158.717 millones en los registros internos de ANDIS, mientras que Alejandro Vilches dejó recientemente la conducción del organismo. Ambos hechos no prueban por sí mismos una relación con las maniobras investigadas, pero muestran que las dificultades del organismo exceden el episodio original de los audios.
La discusión, por lo tanto, empieza a trasladarse desde el escándalo mediático hacia una cuestión institucional más profunda: cómo funcionaron los mecanismos de contratación pública dentro de un organismo destinado a atender a personas con discapacidad y qué controles existieron —o fallaron— para impedir eventuales direccionamientos y sobreprecios.
Y allí aparece uno de los aspectos más sensibles del expediente. La investigación no analiza una contratación comercial cualquiera, sino compras de medicamentos de alto costo destinadas a una población particularmente vulnerable. Si las maniobras que describen los investigadores fueran finalmente acreditadas, el daño no se limitaría al patrimonio estatal: también involucraría la utilización de recursos destinados a garantizar prestaciones de salud.
La causa entra ahora en una etapa en la que la discusión sobre las responsabilidades individuales deberá avanzar en paralelo con la reconstrucción de cómo funcionaba el circuito de compras. La confirmación de los procesamientos fortalece provisoriamente la hipótesis de los investigadores, pero todavía resta atravesar las instancias necesarias para determinar responsabilidades penales definitivas.
Por eso, el dato político de la jornada no es solamente que Spagnuolo continúa procesado. Es que la investigación logró sostenerse judicialmente aun dejando en segundo plano la discusión sobre los audios, porque la Cámara encontró otros elementos que considera suficientes para mantener abierta la hipótesis de una estructura organizada dentro de ANDIS. El próximo capítulo estará menos concentrado en las filtraciones y más en los documentos, los dispositivos, las contrataciones y el recorrido del dinero que la Justicia deberá terminar de reconstruir.