El exjefe de Gabinete presentó un escrito de 77 páginas para explicar el crecimiento de su patrimonio y atribuyó buena parte de los dólares cuestionados a operaciones con criptomonedas realizadas años antes de su llegada al Gobierno. La Fiscalía ya comenzó a reconstruir esas transacciones para determinar si la explicación tiene respaldo documental
La investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni ingresó en una nueva etapa. El exjefe de Gabinete presentó ante la Justicia un extenso descargo para responder los 20 puntos planteados por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien busca determinar el origen de los fondos utilizados por el exfuncionario y su grupo familiar durante el período investigado. Pero la presentación no cerró el expediente: ahora la Fiscalía comenzó a revisar la principal explicación ofrecida por Adorni, vinculada con operaciones de Bitcoin que, según su defensa, le habrían permitido acumular casi 600.000 dólares antes de ingresar a la función pública.
El dato que concentra buena parte de la atención es el monto de US$591.544,61 que la defensa atribuye a ganancias obtenidas mediante operaciones con criptomonedas. Según el escrito presentado ante la Justicia, Adorni y su esposa habían acumulado ahorros durante años de actividad profesional privada y destinaron parte de ese capital a la compra de Bitcoin, principalmente entre 2014 y 2017. La defensa sostiene que esas operaciones se realizaron cuando el mercado cripto todavía tenía una estructura muy diferente de la actual y que buena parte de las transacciones se efectuaban por fuera de exchanges regulados.
La explicación también intenta responder por qué esos fondos no aparecen vinculados a movimientos bancarios tradicionales. De acuerdo con el planteo de la defensa, los ahorros se mantuvieron durante años fuera del circuito bancario y financiero formal y fueron convertidos posteriormente en dólares en operaciones presenciales. El escrito sostiene además que ocho direcciones de Bitcoin utilizadas entre 2014 y 2018 quedaron vacías después de las operaciones de venta.
El punto que ahora debe comprobarse
La cuestión central ya no pasa solamente por conocer cuál es la versión de Adorni, sino por establecer si esa reconstrucción puede ser corroborada. Las billeteras de autocustodia mencionadas por la defensa no tienen necesariamente un titular identificado como ocurre con una cuenta bancaria o una cuenta abierta en un exchange regulado. Por eso, uno de los aspectos que deberá determinar la investigación es si esas direcciones efectivamente estaban bajo control de Adorni y si los movimientos registrados permiten sostener el relato presentado ante la Justicia.
El propio descargo intenta aportar elementos para demostrar esa vinculación. La defensa señaló que Adorni puede acreditar ante escribano que posee las claves privadas necesarias para operar las billeteras mencionadas y acompañó un informe técnico sobre la actividad registrada en esas direcciones. También argumentó que las operaciones son compatibles con la modalidad con la que se negociaban criptomonedas en los primeros años de expansión del Bitcoin en la Argentina.
Pero la Fiscalía decidió no tomar esa explicación como suficiente por sí misma. Según informó La Nación, Pollicita ya dio intervención a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones del Ministerio Público Fiscal para revisar las operaciones con criptomonedas y reconstruir paso a paso la versión presentada por el exfuncionario.
Ese análisis resulta particularmente relevante porque el expediente no se limita a la existencia de los bitcoins. La investigación también detectó diferencias entre los ingresos declarados y determinados movimientos patrimoniales y gastos realizados durante el período analizado.
Propiedades, efectivo y gastos bajo análisis
Entre los puntos que Adorni debió responder figura la compra de un inmueble en la calle Miró al 550, en el barrio porteño de Caballito, por el que declaró haber pagado US$30.000 en efectivo. También tuvo que explicar el origen de los fondos destinados a otras operaciones inmobiliarias y a las refacciones realizadas en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá.
Otro capítulo de la investigación está relacionado con los gastos cotidianos y extraordinarios del grupo familiar. La Fiscalía relevó pagos en efectivo, viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas y gastos educativos, además de operaciones efectuadas a través de terceros. Según el requerimiento informado durante la investigación, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 se registraron pagos por decenas de millones de pesos y cientos de miles de dólares en efectivo.
El expediente también puso bajo análisis la evolución de las deudas declaradas y la diferencia entre los ingresos acreditados y los gastos registrados. La investigación deberá establecer si esas diferencias encuentran una explicación suficiente en los activos previamente existentes, las operaciones con criptomonedas y las demás fuentes de fondos invocadas por la defensa.
En ese sentido, el descargo presentado por Adorni constituye una pieza más dentro de una investigación todavía abierta. Su abogado sostuvo que la evolución patrimonial del exfuncionario entre diciembre de 2023 y junio de 2026 tiene un “sustento razonable y verificable” y que no existe un enriquecimiento que no pueda ser explicado mediante documentación, información contable y análisis técnico.
La otra parte del proceso es precisamente la que comienza ahora: verificar esas explicaciones. La Fiscalía deberá contrastar los movimientos registrados en las cadenas de bloques, la documentación aportada, la evolución de las declaraciones juradas y el resto de la información incorporada al expediente. El análisis especializado sobre las operaciones cripto será uno de los elementos centrales para determinar si el origen de los fondos puede reconstruirse de la manera planteada por la defensa.
La causa, por lo tanto, queda situada en un punto especialmente sensible. Adorni ya presentó su versión sobre cómo construyó y utilizó el patrimonio que está bajo investigación, pero la Justicia todavía debe establecer si esa explicación resulta consistente con la evidencia reunida. La eventual decisión de avanzar hacia una declaración indagatoria dependerá de esa evaluación y de si las respuestas ofrecidas logran despejar las dudas planteadas por la Fiscalía.
Más allá del desenlace judicial, el caso vuelve a poner en primer plano una cuestión que excede la situación particular del exfuncionario: cómo se reconstruyen patrimonios cuando parte de los activos se encuentra en efectivo o en sistemas descentralizados de criptomonedas, y hasta qué punto las nuevas formas de inversión permiten acreditar con precisión el origen y recorrido de grandes sumas de dinero. En la investigación sobre Adorni, esa discusión dejó de ser teórica y ahora deberá resolverse con evidencia.