En apenas 48 horas, fuerzas federales desplegaron operativos en el microcentro, la Terminal y la autopista Rosario-Buenos Aires. Hubo ocho extranjeros en situación irregular y una persona con pedido de expulsión, pero también decenas de migrantes con su documentación en regla
Rosario quedó en el centro de una nueva ofensiva del Gobierno nacional sobre la política migratoria. En apenas dos días, la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal desplegaron controles en pleno microcentro, en la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno y, al día siguiente, en el peaje de General Lagos, sobre la autopista Rosario-Buenos Aires. El despliegue no pasó inadvertido: agentes federales recorrieron comercios, calles peatonales y transportes de pasajeros para verificar documentación y situación migratoria.
El operativo del martes había comenzado alrededor del mediodía y se extendió durante más de ocho horas. Participaron unos 60 efectivos y fueron relevadas aproximadamente 420 personas. De ese total, 86 eran extranjeras y contaban con documentación en regla. Ocho presentaban irregularidades migratorias y un ciudadano chino fue retenido porque sobre él pesaba una orden de expulsión vigente.
El dato merece una lectura que vaya más allá del parte oficial: la mayoría de los extranjeros controlados en el centro de Rosario estaba en situación regular. Sobre 86 personas extranjeras relevadas, 78 no presentaron irregularidades según el balance difundido. La proporción vuelve más relevante la discusión sobre el sentido y la dimensión de estos operativos, que se desarrollan en una ciudad donde la presencia migrante forma parte desde hace décadas de su entramado social, comercial y laboral.
Del microcentro a la autopista
La historia no terminó en las peatonales. Apenas 24 horas después, Migraciones y la Policía Federal trasladaron el operativo hacia el sur provincial y montaron controles en el peaje de General Lagos, sobre la autopista Rosario-Buenos Aires. Allí fueron inspeccionados vehículos y pasajeros, incluidos colectivos de larga distancia.
Durante uno de esos controles fue retenida una joven boliviana de 19 años que no pudo acreditar la documentación requerida para su permanencia en el país. Según la información difundida, fue trasladada a una dependencia de la Policía Federal en Rosario y se dispuso su regreso a Bolivia. Otros cuatro ciudadanos extranjeros, de nacionalidad boliviana y peruana, también fueron demorados para verificar su situación migratoria.
El despliegue alcanzó incluso a un transporte de empleados de Acindar, que fue revisado por los agentes. La escena muestra que el operativo ya no estaba limitado a determinados comercios o sectores del centro rosarino, sino que comenzaba a extenderse a los principales corredores de circulación de la región.
Un cambio de clima
Los procedimientos se producen en un momento en que el Gobierno nacional decidió profundizar su política migratoria y asociar públicamente la permanencia irregular con la necesidad de reforzar los controles. El Ministerio de Seguridad viene promoviendo operativos similares en distintos puntos del país y sostiene un discurso de mayor dureza frente a extranjeros que delinquen o permanecen en territorio argentino sin regularizar su situación.
La secuencia rosarina adquiere así una dimensión que excede a los números de cada procedimiento. La presencia de fuerzas federales en zonas comerciales y de circulación cotidiana modifica la percepción sobre el control migratorio: ya no se trata solamente de verificaciones en pasos fronterizos o dependencias administrativas, sino de operativos visibles en el corazón de la ciudad.
Y ese cambio genera preguntas.
¿Se trata de una estrategia permanente de control migratorio? ¿Responde a una planificación específica sobre Rosario? ¿Existe un diagnóstico que justifique concentrar efectivos federales en determinados sectores de la ciudad? ¿Cómo se garantiza que el control de la situación documental no derive en prácticas discriminatorias hacia quienes tienen una determinada nacionalidad o apariencia?
Son interrogantes especialmente relevantes porque el operativo del centro no detectó solamente irregularidades: también identificó a decenas de extranjeros que estaban correctamente documentados. El control, por lo tanto, no puede confundirse con la existencia de una infracción.
El antecedente de la Terminal y el centro
El procedimiento del martes se concentró inicialmente en la zona de San Martín y San Juan y se extendió hacia comercios de calle San Luis y las peatonales. También hubo presencia de agentes en inmediaciones de la Terminal Mariano Moreno.
La magnitud del despliegue llamó la atención de comerciantes y transeúntes, no sólo por la cantidad de efectivos sino también por la modalidad del procedimiento. La irrupción de fuerzas federales en el centro de Rosario convirtió durante varias horas una cuestión administrativa —la situación migratoria de una persona— en una escena de fuerte impacto público.
El contraste entre la espectacularidad del operativo y los resultados concretos también forma parte de la discusión. Sobre las 420 personas relevadas, ocho fueron identificadas como migratoriamente irregulares y una persona tenía una orden de expulsión vigente. El resto de los extranjeros controlados contaba con documentación en regla.
Rosario frente a una nueva política migratoria
La sucesión de controles no ocurre en el vacío. Se inscribe en una política nacional que viene endureciendo las condiciones para los extranjeros no residentes y que también abrió el debate sobre el acceso a servicios públicos, entre ellos la atención sanitaria.
En ese contexto, Rosario aparece como un territorio donde el Gobierno nacional empieza a hacer visible esa política con una intensidad poco habitual. El centro comercial, la Terminal y ahora la autopista funcionan como escenarios de una misma estrategia: identificar, verificar y eventualmente iniciar procedimientos administrativos contra quienes no puedan acreditar una situación migratoria regular.
El problema aparece cuando esa política se comunica bajo una lógica que puede terminar colocando a la migración en el lugar de sospecha permanente.
Porque una cosa es controlar que las normas migratorias se cumplan y otra muy diferente es construir la idea de que ser extranjero constituye, en sí mismo, un motivo para ser sometido a un control extraordinario.
La discusión que queda abierta
El Gobierno nacional tiene facultades para controlar la situación migratoria y hacer cumplir las órdenes de expulsión que correspondan. Eso no está en discusión. Lo que sí merece debate es la modalidad, la frecuencia y el criterio con el que esos controles se realizan.
En Rosario, la fotografía de estos dos días deja una escena difícil de ignorar: decenas de agentes federales recorriendo el centro, personas identificadas en comercios, controles en la Terminal y, apenas un día después, vehículos y colectivos inspeccionados en uno de los principales accesos a la ciudad.
La estadística oficial permite otra lectura: de los 86 extranjeros identificados en el operativo del centro, 78 tenían su documentación en regla. Es decir, el dato más contundente del operativo no fue la cantidad de extranjeros irregulares, sino que la gran mayoría de los extranjeros controlados estaba regularizada.
La pregunta que queda para Rosario es entonces hasta dónde llegará esta nueva política. Si estos controles serán excepcionales o se convertirán en una práctica habitual; si se concentrarán en determinados puntos de la ciudad o se extenderán a otros ámbitos; y, sobre todo, si el Estado será capaz de hacer cumplir la normativa migratoria sin transformar a comunidades enteras en objeto de sospecha.
Porque controlar la documentación es una función del Estado. Convertir la condición de extranjero en una marca de sospecha es otra cosa. Y en una ciudad construida históricamente por migraciones, esa diferencia no es menor.