Una ampliación de la denuncia de Marcela Pagano cruza 1.077 desembolsos del sistema vial con 35 votaciones legislativas y plantea interrogantes sobre el manejo de fondos públicos durante el gobierno de Javier Milei
La administración de fondos destinados a la obra vial quedó nuevamente bajo la lupa judicial a partir de una ampliación de la denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, que incorpora un análisis de 1.077 pagos realizados entre enero de 2024 y mayo de 2026 y los cruza con 35 votaciones del Congreso. El planteo busca determinar si existió una relación entre determinados desembolsos y momentos decisivos de la actividad parlamentaria durante el gobierno de Javier Milei.
La presentación, que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10, no sostiene que la coincidencia temporal sea por sí misma prueba de un delito. Por el contrario, solicita profundizar la investigación contable para establecer si los pagos respondían a certificados efectivamente exigibles en esas fechas o si existieron otros criterios para ordenar los desembolsos.
El cruce entre los fondos viales y las votaciones
Según la documentación incorporada a la causa, los pagos fueron comparados con 35 votaciones de Diputados y el Senado mediante ventanas de tres días —la jornada anterior, el día de la sesión y el día posterior— y también con una ventana de sensibilidad de siete días. El objetivo es identificar concentraciones de recursos alrededor de decisiones legislativas relevantes.
Uno de los episodios señalados corresponde a junio de 2024. De acuerdo con la denuncia, entre el 10 y el 11 de junio se concentraron $5.367 millones en pagos, inmediatamente antes de la votación de la Ley Bases en el Senado, que tuvo lugar el 12 de junio. Alrededor de la sanción definitiva en Diputados, el 27 de junio, se registraron otros $3.262 millones.
La presentación también menciona un desembolso de $3.186 millones realizado el 9 de octubre de 2024, en coincidencia con la jornada en que fracasó la insistencia parlamentaria contra el veto presidencial al financiamiento universitario. En diciembre de ese año, cinco operaciones destinadas a la Dirección Provincial de Vialidad de Misiones totalizaron $3.192 millones, una suma equivalente, según la denuncia, al total que esa provincia había recibido durante todo 2024.
Un volumen de $33.786 millones bajo análisis
La segunda presentación que amplía la controversia pone el foco en tres períodos de votaciones durante los cuales se habrían realizado pagos por un total de $33.786 millones. El planteo apunta además al destino de recursos recaudados mediante el impuesto a los combustibles y a la administración de los fondos destinados al sistema vial.
El análisis de 2025 introduce una diferencia relevante respecto del año anterior. La propia denuncia reconoce que la anomalía no estaría necesariamente en un aumento general del volumen de dinero transferido durante las ventanas electorales, sino en la focalización territorial de los recursos, es decir, qué jurisdicciones recibieron fondos y en qué momento.
Entre los casos mencionados aparece un pago de $797 millones a la Vialidad de Misiones el 13 de febrero de 2025, un día después de la media sanción de Ficha Limpia en Diputados, y otro de $945 millones a la Vialidad de Tucumán el 21 de agosto, la misma jornada en que el Senado rechazó decretos delegados que contemplaban, entre otras medidas, la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.
El dato que aparece en 2026
La mayor concentración señalada en la ampliación de la denuncia corresponde a los primeros cinco meses de 2026. Según el análisis presentado por Pagano, $43.786 millones se concentraron en apenas nueve días vinculados a tres ventanas legislativas. Esa cifra representaría el 52,7% de todos los pagos de obra del período, aunque esos nueve días equivaldrían solamente al 6,4% del calendario analizado.
Los períodos identificados fueron del 11 al 13 de febrero, del 8 al 10 de abril y del 19 al 21 de mayo. En esos nueve días se habrían desembolsado $17.139 millones, $12.551 millones y $14.096 millones, respectivamente. El ritmo diario de pagos habría sido 2,74 veces superior al registrado durante los días restantes.
La presentación también identifica casos particulares que considera relevantes. El Consejo de Vialidad de Santiago del Estero habría recibido la totalidad de los $9.867 millones cobrados durante 2026 en tres días incluidos en esas ventanas, mientras que la Vialidad de Santa Cruz habría percibido la totalidad de lo cobrado durante el año en un único pago realizado el 19 de mayo.
Otro de los casos mencionados involucra a la contratista José J. Chediack S.A.I.C.A., que habría recibido el 97,5% de los $11.988 millones percibidos dentro de las ventanas temporales analizadas.
Una hipótesis que todavía debe probarse
Uno de los aspectos centrales del expediente es que la propia denunciante reconoce que una coincidencia entre un pago y una votación no alcanza para demostrar una contraprestación ni una relación causal. La Justicia deberá determinar, por lo tanto, si los desembolsos estaban respaldados por obligaciones previamente generadas, certificados de obra exigibles y procedimientos administrativos regulares, o si existieron decisiones discrecionales vinculadas al escenario político.
Por eso, entre las medidas solicitadas aparecen el análisis de las actas de votación nominal y las versiones taquigráficas de las 35 sesiones relevadas, además de la documentación correspondiente a los convenios, certificados y expedientes de los pagos considerados más significativos.
El problema político además del judicial
Más allá de cuál sea el resultado de la investigación, la denuncia vuelve a instalar una discusión sensible sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. El gobierno de Milei construyó buena parte de su estrategia legislativa sobre acuerdos con gobernadores, bloques dialoguistas y legisladores que no forman parte de La Libertad Avanza, en un Parlamento donde el oficialismo no cuenta con mayoría propia.
En ese contexto, cualquier indicio que sugiera que recursos públicos pudieron haber sido utilizados para incidir sobre decisiones legislativas adquiere una dimensión política considerable. No porque la denuncia pruebe por sí misma la existencia de un mecanismo de compra de voluntades, sino porque plantea la necesidad de transparentar con precisión cómo, cuándo y bajo qué criterios se distribuyeron fondos públicos.
La cuestión también pone bajo observación el funcionamiento de los mecanismos de control durante la actual administración. Si los pagos respondieron a obligaciones legítimas y previamente establecidas, la documentación debería permitir demostrarlo. Si, en cambio, la investigación encontrara una selección deliberada de beneficiarios y fechas vinculada a votaciones parlamentarias, el impacto institucional sería mucho mayor.
Por ahora, la evidencia presentada permite hablar de patrones temporales y territoriales que justifican una investigación, pero no de un delito probado. El desafío para la Justicia será transformar las coincidencias detectadas en evidencia concreta o descartarlas a partir de la trazabilidad de cada pago. Y para el Gobierno, la discusión deja una pregunta política difícil de esquivar: cómo garantizar que los recursos públicos destinados a infraestructura no se conviertan en una herramienta de negociación parlamentaria.