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La ofensiva de Milei contra pilotos de barcos empuja al comercio exterior a la parálisis: más de 140 buques inmovilizados

La política de desregulación salvaje que impulsa el Gobierno de Javier Milei volvió a generar un conflicto de alto impacto sobre un sector estratégico de la economía. Esta vez, la decisión de modificar por decreto el régimen que regula la actividad de los prácticos –los profesionales responsables de asistir a los capitanes de grandes buques durante las maniobras de ingreso y salida de los puertos– derivó en una medida de fuerza que mantiene prácticamente paralizado el comercio exterior argentino.

El detonante fue el Decreto 690/2026, publicado el 30 de julio en el Boletín Oficial y elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger. La norma reemplazó un marco regulatorio vigente desde hace más de tres décadas y habilitó una profunda liberalización del sistema de practicaje y pilotaje, eliminando restricciones de ingreso a la actividad, promoviendo la competencia y trasladando la fijación de tarifas a las reglas del mercado.

La respuesta del sector fue inmediata. Los prácticos resolvieron un lock-out por tiempo indeterminado que dejó sin posibilidad de operar a, al menos, 140 buques mercantes, una cifra que continúa creciendo con el paso de las horas debido a la llegada de nuevas embarcaciones a la Vía Navegable Troncal.

Un cuello de botella para las exportaciones

La medida afecta el funcionamiento de los principales complejos portuarios del país, especialmente los del Gran Rosario –por donde sale la mayor parte de las exportaciones agroindustriales argentinas–, además de las terminales de Buenos Aires, Dock Sud, La Plata, Zárate-Campana, Quequén y Bahía Blanca.

El Centro de Navegación advirtió que la acumulación de barcos sin poder ingresar o zarpar ya provoca una fuerte congestión operativa y amenaza con derivar en una virtual paralización del comercio exterior. Según la entidad, varias operaciones programadas fueron canceladas y algunas embarcaciones comenzaron a ser redireccionadas hacia el puerto de Montevideo y terminales del sur de Brasil, con la consecuente pérdida de actividad para los puertos argentinos.

La entidad sostuvo que la interrupción del servicio genera incumplimientos contractuales, incrementa los costos logísticos y produce pérdidas millonarias por demoras y lucro cesante. También alertó sobre el daño que la situación provoca sobre la imagen internacional del país como proveedor confiable dentro del comercio marítimo.

El decreto que abrió el conflicto

El nuevo régimen deroga el Decreto 2694/91, vigente desde 1991, bajo el argumento oficial de que la normativa había quedado desactualizada frente a los avances tecnológicos y mantenía un sistema excesivamente cerrado que limitaba la competencia.

Desde el Gobierno sostienen que el practicaje argentino presenta costos muy superiores a los de otros países y atribuyen esa diferencia a un mercado con fuertes barreras de ingreso. Según cifras oficiales, la asistencia de un práctico para un buque que navega por el río Paraná puede costar entre 50.000 y 100.000 dólares, mientras que servicios equivalentes en puertos internacionales presentan valores considerablemente inferiores.

La administración nacional también cuestiona las exigencias para habilitar nuevas embarcaciones destinadas al traslado de prácticos, a las que considera desproporcionadas y orientadas a restringir la competencia.

La reforma, además, elimina los cupos para acceder a la actividad, habilita la contratación de profesionales independientes, establece un esquema tarifario diferente y autoriza que determinados capitanes con certificación de conocimiento de la zona puedan realizar maniobras sin necesidad de contratar un práctico.

Seguridad de la navegación y rechazo del sector

Los profesionales alcanzados por la reforma sostienen que la desregulación compromete uno de los pilares fundamentales de la navegación: la seguridad.

Los gremios afirman que flexibilizar los requisitos de habilitación, reducir controles y permitir excepciones en la prestación del servicio incrementa significativamente los riesgos en una de las hidrovías más complejas del mundo. También denuncian que la iniciativa abre la puerta a una precarización laboral y afecta la participación de profesionales argentinos en favor de un esquema más flexible para los armadores.

Las organizaciones que representan a prácticos, pilotos, baqueanos y capitanes preparan presentaciones judiciales para solicitar la declaración de inconstitucionalidad del decreto y pedir medidas cautelares que suspendan su aplicación.

Desde otros sectores vinculados a la actividad fluvial también surgieron cuestionamientos. El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales consideró que la reforma forma parte de un proceso más amplio de desregulación de la Marina Mercante y advirtió sobre sus posibles efectos en materia de soberanía logística.

El Gobierno endurece la respuesta

Lejos de buscar una negociación inmediata, el Ejecutivo decidió endurecer su postura frente al conflicto.

A través de un operativo coordinado entre el Ministerio de Seguridad y la Prefectura Naval Argentina, efectivos notificaron personalmente a los prácticos para que retomaran las tareas, recordándoles que el practicaje constituye un servicio público esencial para la seguridad de la navegación.

Las intimaciones advierten que la continuidad de la medida podría derivar tanto en sanciones administrativas –incluida la suspensión o cancelación de las matrículas profesionales– como en eventuales denuncias penales por la interrupción del transporte y de las vías navegables.

Al mismo tiempo, el Gobierno mantiene como alternativa la aplicación de los mecanismos de emergencia previstos en el propio Decreto 690/2026, que facultan a la Prefectura Naval o a la Armada Argentina a prestar temporalmente el servicio o habilitar a capitanes con conocimiento certificado de la zona para reemplazar a los prácticos durante la crisis.

Un nuevo frente abierto por la estrategia desreguladora

El conflicto expone uno de los principales desafíos de la estrategia de desregulación impulsada por la administración nacional. La intención oficial de introducir competencia y reducir costos en actividades consideradas cerradas terminó generando una confrontación que hoy impacta sobre uno de los motores de ingreso de divisas del país.

Mientras el Gobierno insiste en que busca desmontar privilegios corporativos y abaratar la logística portuaria, los sectores involucrados sostienen que las modificaciones fueron implementadas sin consensos y con escasa previsión sobre sus consecuencias operativas.

Con decenas de buques esperando autorización para navegar, cargas desviadas hacia puertos extranjeros y la cadena exportadora funcionando por debajo de su capacidad, el conflicto amenaza con profundizarse y convertir una reforma concebida para liberalizar el mercado en un nuevo factor de incertidumbre para el comercio exterior argentino.