La administración de Javier Milei disolvió el INAL, organismo dependiente de la ANMAT, y redistribuyó sus funciones entre el Senasa y el Ministerio de Salud. La medida forma parte del proceso de reestructuración del Estado y abre un nuevo debate sobre la organización del sistema de fiscalización alimentaria en el país
El Gobierno nacional dispuso una de las modificaciones más importantes de los últimos años en materia de control sanitario al eliminar el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), organismo que durante décadas tuvo a su cargo la autorización, registro y fiscalización de los alimentos elaborados y comercializados en la Argentina. La decisión fue oficializada mediante el Decreto 697/2026 y forma parte de la política de reorganización administrativa impulsada por la gestión de Javier Milei.
A partir de la reforma, las funciones que desempeñaba el INAL quedarán divididas entre dos organismos. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) asumirá las tareas de registro, control y fiscalización de los alimentos, mientras que el Ministerio de Salud conservará la rectoría de la política alimentaria y la definición de los lineamientos sanitarios nacionales.
Una nueva distribución de competencias
El Gobierno sostiene que la medida busca simplificar la estructura estatal y aprovechar la capacidad operativa del Senasa, que cuenta con una amplia red territorial de laboratorios, inspectores y oficinas distribuidas en todo el país.
Según los fundamentos del decreto, la concentración de las tareas de fiscalización en un único organismo permitirá reducir superposiciones administrativas, agilizar los procesos de control y facilitar tanto la producción como el comercio de alimentos. Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud concentrará su función en la elaboración de políticas públicas vinculadas a la seguridad alimentaria y la actualización del Código Alimentario Argentino.
Un cambio que se inscribe en la reforma del Estado
La eliminación del INAL no constituye un hecho aislado. Desde el comienzo de la gestión, la administración nacional viene impulsando una revisión de organismos descentralizados con el objetivo de reducir estructuras consideradas redundantes y concentrar funciones en áreas con mayor capacidad operativa.
En ese marco, la reorganización del sistema de control alimentario responde a la lógica de disminuir organismos específicos y centralizar competencias en entidades ya existentes, una estrategia que el Ejecutivo presenta como una herramienta para mejorar la eficiencia administrativa y reducir costos.
El debate sobre los controles sanitarios
La decisión también abre interrogantes sobre el funcionamiento del nuevo esquema institucional. El INAL era el organismo técnico especializado en alimentos dentro de la ANMAT y tenía entre sus responsabilidades la evaluación bromatológica, la autorización de establecimientos y productos y la verificación del cumplimiento del Código Alimentario Argentino.
Con la transferencia de funciones al Senasa, el Gobierno apuesta a un sistema unificado de fiscalización apoyado en la infraestructura del organismo sanitario. No obstante, especialistas y sectores vinculados al control de alimentos seguirán de cerca cómo se implementa la transición y si el nuevo modelo mantiene los estándares de vigilancia sanitaria alcanzados hasta ahora.
Un nuevo modelo de gestión
La reforma también incorpora modificaciones al régimen de actualización del Código Alimentario Argentino y busca acelerar los procedimientos regulatorios, uno de los reclamos históricos de sectores de la industria alimenticia.
En términos políticos, la medida refleja la estrategia del Gobierno de redefinir el rol del Estado sin eliminar las funciones de control consideradas esenciales. En lugar de suprimir esas tareas, la administración optó por redistribuirlas entre organismos con mayor estructura operativa, una decisión cuyo impacto comenzará a evaluarse a medida que avance la implementación del nuevo esquema de fiscalización alimentaria.


























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