La Cámara de Diputados dio media sanción al nuevo régimen de promoción para inversiones tecnológicas impulsado por el Gobierno. Mientras el oficialismo lo presenta como una herramienta para atraer capitales de alto valor agregado, sectores de la oposición advierten que otorga beneficios extraordinarios a grandes corporaciones extranjeras y limita durante tres décadas la capacidad regulatoria del Estado argentino
Con el respaldo de sus aliados parlamentarios, el Gobierno de Javier Milei logró aprobar en la Cámara de Diputados el denominado Súper RIGI, un régimen especial destinado a promover inversiones superiores a los mil millones de dólares en sectores como inteligencia artificial, centros de datos, semiconductores, computación cuántica y otras industrias de alta tecnología. La iniciativa ahora deberá ser debatida por el Senado.
Para la Casa Rosada, el proyecto representa un paso decisivo para insertar a la Argentina en la economía del conocimiento y competir con otros países que ofrecen incentivos para captar inversiones estratégicas.
Sin embargo, la oposición, especialistas en derecho económico y sectores industriales sostienen que el texto concede privilegios excepcionales a un reducido grupo de corporaciones multinacionales, muchas de ellas vinculadas al ecosistema tecnológico de Silicon Valley, en detrimento de la capacidad del Estado para regular actividades consideradas estratégicas.
Beneficios fiscales, cambiarios y estabilidad por tres décadas
El nuevo régimen establece un conjunto de incentivos significativamente más amplios que los previstos en el RIGI aprobado junto con la Ley Bases.
Entre los principales beneficios figuran una reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, exenciones de derechos de importación y exportación, libre disponibilidad progresiva de divisas, amortización acelerada de inversiones y estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria durante treinta años.
Además, las empresas adheridas contarían con garantías jurídicas que impedirían modificaciones posteriores del régimen, incluso frente a eventuales cambios de gobierno, lo que para sus impulsores constituye una condición indispensable para atraer proyectos de gran escala.
El debate sobre la soberanía económica
Las principales críticas apuntan precisamente a esa estabilidad extraordinaria.
Economistas, constitucionalistas y legisladores opositores sostienen que el proyecto limita durante décadas la posibilidad de que futuros gobiernos modifiquen reglas tributarias, ambientales o cambiarias para empresas que operen bajo este régimen.
También cuestionan que buena parte de las controversias puedan resolverse mediante mecanismos internacionales de arbitraje, reduciendo el margen de acción de la Justicia argentina frente a eventuales conflictos con grandes inversores extranjeros.
Desde distintos bloques parlamentarios calificaron la iniciativa como una «cesión de soberanía económica», al considerar que el Estado resigna herramientas fundamentales de política pública para garantizar condiciones excepcionales a compañías multinacionales.
Silicon Valley como modelo de desarrollo
El proyecto apunta especialmente a captar inversiones de empresas dedicadas a inteligencia artificial, infraestructura digital, microchips y centros globales de procesamiento de datos.
Durante el debate parlamentario, distintos legisladores opositores señalaron que la iniciativa parece diseñada para responder a demandas de grandes compañías tecnológicas estadounidenses y de fondos de inversión vinculados a Silicon Valley, entre ellos grupos cercanos al empresario Peter Thiel, uno de los referentes internacionales del sector tecnológico que en los últimos meses mantuvo contactos con el Gobierno argentino.
Para el oficialismo, en cambio, la competencia global por atraer estas industrias obliga a ofrecer condiciones similares a las existentes en otros mercados y constituye una oportunidad para transformar la matriz productiva del país.
Dos modelos en disputa
El tratamiento del Súper RIGI volvió a poner en evidencia las diferencias sobre el rumbo económico impulsado por el Gobierno.
Mientras el oficialismo sostiene que la desregulación y la seguridad jurídica son condiciones indispensables para generar inversiones, empleo y desarrollo tecnológico, la oposición advierte que el proyecto profundiza un modelo basado en amplias concesiones a grandes capitales internacionales sin mecanismos suficientes para garantizar transferencia tecnológica, generación de proveedores locales o agregado de valor nacional.
Con media sanción en Diputados, el proyecto iniciará ahora un debate que promete ser intenso en el Senado. Más allá de su resultado legislativo, la discusión ya dejó planteada una de las principales controversias de la gestión Milei: hasta dónde puede llegar el Estado en la búsqueda de inversiones sin comprometer instrumentos que históricamente fueron considerados parte de la soberanía económica del país.