El proyecto impulsado por el Gobierno nacional volvió a quedar en el centro de la polémica durante su tratamiento en el Senado. Organizaciones ambientales, investigadores, referentes de la Iglesia Católica y representantes de pueblos originarios advirtieron que la iniciativa podría facilitar la privatización de grandes extensiones de territorio, limitar el acceso público a espacios naturales y debilitar herramientas clave para la protección ambiental
La denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, uno de los proyectos emblemáticos de la agenda impulsada por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, continúa generando una fuerte resistencia política y social. Durante una nueva jornada de debate en el Senado, especialistas de distintos sectores cuestionaron la iniciativa y alertaron sobre sus posibles consecuencias para el patrimonio natural, el acceso al territorio y la soberanía nacional.
Lejos de concentrarse únicamente en la defensa del derecho de propiedad, los expositores sostuvieron que el texto introduce modificaciones profundas en normas como la Ley de Tierras, la Ley de Manejo del Fuego y el régimen de expropiaciones, alterando equilibrios construidos durante décadas entre el interés privado y el interés público.
«Podrían multiplicarse los lagos escondidos»
Uno de los cuestionamientos más contundentes apuntó al impacto que tendría la reforma sobre el acceso a lagos, ríos, montañas y otros bienes naturales.
Ambientalistas y especialistas advirtieron que la iniciativa facilitaría la consolidación de grandes propiedades privadas con escasos mecanismos de control estatal, reproduciendo situaciones similares a la del emblemático Lago Escondido, en Río Negro, donde desde hace años existe una disputa judicial y política por el acceso público al espejo de agua ubicado dentro de una estancia privada.
Según los expositores, la reforma fortalecería los derechos del propietario por encima del interés colectivo, dificultando aún más el ingreso a espacios naturales cuya utilización pública está protegida por distintas normas nacionales y provinciales.
Una alianza poco habitual
El debate dejó una imagen poco frecuente en el escenario político argentino: representantes de la comunidad científica, organizaciones ambientalistas, pueblos originarios y la Iglesia Católica coincidieron en cuestionar el proyecto oficial.
Desde el ámbito científico señalaron que la modificación de la Ley de Manejo del Fuego podría incentivar procesos especulativos sobre tierras afectadas por incendios, debilitando una herramienta creada precisamente para desalentar los incendios intencionales destinados a cambiar el uso del suelo.
La Iglesia, por su parte, retomó el concepto de la «función social de la propiedad» y sostuvo que la tierra no puede ser considerada exclusivamente como un bien económico, sino también como un patrimonio con responsabilidades ambientales y comunitarias. En documentos enviados al Congreso, los obispos expresaron su preocupación por el impacto que podría tener la iniciativa sobre comunidades rurales y poblaciones vulnerables.
El Gobierno defiende una mayor protección del derecho de propiedad
Desde el oficialismo sostienen que el objetivo central del proyecto es brindar mayor seguridad jurídica frente a ocupaciones ilegales, agilizar los procesos de desalojo y garantizar el pleno ejercicio del derecho de propiedad, al que consideran uno de los pilares de la Constitución Nacional.
La propuesta también elimina o modifica restricciones para la adquisición y utilización de tierras, bajo el argumento de que muchas de las regulaciones vigentes desalientan inversiones y afectan el desarrollo productivo.
Para el Gobierno, las críticas responden a una visión estatista que durante años limitó el crecimiento económico mediante regulaciones excesivas sobre la propiedad privada.
Una discusión que excede el derecho de propiedad
El debate parlamentario dejó en evidencia que la discusión trasciende la cuestión jurídica.
Para los sectores críticos, el proyecto redefine el rol del Estado en la administración del territorio y reduce herramientas destinadas a preservar recursos estratégicos, ecosistemas y espacios de acceso público. También advierten que podría favorecer procesos de concentración de la tierra y aumentar los conflictos con comunidades indígenas y poblaciones rurales.
Del otro lado, el oficialismo insiste en que fortalecer el derecho de propiedad constituye una condición indispensable para atraer inversiones, impulsar la producción y consolidar un modelo económico basado en reglas de mercado.
Mientras el proyecto continúa su recorrido legislativo, la iniciativa se convirtió en uno de los debates más sensibles de la agenda parlamentaria, al poner en tensión dos concepciones profundamente distintas sobre el uso del territorio: una centrada en la protección absoluta de la propiedad privada y otra que reivindica su función social y ambiental como principio rector del interés colectivo.