El proyecto impulsado por el Gobierno nacional volvió a quedar en el centro de la polémica durante su tratamiento en el Senado. Organizaciones ambientales, investigadores, referentes de la Iglesia Católica y representantes de pueblos originarios advirtieron que la iniciativa podría facilitar la privatización de grandes extensiones de territorio, limitar el acceso público a espacios naturales y debilitar herramientas clave para la protección ambiental.