La medida alcanza ensayos clave sobre alimentos y bebidas y genera fuerte preocupación en el sector industrial y científico. Advierten por el impacto en la calidad, la seguridad y el entramado productivo
El Gobierno nacional avanzó con una decisión que sacude al sistema científico-industrial: la eliminación de más de 900 servicios técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), muchos de ellos vinculados al control de calidad en alimentos y bebidas.
La medida, formalizada a través de una disposición oficial, implica el cese de prestaciones clave que el organismo brindaba tanto a empresas como a pymes en todo el país.
Entre los servicios afectados se encuentran ensayos de laboratorio, certificaciones y asistencia técnica que garantizaban estándares de calidad e inocuidad en productos de consumo masivo.
El argumento oficial apunta a reducir la intervención estatal y evitar “distorsiones” en el mercado, bajo la premisa de que muchas de esas tareas ya pueden ser realizadas por el sector privado o no registraban suficiente demanda.
Sin embargo, la decisión encendió alarmas en distintos sectores. Especialistas y trabajadores advierten que el recorte debilita un rol estratégico del Estado en materia de control y acompañamiento productivo, especialmente para pequeñas y medianas empresas que dependen de estos servicios para cumplir normativas y competir en el mercado.
El impacto no es menor: el INTI cuenta con presencia en todo el país y cumple funciones clave en áreas como alimentos, metrología, calidad industrial y desarrollo tecnológico. Su rol histórico ha sido el de garantizar estándares, impulsar innovación y asistir a sectores productivos con menor capacidad técnica.
La eliminación de estas prestaciones se inscribe en una serie de cambios que el organismo viene atravesando desde 2024, con recortes progresivos, pérdida de capacidades operativas y reducción de personal.
Ajuste, mercado y un cambio de paradigma
La decisión se enmarca en la política de ajuste y reducción del Estado impulsada por el gobierno de Javier Milei, que plantea un corrimiento de las funciones públicas hacia el sector privado.
En esa lógica, organismos como el INTI dejan de ser actores centrales en la regulación y el control para pasar a tener un rol más acotado, bajo la premisa de que el mercado puede absorber esas funciones de manera más eficiente.
Pero esa mirada abre un debate de fondo: ¿puede el mercado garantizar por sí solo estándares de calidad en áreas sensibles como los alimentos?
Para sectores críticos, la respuesta es negativa. Señalan que sin un organismo estatal fuerte, independiente y con capacidad técnica, se debilitan los controles y aumenta el riesgo de desigualdad entre empresas: las grandes pueden pagar certificaciones privadas, pero las pymes quedan en desventaja.
Además, advierten que el retiro del Estado en estas áreas no solo tiene impacto económico, sino también sanitario y social, en un contexto donde la seguridad alimentaria es un tema cada vez más relevante.
La eliminación de los servicios del INTI no es solo una medida administrativa: es una señal clara de hacia dónde se redefine el rol del Estado en la Argentina. El interrogante que queda abierto es quién asume ahora la responsabilidad de garantizar calidad y seguridad en productos tan sensibles como los alimentos. Porque cuando el control se retira, el riesgo no desaparece: simplemente cambia de manos. Y en ese traspaso, lo que está en juego no es solo la eficiencia del sistema, sino la confianza misma en lo que consumimos todos los días.