La Cámara baja aprobó el proyecto impulsado por Maximiliano Pullaro con 37 votos afirmativos y 11 negativos. La negociación entre radicales y socialistas eliminó la posibilidad de interrogar a imputados sin abogado, descartó las zonas de intervención policial especial y estableció controles para los allanamientos excepcionales. Ahora deberá resolver el Senado
Después de varios meses de discusión y de fuertes diferencias dentro de Unidos, la reforma de seguridad impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro consiguió avanzar en la Legislatura santafesina. La Cámara de Diputados le otorgó media sanción con 37 votos a favor y 11 en contra, luego de un acuerdo entre los sectores radicales y socialistas que permitió modificar algunos de los artículos más controvertidos del proyecto original.
El entendimiento llegó después de una serie de negociaciones que se extendieron hasta la noche del miércoles y continuaron durante el jueves en las comisiones de Seguridad Pública y Asuntos Constitucionales. También se incorporaron observaciones del Poder Ejecutivo y de la Corte Suprema de Justicia provincial. El resultado fue una nueva redacción que conservó buena parte de las herramientas reclamadas por el Gobierno, pero introdujo límites y controles en cuestiones que habían generado cuestionamientos institucionales.
La discusión no fue menor para la coalición gobernante. Las diferencias habían expuesto tensiones entre sus principales socios y amenazaban con complicar el tratamiento de una de las iniciativas centrales de la gestión provincial. Finalmente, el consenso permitió llevar el proyecto al recinto, aunque el debate político sobre el alcance de las nuevas atribuciones del Estado en materia de seguridad continuará en el Senado.
Los tres cambios que modificaron el proyecto original
El acuerdo se concentró especialmente en tres puntos que el socialismo había cuestionado desde el comienzo y que estaban vinculados con las facultades de las fuerzas de seguridad y las garantías de las personas sometidas a una investigación penal.
1. Los imputados no podrán ser interrogados por la Policía sin abogado. La nueva versión elimina la disposición que habilitaba, bajo determinadas circunstancias, a tomar declaración a una persona imputada sin la presencia obligatoria de un defensor. Se mantiene la posibilidad de obtener declaraciones informativas bajo responsabilidad del fiscal, pero con garantías expresas para quien comparece, entre ellas el derecho a conocer los motivos de la convocatoria, guardar silencio y contar con asistencia letrada. Sus manifestaciones sin abogado no podrán utilizarse como prueba de cargo.
2. Se eliminan las zonas de intervención policial especial. El proyecto original contemplaba la creación de áreas atravesadas por situaciones graves de violencia en las que la Policía podía contar con facultades ampliadas. El régimen incluía controles de acceso, identificación de personas, requisas de vehículos, restricciones a la circulación y demoras para verificar identidades. Esa herramienta quedó afuera de la versión aprobada por Diputados, luego de los cuestionamientos sobre la amplitud de las atribuciones y sus posibles efectos sobre las garantías individuales.
3. Los allanamientos excepcionales tendrán intervención fiscal y control judicial. La reforma conserva supuestos en los que podrán realizarse procedimientos sin una orden judicial previa, pero establece condiciones adicionales. La actuación deberá contar con intervención del fiscal y estará sujeta a mecanismos de revisión judicial posterior. En determinados casos, el juez deberá controlar de oficio la legalidad del procedimiento dentro de las 24 horas de finalizado. De esta manera, se mantiene una herramienta de intervención rápida, pero con mayores exigencias de fundamentación y supervisión.
Estos tres cambios fueron decisivos para acercar las posiciones dentro de Unidos. El socialismo consiguió modificar disposiciones que consideraba problemáticas, mientras que el oficialismo logró sostener el núcleo de su propuesta de reforma del sistema de seguridad y persecución penal.
Una reforma que va más allá de las facultades policiales
El proyecto aprobado modifica alrededor de media docena de normas provinciales, entre ellas el Código Procesal Penal y las leyes vinculadas con inteligencia, Defensa y organización de la Policía. Su alcance incluye también cambios en el funcionamiento del sistema penitenciario, las investigaciones penales y los mecanismos para intervenir sobre propiedades utilizadas en actividades delictivas.
Entre las herramientas que continúan en la iniciativa se encuentra la posibilidad de inactivar inmuebles vinculados con actividades ilícitas, mediante medidas que pueden incluir desalojos, bloqueos y otras intervenciones. La nueva redacción establece diferencias entre las decisiones provisionales y reversibles, que podrán ser revisadas judicialmente, y aquellas de carácter irreversible, que requieren intervención de un tribunal.
También se mantiene un régimen penitenciario agravado para internos que representen una amenaza grave para la seguridad pública, con restricciones especiales sobre comunicaciones y visitas, aunque bajo condiciones y posibilidades de revisión judicial.
Otro capítulo relevante es el de los juicios en rebeldía, que podrán avanzar en determinadas circunstancias cuando una persona imputada se encuentre ausente. Para ello se incorporaron mayores requisitos: intervención de un tribunal, participación de la defensa, garantías de notificación y audiencia previa con la víctima. La reforma también introduce modificaciones en las tareas de inteligencia y en el Fondo Provincial de Recompensas.
El conjunto de medidas muestra que la iniciativa no se limita a ampliar las atribuciones policiales. Busca modificar distintos eslabones del sistema de seguridad y justicia, desde la prevención y la investigación hasta el tratamiento de personas detenidas y la intervención sobre estructuras utilizadas por organizaciones criminales.
El acuerdo político y el próximo paso legislativo
La aprobación también tuvo una lectura política dentro de Unidos. Las diferencias entre radicales y socialistas habían escalado en los días previos, con cuestionamientos públicos y reproches entre dirigentes de los distintos espacios. El propio Pullaro había reconocido que el proyecto podía mejorarse y que las discusiones formaban parte del funcionamiento de una coalición.
La negociación permitió evitar que esas diferencias bloquearan una iniciativa prioritaria para la administración provincial. Sin embargo, el resultado también dejó en evidencia que el consenso legislativo exigió revisar aspectos sustanciales del texto original y establecer límites que no estaban contemplados en la propuesta inicial.
Con la media sanción de Diputados, el expediente pasa ahora al Senado, donde deberá obtener una nueva aprobación para convertirse en ley. Allí se definirá si la redacción acordada se mantiene o si aparecen nuevas modificaciones durante el tratamiento.
Para el Gobierno provincial, la reforma representa una pieza importante de su estrategia de seguridad, que combina prevención, persecución penal y cambios en el funcionamiento de las instituciones. Para la Legislatura, el desafío será encontrar un equilibrio entre la necesidad de dotar al Estado de herramientas para enfrentar el delito y la obligación de preservar las garantías constitucionales.
El acuerdo alcanzado en Diputados destrabó una discusión que había tensionado a la coalición oficialista, pero no cerró el debate de fondo. La futura aplicación de estas normas y los controles sobre las facultades que se otorguen a policías, fiscales y autoridades penitenciarias serán determinantes para evaluar su alcance concreto en la provincia.


























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