La renuncia de Santiago Peña no logró frenar el juicio político impulsado por el Congreso tras la intervención de Ueno Bank. El escándalo compromete a millones de ahorristas, expone posibles conflictos de intereses y profundiza la fractura dentro del oficialismo, en un escenario que pone a prueba la estabilidad política del país
La crisis que atraviesa Paraguay adquirió una dimensión que ya no se limita al sistema financiero. La intervención de Ueno Bank, una de las principales entidades bancarias del país, desencadenó una tormenta política que terminó colocando al presidente Santiago Peña frente a un juicio político y a una renuncia que el Congreso todavía no resolvió. Lo que comenzó como un problema de solvencia bancaria se transformó en una disputa institucional de consecuencias imprevisibles para el gobierno y para el futuro político del mandatario.
El episodio tiene un elemento particularmente significativo: Peña anunció su decisión de abandonar la Presidencia, pero el Parlamento no consiguió reunir el quórum necesario para aceptar formalmente su dimisión. Mientras tanto, la Cámara de Diputados avanzó con la acusación y el Senado puso en marcha el procedimiento para juzgarlo. De esta manera, la salida del presidente quedó atrapada entre dos caminos institucionales diferentes, con implicancias políticas y judiciales que explican la resistencia de distintos sectores a aceptar una renuncia que podría modificar sustancialmente su situación.
Una renuncia que no consiguió detener el proceso
La decisión de Peña llegó después de que legisladores opositores y sectores de su propio espacio político impulsaran el juicio político por su presunta responsabilidad en la gestión de la crisis de Ueno Bank. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la acusación, con 78 votos, y la remitió al Senado, que tiene la responsabilidad de evaluar los cargos y resolver si corresponde la destitución.
Sin embargo, cuando el Congreso debía pronunciarse sobre la renuncia presidencial, la sesión conjunta quedó sin quórum después de que legisladores oficialistas abandonaran el recinto. El resultado fue una situación institucional excepcional: la dimisión no quedó aceptada ni rechazada, mientras el juicio político continuó su curso.
Peña anunció posteriormente que se presentaría ante el Senado para ejercer su derecho a la defensa, con argumentos y pruebas. Su decisión de participar en el procedimiento representa un cambio respecto de la salida que había planteado inicialmente, aunque también constituye un intento de conservar iniciativa política en medio de un escenario en el que perdió buena parte de los respaldos que sostenían su gestión.
El juicio político requiere una mayoría de 30 votos sobre los 45 integrantes del Senado para concretar la destitución. La Cámara alta debe escuchar los argumentos de la acusación y la defensa del mandatario antes de adoptar una resolución.
El costo político de una posible salida
Detrás de la discusión sobre la renuncia existe una cuestión constitucional de enorme relevancia. En Paraguay, los expresidentes elegidos democráticamente adquieren la condición de senadores vitalicios, con derecho a voz pero sin voto, salvo que hayan sido declarados culpables en un juicio político.
Esta diferencia explica buena parte de la disputa parlamentaria. Para sectores de la oposición, aceptar la renuncia antes de completar el enjuiciamiento podría permitirle a Peña acceder a esa condición y modificar las condiciones en las que podrían investigarse sus responsabilidades. Desde ese espacio denunciaron un posible intento de garantizar impunidad y reclamaron que el procedimiento llegue hasta una resolución sobre su conducta.
El oficialismo, en cambio, había defendido inicialmente la posibilidad de aceptar la dimisión y avanzar con la sucesión presidencial. Pero la falta de acuerdo terminó dejando al descubierto que el problema ya no es solamente quién ocupará la Presidencia, sino también cómo se establecerán las responsabilidades políticas por la crisis.
Si Peña deja definitivamente el cargo, el vicepresidente Pedro Alliana deberá asumir y completar el mandato constitucional, que se extiende hasta agosto de 2028. El pedido de juicio político contra Alliana también fue tratado en Diputados, pero no consiguió los votos necesarios para avanzar.
Ueno Bank, el origen de una crisis que alcanzó al poder
El detonante de la crisis fue la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay, después de detectar graves problemas de solvencia y préstamos a empresas vinculadas con su propio grupo económico que superaban los límites regulatorios.
La medida paralizó las operaciones de la entidad, incluidas las transferencias, los depósitos y los retiros, y dejó a millones de clientes sin acceso inmediato a sus fondos. Según los datos difundidos sobre el caso, el banco tenía alrededor de tres millones de usuarios, una cifra equivalente a una proporción muy significativa de la población paraguaya, y administraba aproximadamente 850 millones de dólares en fondos públicos.
Uno de los puntos más delicados es la exposición del Instituto de Previsión Social, que tenía comprometidos unos 380 millones de dólares. Se trata de recursos vinculados con el sistema previsional y sanitario, por lo que la crisis excede el perjuicio individual de los ahorristas y alcanza directamente a instituciones que administran fondos de enorme importancia social.
El Banco Central justificó su intervención por el deterioro patrimonial de la entidad, cuyo índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido. El proceso de resolución contempla mecanismos para devolver parte de los depósitos, aunque los montos que superen las garantías establecidas deberán recuperarse a medida que avance la liquidación de los activos.
La situación provocó protestas en Asunción, donde los clientes reclamaron la restitución de sus ahorros y explicaciones sobre el destino del dinero. También hubo manifestaciones de trabajadores vinculados con el grupo empresario, que denunciaron problemas salariales y reclamaron respuestas laborales.
Los vínculos empresariales y la fractura del Partido Colorado
La dimensión política del caso está relacionada con los antecedentes empresariales del presidente. Peña fue accionista de Ueno Holding, el grupo propietario de la entidad financiera, hasta marzo de 2025. A esto se suma que Carlos Carvallo, quien había ocupado cargos directivos en Ueno, fue designado posteriormente al frente del Banco Central. Su renuncia, en medio de la crisis, agregó otro elemento de cuestionamiento sobre los vínculos entre el poder político y el sistema financiero.
La oposición considera que estos antecedentes requieren explicaciones y una investigación exhaustiva para determinar si existieron conflictos de intereses o responsabilidades en las decisiones que precedieron a la intervención. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación penal sobre posibles irregularidades vinculadas con el caso, mientras que el proceso político deberá establecer si existen elementos suficientes para atribuir responsabilidades al presidente.
Pero el dato más significativo es que Peña también perdió el respaldo de sectores centrales de su propio partido. Horacio Cartes, presidente del Partido Colorado y uno de los principales referentes políticos que habían acompañado su llegada al poder, retiró su apoyo y se manifestó a favor del juicio político.
Esa ruptura modifica el escenario interno del oficialismo y demuestra que la crisis dejó de ser una confrontación entre gobierno y oposición. Cuando los sectores que sostuvieron políticamente a un presidente comienzan a tomar distancia, las posibilidades de supervivencia institucional se reducen considerablemente.
Una crisis que pone a prueba la confianza pública
El caso paraguayo reúne dos problemas que, aunque tienen mecanismos diferentes, terminan alimentándose mutuamente: la fragilidad de una entidad financiera que administraba recursos de millones de personas y la pérdida de confianza en las autoridades encargadas de supervisar el sistema.
La intervención de Ueno Bank expuso las consecuencias que puede tener un deterioro bancario cuando alcanza a fondos públicos y previsionales. Pero la controversia sobre los vínculos empresariales del presidente y la respuesta institucional frente a las denuncias trasladaron el conflicto al centro del poder político.
La evolución del juicio también tendrá consecuencias sobre la credibilidad de las instituciones paraguayas. Si el procedimiento se desarrolla con garantías y permite esclarecer las responsabilidades, podría convertirse en una instancia de rendición de cuentas. Si, por el contrario, queda condicionado por acuerdos partidarios o maniobras para evitar una definición, el costo institucional puede ser todavía mayor.
Paraguay enfrenta así una crisis que combina incertidumbre financiera, tensiones políticas y cuestionamientos sobre los controles del Estado. La salida de Santiago Peña, cualquiera sea el mecanismo por el que finalmente se concrete, no resolverá por sí sola las dudas sobre el funcionamiento de Ueno Bank ni garantizará la recuperación de los fondos comprometidos.
El verdadero desafío será determinar qué ocurrió, quiénes deben responder y cómo se restablece la confianza de una sociedad que descubrió que una crisis bancaria puede terminar comprometiendo no solamente sus ahorros, sino también la estabilidad de su gobierno.


























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