La Cámara baja aprobó el proyecto impulsado por Maximiliano Pullaro con 37 votos afirmativos y 11 negativos. La negociación entre radicales y socialistas eliminó la posibilidad de interrogar a imputados sin abogado, descartó las zonas de intervención policial especial y estableció controles para los allanamientos excepcionales. Ahora deberá resolver el Senado

























