La nueva licitación de la Hidrovía volvió a quedar en el centro de la polémica tras una serie de denuncias que apuntan tanto a presuntos sobrecostos para el sector productivo como a posibles beneficios para empresarios cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo
Mientras el Gobierno nacional impulsa el nuevo esquema de concesión para el dragado y balizamiento de la principal vía de exportación del país, desde distintos sectores comenzaron a cuestionar el impacto económico y político del proceso. Una de las advertencias más fuertes surgió desde entidades vinculadas al agro y operadores portuarios, que calculan que las modificaciones previstas podrían generar un sobrecosto de entre 300 y 400 millones de dólares para los productores argentinos.
Las críticas se centran especialmente en la profundización del canal navegable y en el esquema tarifario previsto para la concesión. Según sostienen los cuestionamientos, las nuevas exigencias técnicas beneficiarían principalmente a grandes exportadoras y operadores internacionales, mientras trasladarían mayores costos a las cadenas productivas regionales.
En paralelo, otra denuncia publicada en las últimas horas apunta a supuestos vínculos entre empresarios interesados en la licitación y figuras cercanas al núcleo político del Gobierno. La investigación menciona particularmente a empresarios con llegada a Santiago Caputo, uno de los principales asesores de Javier Milei, y plantea dudas sobre la transparencia del proceso licitatorio.
Entre los nombres mencionados aparece el del empresario Guillermo Misiano, ligado al sector naviero y señalado por sus vínculos con operadores que mantienen diálogo frecuente con funcionarios nacionales. Según la denuncia, parte de los cambios impulsados en la licitación podrían favorecer a determinados grupos económicos interesados en el negocio del dragado y el transporte fluvial.
La discusión sobre la Hidrovía volvió así a cruzar intereses económicos, puertos, exportaciones y tensiones políticas. En provincias vinculadas al complejo agroexportador, varios sectores comenzaron a reclamar mayor información sobre las condiciones de la concesión y el impacto que tendrá en los costos logísticos de una de las principales fuentes de ingreso de divisas del país.