Diputados recibieron a damnificados que denuncian incumplimientos contractuales. Solicitan la mediación de Defensa del Consumidor y la Secretaría de Comercio
Los reclamos de ahorristas de planes de vivienda de Bauen Pilay sumaron un nuevo capítulo al ingresar formalmente en la Legislatura santafesina, donde se pidió la intervención del Estado para encauzar el conflicto. Un grupo de damnificados fue recibido por la comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara de Diputados, donde denunciaron demoras en las entregas, cambios en las condiciones contractuales y modificaciones en la ubicación de las unidades.
Durante la audiencia, los ahorristas señalaron que, tras más de una década de pagos, muchos de ellos cercanos a completar los planes, no obtienen respuestas concretas sobre la adjudicación de sus viviendas. En particular, cuestionaron que departamentos originalmente previstos en zonas céntricas sean reemplazados por opciones en desarrollos ubicados en la periferia, además de denunciar alteraciones unilaterales en los contratos.
El conflicto, que ya había sido planteado previamente en el Concejo Municipal, se trasladó ahora al ámbito provincial con el objetivo de encontrar una vía institucional de solución. En ese marco, el diputado Miguel Rabbia impulsó un proyecto para que el Poder Ejecutivo intervenga a través de las áreas de Defensa del Consumidor y la Secretaría de Comercio.
La iniciativa busca establecer un mecanismo de mediación que permita ordenar los reclamos y generar instancias de diálogo entre las partes. “Esto ya es una cuestión de orden público, que excede lo individual”, sostuvo el legislador, quien remarcó la necesidad de garantizar condiciones equitativas entre los consumidores y la empresa.
El planteo no apunta a dirimir responsabilidades judiciales, sino a facilitar acuerdos que permitan avanzar en la resolución del conflicto y en la recomposición de derechos. En paralelo, también se realizaron encuentros con organizaciones de defensa del consumidor para acercar posiciones y dar continuidad a las gestiones.
Desde la empresa, en tanto, defendieron el funcionamiento de sus planes bajo un esquema de “construcción colaborativa”, basado en contratos de largo plazo que —según indicaron— contemplan ajustes ante cambios económicos. Señalaron que en este modelo los inversores aportan el capital y asumen una participación proporcional en el costo real de las obras, lo que implica que las condiciones pueden adaptarse durante el desarrollo de los proyectos.
Sin embargo, esa explicación no responde de manera directa a los cuestionamientos centrales de los ahorristas, que reclaman el cumplimiento de los términos originalmente pactados. Mientras tanto, el conflicto continúa abierto y suma instancias institucionales en busca de una solución.