La Procuraduría de Investigaciones Administrativas asumió el impulso de la acción penal que había dejado de lado el fiscal Eduardo Taiano y apeló los sobreseimientos dispuestos por el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Sostiene que la investigación está lejos de agotarse y reclama profundizar pruebas sobre el lanzamiento de la criptomoneda, los vínculos entre sus protagonistas y la intervención presidencial
El cierre judicial del caso $LIBRA encontró un nuevo obstáculo. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), organismo especializado en investigar hechos de corrupción y delitos vinculados con funcionarios públicos, decidió intervenir formalmente en el expediente, asumir el ejercicio de la acción penal y cuestionar los sobreseimientos que beneficiaron al presidente Javier Milei, a su hermana Karina y a otros nueve imputados.
La decisión, encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, introduce un cambio significativo en el recorrido de una causa que parecía encaminada hacia su final. La Procuraduría tomó el lugar que había dejado vacante el fiscal Eduardo Taiano, quien solicitó el sobreseimiento de los acusados, y presentó un planteo para que se reabra la investigación. En caso de que el juzgado rechace ese pedido, interpuso una apelación subsidiaria para que la Cámara Federal revise la decisión.
El argumento central de la PIA es que el expediente no está en condiciones de cerrarse porque todavía existen medidas de prueba pendientes y elementos que requieren un análisis más profundo. En su presentación, calificó de prematura la resolución judicial y sostuvo que la evidencia reunida hasta ahora justifica continuar investigando.
La intervención tiene una dimensión institucional que excede la discusión procesal. Por primera vez desde que se inició la investigación penal, un organismo especializado en delitos de corrupción asume directamente el impulso de la causa y contradice el criterio del fiscal que tuvo a su cargo la pesquisa durante aproximadamente un año y medio.
Las pruebas que quedaron bajo discusión
La Procuraduría cuestionó que se haya considerado agotada una investigación en la que todavía faltan respuestas de otras jurisdicciones, entre ellas Estados Unidos, y peritajes forenses sobre dispositivos electrónicos que podrían aportar información relevante.
Uno de los puntos que busca profundizar es la relación entre los protagonistas del lanzamiento de $LIBRA y los posibles acuerdos comerciales que rodearon la operación. También considera necesario reconstruir la circulación del dinero y examinar las comunicaciones entre los involucrados.
Entre los elementos mencionados aparece una nota encontrada en los dispositivos de Mauricio Novelli, uno de los principales intermediarios del proyecto, que hacía referencia a un supuesto acuerdo por cinco millones de dólares. Para la PIA, el análisis realizado hasta ahora no permite descartar las hipótesis que dieron origen a la investigación.
Otro interrogante apunta directamente al Presidente: cómo obtuvo el contrato que difundió en sus redes sociales el 14 de febrero de 2025, cuando promocionó la criptomoneda. También reclamó profundizar el análisis de los ingresos de Novelli y otros involucrados a la Casa Rosada, considerando las fechas y la reiteración de esos encuentros.
La Procuraduría entiende que esos indicios deben evaluarse de manera conjunta. No afirma que exista responsabilidad penal demostrada, pero considera que los elementos disponibles justifican continuar la investigación antes de descartar la posible comisión de delitos.
El papel de Taiano y una intervención que incomoda el cierre
La decisión de la PIA también expone una diferencia dentro del propio Ministerio Público Fiscal. Taiano entendió que no había elementos suficientes para sostener la continuidad de la persecución penal y solicitó los sobreseimientos. El juez Martínez de Giorgi aceptó ese criterio y cerró el expediente el 23 de octubre.
Sin embargo, dos organizaciones que participan en la causa como amicus curiae, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), habían reclamado que la Procuraduría asumiera la investigación. Ambas cuestionaron el tratamiento de las pruebas y consideraron que el cierre podía impedir el esclarecimiento de hechos de interés público.
La PIA respondió a ese pedido y decidió intervenir, pese a las dificultades procesales que implicaba hacerlo después de que el juez ya hubiera dictado los sobreseimientos y sin haber tenido participación directa durante la investigación anterior.
El organismo cuenta con antecedentes de intervenciones en causas relevantes. Entre ellas se encuentran Skanska y Vacunatorio VIP, expedientes en los que impulsó medidas de investigación que habían encontrado obstáculos en otras instancias judiciales. Esa trayectoria explica por qué su participación en $LIBRA adquiere una importancia particular.
Un desenlace que todavía depende de la Justicia
El movimiento de la PIA no anula los sobreseimientos ni significa que la causa haya sido reabierta. El planteo deberá ser resuelto por el juzgado y, si corresponde, por la Cámara Federal. La decisión final sobre la continuidad del expediente sigue pendiente.
La discusión, además, no se limita a determinar si hubo una operación financiera irregular. El caso involucra la utilización de la investidura presidencial para promocionar un activo digital, las relaciones entre el entorno del Gobierno y los impulsores del proyecto y las consecuencias económicas para quienes invirtieron luego de aquella difusión.
La pregunta institucional de fondo es hasta dónde debe llegar la investigación cuando existen elementos que todavía no fueron completamente esclarecidos y cuando el funcionario de mayor jerarquía del Poder Ejecutivo aparece involucrado en los hechos examinados.
La intervención de la PIA vuelve a colocar esa discusión en el centro de la escena. También demuestra que el cierre dispuesto por un juez, a partir del dictamen de un fiscal, no necesariamente clausura todas las instancias de revisión cuando otros actores institucionales cuestionan el procedimiento y reclaman que se produzcan nuevas pruebas.
En un caso que desde su origen tuvo repercusiones políticas y financieras, la controversia judicial suma ahora otro capítulo: ya no se discute solamente qué ocurrió con $LIBRA, sino también si la investigación que debía esclarecerlo se cerró antes de tiempo. Y esa diferencia puede resultar determinante para el futuro del expediente y para la responsabilidad institucional que se intenta establecer.


























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