La Procuraduría de Investigaciones Administrativas asumió el impulso de la acción penal que había dejado de lado el fiscal Eduardo Taiano y apeló los sobreseimientos dispuestos por el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Sostiene que la investigación está lejos de agotarse y reclama profundizar pruebas sobre el lanzamiento de la criptomoneda, los vínculos entre sus protagonistas y la intervención presidencial

























