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Santa Fe rechaza extender las retenciones a las billeteras virtuales y prioriza a los pequeños comercios

El gobierno de Santa Fe resolvió mantenerse al margen del reclamo de las grandes cadenas de supermercados para extender las retenciones del impuesto sobre los Ingresos Brutos a las operaciones realizadas mediante billeteras virtuales. La decisión apunta a preservar el esquema actual para pequeños comercios y emprendedores, en un contexto en el que los pagos digitales ganaron espacio en las transacciones cotidianas y se convirtieron en una herramienta habitual para vender y cobrar.

La controversia comenzó cuando la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), que representa a importantes cadenas nacionales y multinacionales, solicitó que la Provincia se incorporara al Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago (SIRCUPA). La entidad sostiene que la falta de adhesión genera diferencias entre los comercios que reciben pagos mediante cuentas bancarias, sujetos a mecanismos de retención, y aquellos que operan con billeteras virtuales sin el mismo tratamiento.

Desde el Ministerio de Economía santafesino, en cambio, advierten que aplicar el sistema sin distinguir adecuadamente el origen de los fondos podría perjudicar a miles de pequeños contribuyentes. La preocupación central es que las cuentas digitales utilizadas por comerciantes y trabajadores independientes suelen mezclar ingresos por ventas con transferencias personales, familiares y otras operaciones que no necesariamente están alcanzadas por el tributo.

La disputa por la competencia comercial

El planteo de las grandes cadenas se apoya en la necesidad de equiparar las condiciones tributarias entre los distintos actores del comercio. Según la asociación, mientras las empresas formalizadas afrontan mecanismos de recaudación anticipada, otros establecimientos podrían recibir pagos mediante cuentas virtuales sin las mismas retenciones, lo que —a su entender— genera una ventaja competitiva y facilita la evasión.

Las empresas sostienen que no reclaman la creación de un nuevo impuesto ni un aumento de las alícuotas, sino extender a las cuentas de pago un mecanismo de recaudación anticipada que ya existe para otras operaciones financieras.

La postura provincial introduce otra dimensión en el debate. Para Santa Fe, una retención aplicada sobre cada acreditación puede alcanzar movimientos que no corresponden a ventas comerciales. Un trabajador independiente, por ejemplo, puede recibir en una misma cuenta el pago de un servicio, una transferencia de un familiar y el reintegro de un gasto compartido. Si el sistema no discrimina adecuadamente esas operaciones, podría adelantar fondos a cuenta de un impuesto sobre ingresos que no están gravados.

El problema no se limita a los comercios informales. También puede afectar a contribuyentes registrados que utilizan una cuenta personal para administrar un emprendimiento pequeño y que no cuentan con una estructura administrativa capaz de separar todos sus movimientos financieros.

El peso de las billeteras en los comercios de cercanía

Las transferencias y los pagos mediante códigos QR modificaron la forma en que almacenes, kioscos, pequeños supermercados y prestadores de servicios cobran por sus productos y trabajos. Para muchos de esos negocios, las billeteras virtuales simplificaron las operaciones, redujeron la dependencia del efectivo y facilitaron el acceso a medios de pago electrónicos.

El Gobierno santafesino considera que extender las retenciones sin contemplar las particularidades de esos usuarios podría desalentar el uso de transferencias. Si los pequeños comerciantes pierden parte de la ventaja financiera que encuentran en esos medios de pago, podrían dejar de ofrecer descuentos asociados a las transferencias o volver a privilegiar el efectivo.

Ese escenario también tiene una dimensión vinculada con la seguridad. En una provincia donde el manejo de dinero en los locales y los traslados de recaudación constituyen una preocupación, sostener los pagos digitales aparece como un factor relevante para reducir la circulación de efectivo.

La decisión, sin embargo, no elimina el problema de fondo que plantea la asociación supermercadista: cómo garantizar que los comercios cumplan con sus obligaciones tributarias y compitan bajo reglas comparables sin imponer retenciones indiscriminadas sobre movimientos que no representan ventas.

Un anticipo de impuestos que también afecta la liquidez

El SIRCUPA es un mecanismo de recaudación anticipada de Ingresos Brutos sobre acreditaciones en cuentas de pago. No crea un impuesto nuevo, sino que permite descontar anticipadamente una parte de los fondos que luego puede computarse en la liquidación tributaria correspondiente.

Aunque se trata de un anticipo y no necesariamente de un costo fiscal definitivo, la retención tiene efectos inmediatos sobre la disponibilidad de dinero. Para una pequeña empresa con márgenes ajustados, disponer de menos fondos en el momento de cobrar puede complicar el pago a proveedores, la reposición de mercadería y otros gastos corrientes.

Además, cuando las retenciones superan el impuesto finalmente determinado, el contribuyente puede quedar con saldos a favor cuya recuperación o compensación requiere trámites y tiempo. Por eso, la discusión no es solamente cuánto se recauda, sino también sobre quién recae el costo financiero de adelantar esos recursos.

La posición santafesina busca evitar que ese mecanismo se aplique de manera generalizada a cuentas que reúnen operaciones de distinta naturaleza. La alternativa plantea un desafío para la administración tributaria: mejorar los controles sobre las ventas efectivamente gravadas sin generar distorsiones sobre el uso cotidiano de las billeteras virtuales.

El desafío de equilibrar recaudación y actividad económica

La decisión de la Provincia abre una discusión que atraviesa a buena parte del comercio argentino. Por un lado, las grandes cadenas reclaman condiciones tributarias equivalentes y controles más amplios sobre las operaciones digitales. Por otro, el Gobierno santafesino prioriza evitar que los anticipos fiscales afecten la liquidez de los pequeños negocios y desalienten los pagos electrónicos.

En el fondo, la controversia expone las dificultades de adaptar los mecanismos tradicionales de recaudación a una economía en la que las cuentas digitales ya no se utilizan exclusivamente para actividades comerciales, sino también para administrar gastos personales y transferencias entre particulares.

Para Santa Fe, el desafío será sostener esa posición sin debilitar los controles sobre la evasión ni generar ventajas injustificadas entre competidores. La decisión de no adherir al SIRCUPA mantiene el esquema actual, pero no cierra el debate sobre cómo mejorar la fiscalización tributaria en el comercio digital.

El resultado dependerá de la capacidad de la Provincia para encontrar mecanismos que distingan los ingresos gravados de los movimientos personales y que, al mismo tiempo, aseguren reglas claras para los distintos actores económicos. En esa búsqueda se juega una cuestión concreta para la economía santafesina: cómo recaudar sin agregar obstáculos financieros a los comercios de cercanía que sostienen buena parte de la actividad cotidiana.