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El INTA exoneró a una investigadora que estudió la presencia de agroquímicos en el ambiente y el cuerpo humano

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) resolvió exonerar a Virginia Aparicio, investigadora que trabajaba en la Estación Experimental Agropecuaria de Balcarce y coordinaba en el país el proyecto internacional SPRINT, dedicado a estudiar la presencia de plaguicidas en los sistemas productivos, el ambiente y las personas. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 366 del Consejo Directivo del organismo y constituye la sanción más grave prevista en el régimen de empleo público nacional.

La medida cerró un proceso administrativo que llevaba casi tres años y que había generado cuestionamientos de sectores científicos y ambientalistas. Aparicio rechaza las acusaciones y sostiene que la sanción tiene un trasfondo político vinculado con la sensibilidad de los temas investigados. El INTA, por su parte, argumentó que existieron incumplimientos en la gestión del proyecto y en los procedimientos institucionales.

El caso plantea interrogantes sobre el funcionamiento de los organismos científicos públicos, los mecanismos de control administrativo y las condiciones en las que se desarrollan investigaciones relacionadas con la producción agropecuaria, la salud y el ambiente.

Una investigación sobre la circulación de los plaguicidas

Aparicio participó en SPRINT, un consorcio internacional coordinado por la Universidad de Wageningen, de Países Bajos, y financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea. El INTA se incorporó a la iniciativa en 2020, con el objetivo de estudiar la exposición a plaguicidas en diferentes sistemas productivos y evaluar su presencia en el ambiente y en muestras biológicas.

El equipo argentino analizó más de 200 sustancias y sus posibles combinaciones a partir de muestras de suelo, agua, sangre, orina y materia fecal, entre otras. El estudio también comparó distintos modelos productivos para investigar diferencias en los niveles de exposición a agroquímicos.

Los resultados identificaron mezclas de plaguicidas en muestras ambientales y biológicas. Entre los datos difundidos se destacó la detección de glifosato en la orina del 84% de las personas que participaron del estudio argentino, integrado por 73 voluntarios.

Estos hallazgos no permiten, por sí solos, establecer que una sustancia haya causado una enfermedad determinada. La detección de un compuesto y la evaluación de sus efectos sanitarios son cuestiones diferentes y requieren analizar dosis, vías de exposición, condiciones individuales y evidencia epidemiológica. Precisamente, la investigación sobre la presencia y circulación de estas sustancias busca aportar información para profundizar ese conocimiento.

Los argumentos del organismo y la respuesta de la científica

Según los fundamentos de la resolución, el INTA atribuyó a Aparicio presuntas infracciones vinculadas con el uso de sus facultades, el manejo de información reservada y el cumplimiento de los procedimientos institucionales. Entre los cuestionamientos figuran la participación de un investigador retirado sin designación formal, modificaciones en aspectos del protocolo de investigación y el envío de muestras a laboratorios de Países Bajos sin la autorización institucional que el organismo consideraba necesaria.

La resolución también objetó aspectos relacionados con el comité de ética utilizado y con la cantidad de participantes consignados respecto del protocolo. El INTA sostuvo que esas conductas justificaban la aplicación de la sanción máxima, aunque reconoció que no se había acreditado un beneficio económico personal para la investigadora ni determinado un perjuicio fiscal. También señaló que Aparicio no registraba antecedentes disciplinarios.

La científica, en cambio, cuestionó la legitimidad y la proporcionalidad de la medida. Durante el proceso había advertido que su apartamiento podía generar temor entre otros investigadores y desalentar estudios sobre asuntos ambientalmente sensibles. Tras agotarse la instancia administrativa, anticipó que recurrirá a la Justicia para intentar revertir la exoneración.

La controversia requiere distinguir dos planos: la evaluación de los procedimientos administrativos y las denuncias sobre posibles condicionamientos a la investigación científica. Las acusaciones del organismo constituyen los fundamentos formales de la sanción, mientras que la interpretación de Aparicio sobre sus motivaciones deberá evaluarse a partir de los elementos disponibles y de las instancias de revisión correspondientes.

Un caso que trasciende al INTA

El conflicto se había hecho visible en 2023, cuando se frenó una presentación de los resultados del proyecto prevista para los productores que habían participado del estudio. Posteriormente, la investigadora fue apartada de la iniciativa, se inició el sumario administrativo y el organismo decidió retirar a la Argentina de SPRINT.

La exoneración generó nuevas expresiones de preocupación en sectores académicos, organizaciones científicas y entidades vinculadas con la defensa de la ciencia pública. Las objeciones se centran en la severidad de la sanción y en el posible efecto que el caso podría tener sobre otros equipos que investigan cuestiones relacionadas con la producción y el ambiente.

La discusión tiene una dimensión institucional más amplia. Los organismos públicos necesitan mecanismos de control para garantizar el uso adecuado de los recursos, la protección de los datos personales y el cumplimiento de los protocolos científicos. Al mismo tiempo, la investigación requiere condiciones que permitan producir y comunicar resultados con independencia, incluso cuando estos abren debates económicos, productivos o sanitarios.

El desafío consiste en que los procedimientos administrativos se apliquen con garantías, fundamentos verificables y criterios proporcionales, sin que las controversias científicas se confundan automáticamente con faltas disciplinarias ni las denuncias de los investigadores se den por demostradas antes de su evaluación.

La salida de Aparicio del INTA cierra una etapa administrativa, pero no necesariamente la discusión sobre las razones y las consecuencias de la medida. La eventual revisión judicial y la respuesta institucional a los cuestionamientos permitirán conocer mejor los alcances del caso, que ya se convirtió en un nuevo foco de debate sobre la ciencia pública argentina.