Pablo Javkin confirmó que la ciudad adherirá al nuevo régimen provincial y enviará al Concejo una propuesta para definir su aplicación local. La norma habilita sanciones contra la actividad no autorizada, pero también plantea medidas de capacitación e inclusión laboral para quienes la ejercen en contextos de vulnerabilidad
Rosario se encamina hacia un nuevo esquema para regular la actividad de los cuidacoches. El intendente Pablo Javkin confirmó que el municipio adherirá al régimen aprobado esta semana por la Legislatura santafesina y anticipó que enviará un mensaje al Concejo Municipal una vez terminado el análisis del texto convertido en ley.
La decisión no implica una aplicación automática de la normativa provincial. La ley modifica el Código de Convivencia de Santa Fe y establece que la actividad de cuidacoches puede ser considerada una contravención allí donde exista una regulación municipal que la prohíba. Por eso, Rosario deberá definir ahora su propio marco normativo y determinar cómo se instrumentarán las nuevas herramientas en el territorio.
El proceso tendrá especial relevancia para una ciudad donde la presencia de cuidacoches forma parte desde hace años de la vida cotidiana en determinadas zonas, particularmente en áreas de alta circulación, sectores gastronómicos, comerciales y alrededores de espectáculos y eventos masivos.
El desafío de ordenar la calle sin perder de vista el problema social
Javkin planteó que la experiencia de los Juegos Suramericanos también sirvió para observar de cerca la problemática. Durante el desarrollo de las competencias, el municipio tuvo que trabajar sobre la presencia de cuidacoches en las inmediaciones de las sedes y, según explicó el intendente, esa experiencia podrá ser utilizada para diseñar la futura regulación.
Pero el propio jefe municipal introdujo un matiz importante. Señaló que el tratamiento local deberá contemplar que “no son todas las situaciones similares” y que existe una dimensión social que debe ser considerada.
Ese punto será central en la discusión que viene. La nueva legislación contempla sanciones para quienes desarrollen la actividad sin autorización en lugares donde esté prohibida, pero al mismo tiempo establece que la provincia deberá implementar medidas de prevención e inclusión social, capacitación, formación en oficios e intermediación laboral. También incorpora abordajes vinculados con salud mental y consumos problemáticos.
La diferencia no es menor. El debate ya no pasa solamente por si la actividad debe ser permitida o prohibida, sino por cómo distinguir entre situaciones que pueden involucrar prácticas extorsivas o violentas y aquellas personas que encuentran en el cuidado de vehículos una fuente informal de ingresos ante la falta de alternativas laborales.
Una discusión que Rosario ya conoce
El tema tampoco es nuevo para el Concejo Municipal. Existen iniciativas anteriores para regular la actividad y el propio Javkin recordó que el cuerpo legislativo ya tiene proyectos sobre la cuestión. Ahora, la sanción de la ley provincial modifica el escenario porque les proporciona a los municipios un marco de actuación que antes no estaba disponible en estos términos.
La discusión llega, además, en un contexto laboral particularmente delicado para Rosario. El último dato de desocupación del Gran Rosario ubicó la tasa en 11,5% durante el segundo trimestre de 2026, por encima del promedio de los principales aglomerados urbanos del país. Ese contexto vuelve especialmente relevante la dimensión de reconversión laboral que acompaña al nuevo régimen.
Desde sectores vinculados a la Pastoral Social ya se advirtió que no todas las personas que realizan esta actividad responden al mismo perfil y que existe una diferencia entre quienes atraviesan una situación de vulnerabilidad y las estructuras que pueden organizar el cobro, controlar determinados lugares o ejercer presión sobre los conductores.
La propia ley contempla agravantes cuando existen violencia o amenazas, cuando la actividad se desarrolla en zonas de estacionamiento tarifado, durante eventos masivos o aprovechando situaciones de vulnerabilidad, entre otros supuestos. También establece sanciones más severas cuando existe organización entre dos o más personas.
El próximo capítulo se juega en el Concejo
Con la adhesión anunciada por Javkin, el foco se trasladará ahora al ámbito municipal. Será el Concejo el que deberá discutir las características concretas de la regulación para Rosario, definir dónde y cómo se aplicará y establecer los mecanismos de control.
La discusión tendrá que resolver una cuestión especialmente sensible: cómo recuperar el control del espacio público y garantizar que ningún vecino sea presionado, amenazado o condicionado para estacionar, sin convertir una problemática social y laboral en una cuestión exclusivamente punitiva.
El desafío será doble. Por un lado, generar reglas claras para que el estacionamiento en la vía pública no quede sujeto a cobros informales ni a situaciones de intimidación. Por otro, construir una alternativa para quienes dependen actualmente de esa actividad y pueden quedar fuera de ella cuando la nueva regulación comience a aplicarse.
Rosario tiene ahora el marco provincial para avanzar. Pero la parte más compleja todavía está por delante: convertir una ley general en una política local que pueda ordenar efectivamente la calle y, al mismo tiempo, diferenciar las distintas realidades que conviven detrás de una actividad que durante años permaneció en una zona gris de la ciudad.