La Cámara alta convirtió en ley la reforma impulsada por el Gobierno para flexibilizar el Régimen Simplificado de Ganancias. La oposición cuestionó que el nuevo esquema facilite la regularización de patrimonios sin exigir demasiadas explicaciones sobre su origen. Tampoco prosperó una propuesta para extender las restricciones a cónyuges, convivientes y familiares de personas políticamente expuestas, una omisión que deja abierta una zona de sospechas sobre posibles maniobras para eludir los controles
El Senado convirtió en ley este jueves la denominada Inocencia Fiscal II, una reforma impulsada por el Gobierno de Javier Milei que flexibiliza el Régimen Simplificado de Ganancias, elimina los límites de ingresos y patrimonio para acceder al sistema y reduce el margen de intervención de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre las declaraciones de los contribuyentes.
La iniciativa fue aprobada por 44 votos contra 23, con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la UCR y distintos bloques provinciales. El peronismo rechazó la reforma y cuestionó especialmente las facilidades que, según sus críticas, podrían terminar funcionando como un blanqueo fiscal de amplio alcance.
Uno de los aspectos más sensibles del debate estuvo en las restricciones para funcionarios y personas políticamente expuestas. La versión aprobada establece que el Presidente, legisladores, jueces, ministros y otros funcionarios no podrán utilizar determinados beneficios del régimen, y extiende la prohibición a quienes hayan ocupado cargos públicos durante los cinco años anteriores.
Pero no prosperó la propuesta del senador peronista Fernando Salino para ampliar esas restricciones a cónyuges, convivientes y familiares de funcionarios. El oficialismo no aceptó modificaciones y el proyecto terminó convertido en ley tal como había llegado desde Diputados.
La diferencia no es menor. Al quedar fuera del alcance de la prohibición directa los familiares de funcionarios y otras personas vinculadas a ellos, aparece una zona gris en materia de control patrimonial. No significa que exista una maniobra de evasión ni que los familiares de funcionarios estén utilizando el régimen para ocultar dinero, pero sí deja planteada una pregunta sobre la capacidad del sistema para impedir que una eventual titularidad formal de bienes o fondos termine funcionando como una vía indirecta para sortear las restricciones impuestas a los funcionarios.
Menos controles y más contribuyentes dentro del régimen
La reforma elimina los límites de ingresos y patrimonio que hasta ahora impedían acceder al Régimen Simplificado de Ganancias. En el esquema anterior quedaban excluidos quienes hubieran registrado ingresos superiores a $1.000 millones o un patrimonio mayor a $10.000 millones en alguno de los últimos tres años.
A partir de la nueva ley, esos topes desaparecen para los contribuyentes con residencia fiscal en el país. De esta manera, el universo potencialmente alcanzado por el régimen se amplía considerablemente, incluyendo a personas con patrimonios e ingresos muy superiores a los que originalmente estaban contemplados.
También se modifica el criterio mediante el cual ARCA puede objetar una declaración. La normativa incorpora el concepto de “discrepancia significativa”, con un piso de $5 millones y un parámetro porcentual del 15% para determinados desvíos detectados por el organismo.
Además, los contribuyentes podrán rectificar sus declaraciones y regularizar inconsistencias sin quedar automáticamente excluidos del régimen.
Para el oficialismo, se trata de una manera de reducir la presión burocrática y mejorar la relación entre el fisco y quienes pagan impuestos. El senador libertario Bruno Olivera Lucero sostuvo durante el debate que el proyecto busca modificar la relación entre el Estado y los contribuyentes y afirmó: “Este proyecto trata la confianza. Trata de si vamos a seguir viendo a los contribuyentes como sospechosos de por vida o como lo que realmente son: ciudadanos que trabajan, pagan impuestos y merecen respeto”.
Patricia Bullrich, por su parte, defendió la reforma y rechazó que pueda ser utilizada para beneficiar a funcionarios o grandes contribuyentes. “Ni el Presidente de la Nación ni ningún funcionario ni todos los que estamos en este recinto vamos a poder usar este mecanismo”, aseguró.
La jefa del bloque oficialista también sostuvo que durante años el Estado generó desconfianza entre los ahorristas mediante inflación, controles cambiarios y otras medidas. “El enemigo de los ahorristas ha sido el Estado, que expropió de distintas formas ese dinero: hiperinflación, inflación, cepo, con todo tipo de mecanismos”, afirmó.
La oposición habló de un blanqueo encubierto
Desde el peronismo, en cambio, el diagnóstico fue completamente diferente. José Mayans calificó la iniciativa como “la ley Adorni” y sostuvo que beneficia a sectores que hasta ahora tenían dificultades para justificar determinados patrimonios.
El senador Jorge Capitanich cuestionó que la presunción de inocencia pueda confundirse con una validación del origen de los bienes. “La presunción de inocencia no legitima el origen del patrimonio; adherir a un régimen simplificado no significa un certificado de buena conducta patrimonial”, afirmó.
Mayans volvió a cargar contra el proyecto durante el cierre del debate y lo definió directamente como “una ley de blanqueo, de lavado fiscal”, al considerar que la reforma reduce las posibilidades de perseguir penalmente determinadas conductas vinculadas con la evasión.
El oficialismo rechazó esa interpretación y defendió la norma como un mecanismo para incentivar el regreso de ahorros al circuito formal. Olivera Lucero sostuvo que la existencia de grandes cantidades de dinero fuera del sistema financiero responde, entre otras razones, a la desconfianza generada por políticas estatales de los últimos años.
La pregunta que queda abierta
El Gobierno presentó la reforma como una herramienta para generar confianza, simplificar trámites y lograr que más dinero ingrese al circuito formal. Sus críticos advierten, en cambio, que la combinación entre mayores facilidades, desaparición de los límites patrimoniales y menores posibilidades de intervención de ARCA puede convertirse en un beneficio especialmente atractivo para quienes cuentan con grandes patrimonios.
En ese escenario, la decisión de no extender las restricciones a cónyuges, convivientes y familiares de personas políticamente expuestas agrega un interrogante que el debate parlamentario no terminó de despejar.
La ausencia de esa cláusula no demuestra que exista una maniobra de evasión, pero sí deja abierta una discusión sobre los mecanismos de control y sobre la posibilidad de que patrimonios vinculados con funcionarios puedan quedar formalmente fuera de las restricciones que pesan sobre ellos.
Mientras el oficialismo habla de “inocencia fiscal” y confianza, la oposición advierte sobre un eventual blanqueo encubierto. Entre ambas posiciones queda el nuevo régimen, que amplía de manera sustancial el universo de contribuyentes alcanzados y reduce los obstáculos para regularizar inconsistencias. La verdadera dimensión de ese cambio dependerá, en buena medida, de cómo se utilicen los nuevos mecanismos y de la capacidad efectiva de ARCA para controlar los patrimonios que ingresen al sistema.