La gestión de Javier Milei, que llegó con la promesa de bajar impuestos, multiplicó por más de tres en términos reales el gravamen sobre los combustibles. Hoy se lleva el 20,1% del precio de cada litro de nafta. Mientras la recaudación crece, el gasto de Vialidad se desplomó y el consumo de combustibles sigue por debajo del nivel de 2023
El Gobierno de Javier Milei encontró una manera bastante particular de meterle la mano en el bolsillo a los automovilistas: meterla directamente en el tanque. El impuesto a los combustibles se convirtió en el tributo que más creció durante la actual gestión, pese a que el discurso libertario prometía exactamente lo contrario: bajar la presión impositiva. Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado sobre datos oficiales, muestra que desde noviembre de 2023 el impuesto a los combustibles líquidos aumentó 1.387% en términos nominales, frente a una inflación acumulada del 329%. Descontado el efecto de la inflación, el aumento real fue del 240%. En otras palabras, el peso del impuesto sobre la nafta más que se triplicó desde el comienzo del Gobierno de Milei.
De 9 a 20 pesos de cada 100
El cambio puede verse con mayor claridad en el precio que paga cualquier automovilista al cargar combustible. En noviembre de 2023, los impuestos representaban el 8,9% del precio de la nafta. En agosto de 2026 ya explicaban el 20,1%.
Tomando como referencia el precio de la nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires, un litro cuesta actualmente unos 2.045 pesos. De ese monto, aproximadamente 411 pesos corresponden al impuesto a los combustibles.
A fines de 2023, y llevado el precio de entonces a valores actuales, el litro equivalía a unos 1.333 pesos y la carga impositiva representaba alrededor de 120 pesos.
El resultado es contundente: mientras el precio real del combustible aumentó un 53,4% desde el cambio de Gobierno, el impuesto avanzó muy por encima de la inflación.
Así, una de las promesas centrales de la gestión libertaria —reducir la carga tributaria— encuentra en el surtidor una de sus mayores contradicciones.
Más impuestos, menos rutas
El problema no termina en cuánto se paga en la estación de servicio. También aparece cuando se observa qué ocurre con el dinero que el Estado recauda.
El impuesto a los combustibles tiene destinos determinados por ley. Una parte importante debe financiar infraestructura y transporte, incluyendo obras y mantenimiento de las rutas nacionales.
Sin embargo, mientras la recaudación real de los fondos con asignación específica para Vialidad aumentó 91,2% entre enero y agosto de 2026 respecto del mismo período de 2023, el gasto real de la Dirección Nacional de Vialidad cayó 82,3%.
La contradicción resulta difícil de disimular: los automovilistas pagan mucho más y las rutas reciben mucho menos.
De acuerdo con el informe, durante los primeros ocho meses del año Vialidad ejecutó apenas el 32,7% de los fondos que teóricamente le correspondían por la asignación específica del impuesto.
Es decir, el dinero se recauda con un destino determinado, pero no necesariamente termina utilizándose para aquello para lo que fue creado.
La ley establece dónde debería ir la plata
La distribución del impuesto está establecida por la Ley 23.966 y sus modificatorias. Entre otros destinos, los recursos se asignan al sistema previsional, infraestructura de transporte, viviendas, obras hídricas, transporte público y también a la Nación y las provincias.
Una porción cercana al 28,58% corresponde al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, destinado a obras viales, corredores y transporte.
Otro 28,69% tiene como destino el sistema previsional, mientras que aproximadamente el 15% corresponde al Fondo Nacional de Vivienda y otro 4,31% a infraestructura hídrica.
El problema que señala el IAG es que, pese al fuerte aumento de los recursos obtenidos mediante el impuesto, el Gobierno no acompaña ese crecimiento con un nivel equivalente de inversión en Vialidad.
La consecuencia es una situación paradójica: se cobra un impuesto cada vez más pesado sobre quienes utilizan el auto, pero las rutas nacionales sufren un fuerte deterioro de la inversión pública.
El otro dato incómodo para el Gobierno
La recaudación aumenta, pero el consumo de nafta cae.
Durante los primeros siete meses de 2026 se vendieron 5.667,3 millones de litros, unos 314 millones menos que en el mismo período de 2023. La caída alcanza al 5,26%.
Respecto de 2025, el retroceso fue del 1,84%.
La baja alcanza prácticamente a todo el país, aunque con diferencias muy marcadas. Misiones registró el derrumbe más fuerte, con una caída del 32,48%, mientras que Formosa sufrió un retroceso del 26,26%.
No es casual que las provincias fronterizas sean las más afectadas. El aumento del precio de los combustibles argentinos hizo que cargar nafta del otro lado de la frontera resulte, en muchos casos, más conveniente. Parte de la demanda que antes quedaba en el mercado argentino terminó desplazándose hacia los países vecinos.
También cayó el consumo de los distintos tipos de nafta. La premium retrocedió 7,3% respecto de 2023 y la súper lo hizo un 4,5%.
El impuesto que crece mientras el consumo se achica
Hay, entonces, una combinación difícil de explicar desde el discurso oficial: más impuestos, menos consumo y mucha menos inversión vial.
El impuesto a los combustibles se transformó en una fuente creciente de recursos para las cuentas públicas. Entre enero y agosto, su recaudación real aumentó 91% respecto de 2023, siendo el tributo que más creció en términos reales durante el período.
Al mismo tiempo, otros ingresos vinculados a la actividad económica sufrieron retrocesos, entre ellos los aportes de la seguridad social, afectados por la pérdida de puestos de trabajo registrados.
La paradoja es que el Gobierno que llegó prometiendo aliviar la presión tributaria terminó haciendo que uno de los impuestos que paga directamente cada automovilista pese más que nunca en el precio final.
Y mientras la plata sale del tanque, las rutas esperan.
El resultado deja planteada una pregunta incómoda: si se recauda cada vez más con un impuesto que tiene destinos específicos, pero el gasto en Vialidad se desploma, ¿dónde termina el dinero?
Para los automovilistas, la respuesta más sencilla está cada vez que pasan por el surtidor: el Gobierno mete la mano en el tanque, cobra más y, al menos en las rutas, devuelve bastante menos.