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El Gobierno avanza sobre la Justicia y consigue una pieza clave para Comodoro Py

El Gobierno de Javier Milei consiguió este jueves una importante victoria política en el Senado al obtener el acuerdo para 67 designaciones judiciales. Entre ellas se encuentran las de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, quienes pasarán a integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, uno de los tribunales más sensibles del mapa judicial argentino.

La votación se produjo en una sesión que el oficialismo logró sostener con el respaldo de sus aliados y otros bloques dialoguistas. El pliego de Yadarola recibió 66 votos afirmativos, mientras que Bertuzzi obtuvo 44 votos a favor y 23 en contra, en una votación que expuso las diferencias políticas en torno a su trayectoria y su llegada a la Cámara Federal.

Más allá del volumen de nombramientos, el dato político está en los dos magistrados que ocuparán lugares en un tribunal de apelación que revisa las decisiones de los juzgados federales de Comodoro Py. Su intervención puede resultar determinante en expedientes que mantienen bajo presión a la administración libertaria.

Un tribunal en el centro de la escena

La Sala I de la Cámara Federal porteña tiene competencia sobre algunas de las investigaciones judiciales de mayor repercusión política y económica del país. Entre ellas aparecen la causa por el caso $LIBRA y las investigaciones vinculadas con presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad.

La importancia de la Cámara no reside únicamente en los nombres que la integran, sino en su función dentro del proceso judicial. Sus jueces revisan las resoluciones adoptadas en primera instancia y pueden confirmar, modificar o revocar decisiones que tienen consecuencias concretas sobre funcionarios, empresarios y dirigentes políticos.

En ese sentido, la incorporación de Bertuzzi y Yadarola adquiere una relevancia que excede sus respectivas trayectorias profesionales. Ambos pasarán a formar parte de un tribunal que puede convertirse en escenario de definiciones sensibles para el oficialismo.

La designación que generó más resistencia

Bertuzzi fue el nombre que provocó mayor controversia en el recinto. El juez ya integraba la Cámara Federal porteña y su permanencia había quedado atravesada por la discusión sobre los traslados de magistrados realizados durante el gobierno de Mauricio Macri.

En 2018 había sido trasladado desde el Tribunal Oral Federal 4 a la Cámara Federal junto con Leopoldo Bruglia. Aquellas designaciones fueron cuestionadas políticamente y posteriormente quedaron bajo análisis de la Corte Suprema, que estableció que ambos magistrados debían someterse a concursos para permanecer definitivamente en esos cargos.

El peronismo utilizó esos antecedentes para fundamentar su rechazo al pliego de Bertuzzi. El senador José Mayans sostuvo durante el debate que su bloque no pretendía obstaculizar la carrera judicial de los postulantes, pero que se opondría específicamente a ese nombramiento. Finalmente, el oficialismo consiguió los votos necesarios para aprobarlo.

Yadarola, en cambio, consiguió un respaldo mucho más amplio. El magistrado, que se desempeñaba en el fuero Penal Económico, obtuvo 66 votos afirmativos y no tuvo votos negativos.

Una Justicia que el Gobierno busca completar

La aprobación de los 67 pliegos forma parte de un proceso más amplio de cobertura de vacantes judiciales impulsado por la administración de Milei. Con esta nueva tanda, el Gobierno se acerca a las 180 designaciones en el Poder Judicial desde el inicio de su gestión.

El número adquiere relevancia porque durante años una gran cantidad de juzgados, fiscalías y defensorías funcionaron con subrogantes o magistrados provisorios. Para el oficialismo, cubrir esas vacantes constituye una forma de normalizar el funcionamiento de la Justicia.

Pero la oposición observa el proceso desde otra perspectiva. El debate no se limita a la necesidad institucional de completar cargos, sino que pone el foco en quiénes son los magistrados seleccionados, sus antecedentes y el impacto que sus decisiones pueden tener sobre investigaciones que afectan al poder político.

La discusión vuelve así sobre una cuestión histórica de la política argentina: la relación entre el Poder Ejecutivo y la Justicia Federal, particularmente en Comodoro Py, donde se concentran buena parte de las causas de mayor impacto institucional.

Las causas que miran al Gobierno

La nueva integración de la Cámara Federal porteña tendrá especial importancia a medida que avancen investigaciones que involucran directa o indirectamente a funcionarios de la actual administración.

Entre los expedientes que podrían llegar al tribunal aparecen el caso $LIBRA, que involucra al presidente Milei y a su hermana Karina, y las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en la ANDIS. También existen otras causas que comprometen a integrantes o exintegrantes del Gobierno.

Esto explica por qué las designaciones fueron seguidas con particular atención desde la Casa Rosada. Una Cámara Federal completa y con magistrados que cuentan con acuerdo del Senado tendrá capacidad para tomar decisiones en expedientes que pueden impactar tanto judicial como políticamente sobre el oficialismo.

La estrategia política detrás de los acuerdos

La sesión también exhibió una de las características centrales de la estrategia parlamentaria de La Libertad Avanza: avanzar en temas de fuerte interés para el Ejecutivo a partir de acuerdos con sectores que no integran formalmente el oficialismo.

Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, logró construir el escenario necesario para aprobar una agenda extensa que incluyó los pliegos judiciales y acuerdos internacionales. La capacidad de reunir voluntades alrededor de iniciativas concretas vuelve a mostrar que el Gobierno puede encontrar mayorías circunstanciales aun cuando no cuente con mayoría propia en la Cámara alta.

En paralelo, el oficialismo anticipó que buscará avanzar con otros proyectos de su agenda política, entre ellos la reforma electoral y Ficha Limpia.

Una nueva etapa para la Justicia Federal

La aprobación de los pliegos no significa que las causas sensibles para el Gobierno vayan a tomar un rumbo determinado. Los jueces deberán resolver cada expediente de acuerdo con las pruebas y las normas aplicables, y las decisiones podrán ser posteriormente revisadas por otras instancias.

Sin embargo, la renovación de una parte importante del Poder Judicial sí modifica el escenario institucional. El Gobierno logró avanzar en la cobertura de decenas de cargos y, al mismo tiempo, consiguió incorporar a dos magistrados en una Cámara cuya actividad tendrá especial trascendencia política durante los próximos meses.

El dato de fondo es que la disputa por el poder en la Argentina no se juega solamente en el Congreso o en las elecciones. También se libra en los tribunales, particularmente en aquellos que tienen capacidad para revisar investigaciones contra funcionarios y dirigentes. La nueva composición de la Cámara Federal porteña será, en ese sentido, uno de los capítulos a seguir de cerca.

Contexto y antecedentes

La aprobación de los 67 pliegos constituye uno de los movimientos más importantes del Gobierno para completar la estructura de la Justicia Federal. La tanda incluyó jueces, fiscales y defensores para distintos fueros y jurisdicciones del país, además de Bertuzzi y Yadarola.

El proceso también se desarrolla en paralelo con una discusión más amplia sobre el funcionamiento y la independencia del Poder Judicial. Durante el debate, el senador José Mayans cuestionó el nivel de confianza social en la Justicia y reclamó un Poder Judicial independiente y eficaz.

Con los acuerdos ya aprobados, el próximo capítulo será observar cómo se desempeñan los nuevos magistrados y, especialmente, qué decisiones adopta la Cámara Federal en las causas que pueden comprometer al Gobierno. Allí estará buena parte del verdadero impacto político de esta renovación.