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Un petrolero británico en Ushuaia reavivó la disputa entre Nación y Tierra del Fuego por soberanía y control del puerto

La llegada de un petrolero de bandera británica al puerto de Ushuaia volvió a encender la disputa política entre el Gobierno nacional y Tierra del Fuego y puso nuevamente la cuestión Malvinas en el centro de la agenda. El buque VS Promise, de 228,6 metros de eslora y con capacidad para transportar unas 73.800 toneladas de petróleo, amarró el lunes 24 de agosto en el muelle comercial de la capital fueguina, después de operar en la terminal petrolera de Río Cullen.

El episodio adquirió una dimensión política adicional porque el puerto de Ushuaia se encuentra bajo intervención nacional desde enero, cuando la Agencia Nacional de Puertos y Navegación desplazó a la administración provincial. Para el Gobierno de Tierra del Fuego, resulta contradictorio que Nación haya asumido el control de una terminal considerada estratégica para la soberanía argentina y que, bajo esa administración, haya operado allí una embarcación vinculada con el Reino Unido.

La reacción de Tierra del Fuego

El Ejecutivo fueguino calificó de “inadmisible” la presencia del buque y reclamó al Gobierno nacional que informe bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación.

La vicegobernadora Mónica Urquiza sostuvo que no se trata de una operación comercial menor, sino de un hecho ocurrido en el puerto de la capital de una provincia que, según la posición argentina, incluye a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

La administración de Gustavo Melella también cuestionó que el puerto haya sido intervenido por Nación precisamente bajo argumentos relacionados con su importancia estratégica para el Atlántico Sur y la Antártida.

El buque y su recorrido por Tierra del Fuego

El VS Promise figura registrado bajo bandera del Reino Unido y tiene puerto de matrícula en la Isla de Man, una dependencia de la Corona británica.

Antes de llegar a Ushuaia, el petrolero había operado en Río Cullen, en el norte de la Isla Grande de Tierra del Fuego, una zona vinculada con la producción de hidrocarburos de la Cuenca Austral. Según registros marítimos citados por medios fueguinos, el buque ya había realizado operaciones en esa terminal durante agosto.

La embarcación se dedica al transporte de crudo y productos petroleros y su llegada al puerto capitalino generó cuestionamientos no sólo por su bandera, sino también por el marco normativo provincial que regula la actividad de embarcaciones británicas en territorio fueguino.

La Ley Gaucho Rivero vuelve a escena

Uno de los puntos centrales de la controversia es la denominada Ley Gaucho Rivero, la normativa provincial que restringe la permanencia, amarre, abastecimiento y operaciones logísticas de buques de bandera británica o de conveniencia en los puertos de Tierra del Fuego.

La norma fue sancionada en el contexto de las tensiones por la soberanía de las Islas Malvinas y ya había sido utilizada para impedir el ingreso de cruceros con bandera británica a Ushuaia.

Por eso, desde la provincia consideran que el amarre del VS Promise requiere una explicación específica sobre el marco legal que permitió su ingreso y operación en la terminal.

Una disputa que excede al puerto

El episodio se produce además en medio de una fuerte controversia institucional entre la Casa Rosada y el gobierno de Melella por el manejo del puerto de Ushuaia.

La intervención nacional comenzó en enero y desplazó temporalmente a las autoridades provinciales de la administración de la terminal. Tierra del Fuego cuestionó judicialmente la medida y reclama recuperar el control del puerto, mientras Nación sostiene la necesidad de intervenir sobre una infraestructura que considera estratégica.

La llegada del petrolero británico volvió a colocar esa disputa bajo una mirada política diferente: para la provincia, la administración nacional terminó permitiendo justamente aquello que la legislación fueguina busca impedir.

Malvinas y la política exterior del Gobierno

El caso también reabre el debate sobre la política del Gobierno de Javier Milei respecto de la cuestión Malvinas. La presencia de una embarcación británica en Ushuaia ocurre en un territorio donde la disputa de soberanía constituye uno de los principales ejes de la identidad política y estratégica provincial.

El reclamo fueguino apunta así a una aparente contradicción entre el discurso de defensa de los intereses argentinos en el Atlántico Sur y la autorización de una operación comercial de un buque bajo bandera británica.

Desde Nación, hasta el momento, el episodio fue presentado desde la perspectiva de la actividad portuaria y de las autorizaciones correspondientes, mientras que la provincia busca convertirlo en un cuestionamiento político sobre el criterio con el que se administra una terminal que considera parte fundamental de su estrategia territorial y soberana.

Un nuevo foco de tensión entre Nación y las provincias

El conflicto por el VS Promise suma un capítulo a la creciente tensión entre el Gobierno nacional y Tierra del Fuego. El puerto, la soberanía sobre el Atlántico Sur y la relación con el Reino Unido se cruzan ahora en una controversia que excede ampliamente una operación marítima.

La provincia reclamó explicaciones públicas y volvió a cuestionar la intervención de la terminal. La respuesta del Gobierno nacional será determinante para establecer si el episodio queda reducido a una operación comercial autorizada bajo la normativa portuaria vigente o si se transforma en un nuevo conflicto institucional.

Por ahora, el amarre del petrolero británico dejó expuesta una paradoja política difícil de ignorar: el puerto cuya administración fue quitada a Tierra del Fuego bajo el argumento de su importancia estratégica y soberana recibió a un buque de bandera británica en medio de una disputa que todavía tiene a Malvinas como telón de fondo.

Contexto y antecedentes: La Agencia Nacional de Puertos y Navegación intervino el Puerto de Ushuaia el 20 de enero de 2026 y desplazó temporalmente a las autoridades provinciales. Tierra del Fuego judicializó la decisión y continúa reclamando la restitución de la administración. El episodio del VS Promise reavivó además la aplicación y el alcance de la legislación provincial que restringe la operación de embarcaciones británicas en sus puertos.