La iniciativa fue aprobada por unanimidad y funcionará desde el 10 de agosto en la Oficina Municipal del Consumidor. Además, el cuerpo solicitó información a la empresa sobre el estado de los planes de ahorro y capitalización. Los vecinos sostienen que hay unas 15.000 familias perjudicadas por demoras, cambios contractuales y otros incumplimientos
Un respaldo institucional al reclamo
Después de varios meses de movilizaciones y reclamos públicos, los ahorristas de Bauen Pilay obtuvieron este jueves un respaldo institucional que consideran clave para visibilizar la dimensión del conflicto que mantienen con la empresa. El Concejo Municipal de Rosario aprobó por unanimidad la creación de un Registro Municipal de Damnificados, una herramienta que permitirá relevar la situación de quienes denuncian incumplimientos en los planes de ahorro para vivienda comercializados por la firma y construir, por primera vez, una base de datos oficial sobre el alcance del problema.
El registro funcionará a partir del 10 de agosto en la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios, donde los suscriptores podrán acreditar su situación contractual, informar las características de su caso y dejar constancia de eventuales acciones judiciales iniciadas.
La resolución también incorpora un pedido formal para que la Unión Transitoria de Empresas integrada por Bauen Arquitectura SRL, Pilay SA y Pilares SRL remita información actualizada sobre el estado de los planes comercializados en Rosario.
Un conflicto que involucra a miles de rosarinos
Uno de los principales objetivos de la iniciativa es establecer la verdadera magnitud del conflicto. Hasta el momento, la Oficina del Consumidor registra alrededor de 70 reclamos formales, aunque tanto los vecinos autoconvocados como distintos concejales estiman que el número de familias afectadas podría ubicarse entre 15.000 y 16.000.
Precisamente, la ausencia de datos oficiales fue uno de los argumentos centrales que impulsó la creación del registro. Según denuncian los damnificados, la empresa dejó de suministrar información sobre la situación de los distintos grupos de ahorro desde que comenzaron los reclamos colectivos, dificultando cualquier intento por conocer cuántos suscriptores atraviesan problemas similares.
La nueva herramienta permitirá incorporar datos sobre el año de adhesión a cada plan, el grupo al que pertenece cada ahorrista, su situación contractual, el tipo de incumplimiento denunciado y cualquier otra información que contribuya a elaborar un diagnóstico integral.
Reunión de concejales con representantes de los vecinos damnificados de Bauen Pilay
Demoras, cambios y contratos incumplidos
Los vecinos sostienen que el conflicto excede ampliamente las demoras habituales que pueden presentarse en un sistema de ahorro previo. Entre las principales denuncias aparecen incumplimientos en los plazos de entrega de viviendas –que en algunos casos superan las dos décadas–, la suspensión unilateral de sorteos y licitaciones, modificaciones en las condiciones originales de adjudicación y cambios en la ubicación de los desarrollos inmobiliarios, que originalmente estaban previstos en zonas céntricas y luego fueron trasladados a sectores suburbanos.
Para los damnificados, esas modificaciones alteraron sustancialmente las condiciones bajo las cuales contrataron los planes de ahorro. «Todo desde hace ya años es incumplimiento», resumió Alicia Bernal, una de las referentes del grupo de vecinos autoconvocados, quien destacó que el objetivo del registro no es promover el cierre de la empresa sino lograr que cumpla los compromisos asumidos con sus clientes.
«Nosotros no queremos que la empresa quiebre; queremos que cumpla con nosotros», enfatizó.
Un acuerdo político tras días de negociaciones
La aprobación de la iniciativa estuvo precedida por intensas negociaciones entre los distintos bloques del Concejo. El proyecto impulsado por los vecinos atravesó momentos de incertidumbre durante su tratamiento en comisión debido a diferencias respecto del alcance de las medidas que debía adoptar el municipio.
Mientras algunos sectores impulsaban únicamente un pedido de informes dirigido a la empresa, los damnificados insistían en que resultaba indispensable crear un registro específico que permitiera reconocer institucionalmente el problema y cuantificar el universo de afectados.
Las diferencias derivaron incluso en momentos de tensión dentro del Palacio Vasallo y obligaron a realizar un cuarto intermedio para continuar las conversaciones.
Finalmente, el consenso alcanzado incorporó ambas herramientas: el registro reclamado por los vecinos y el requerimiento de información oficial a la empresa.
La empresa deberá informar sobre los planes
La resolución aprobada también encomienda a la Oficina Municipal del Consumidor solicitar información detallada sobre la totalidad de los planes de capitalización y ahorro comercializados en Rosario.
Entre otros aspectos, se requerirá conocer cuántos grupos permanecen activos, cuáles fueron adjudicados, cuántos continúan en etapa de obra, cuántos beneficiarios ya recibieron sus viviendas, el número de renuncias, los planes en mora y la cantidad de personas suscriptas a más de un contrato.
También se pedirá información sobre titulares en edad jubilatoria o con hijos menores de edad, datos que podrían contribuir a establecer el impacto social del conflicto.
Un reclamo que busca dejar de ser un problema entre privados
Durante el debate, los representantes de los ahorristas insistieron en que la situación ya no puede ser considerada un conflicto estrictamente contractual entre particulares.
Argumentaron que miles de familias ingresaron al sistema como única alternativa para acceder a una vivienda propia y que la prolongación de los incumplimientos terminó convirtiendo el problema en una cuestión de interés público.
En esa línea, varios concejales coincidieron en que el registro permitirá otorgarle al reclamo un marco institucional permanente y facilitar el diseño de futuras acciones destinadas a proteger los derechos de los suscriptores.
Para los damnificados, la resolución aprobada constituye apenas un primer paso. A partir de agosto comenzará una campaña de difusión y asesoramiento para que todas las personas alcanzadas por la situación se inscriban en el registro y aporten información que permita establecer con mayor precisión el alcance de un conflicto que lleva años sin una solución definitiva.