La derogación de una resolución del INPI reavivó el debate sobre patentes, uso propio y el costo de acceso a tecnologías agrícolas
El Gobierno nacional derogó la Resolución 283/2015 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, una norma que durante más de una década había fijado criterios restrictivos para el patentamiento de materia viva y desarrollos biotecnológicos. La decisión, formalizada a través de la Resolución 197/2026, vuelve a poner en discusión quién paga por la innovación genética en el agro y bajo qué reglas.
La medida fue defendida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, como una forma de fortalecer la propiedad intelectual y dar previsibilidad a las inversiones en biotecnología. Para sectores de la producción, en cambio, el cambio normativo puede facilitar reclamos de compensación económica por el uso de tecnologías incorporadas a semillas y cultivos.
El antecedente de la soja RR
La discusión tiene como caso emblemático a la soja RR, desarrollada originalmente por Monsanto —luego absorbida por Bayer—. La variedad transgénica se expandió de forma masiva en Argentina sin que la compañía pudiera cobrar regalías generalizadas a los productores, a diferencia de lo ocurrido en otros países. La condición autógama de la soja y el derecho al uso propio de semilla fueron factores centrales en esa expansión.
Durante los años 2000, Monsanto incluso impulsó reclamos judiciales en Europa contra cargamentos argentinos de soja, pero no logró imponer el cobro porque no contaba con patentes locales que respaldaran esa exigencia. La resolución de 2015 había reafirmado esa postura restrictiva frente al patentamiento de procedimientos biotecnológicos aplicados a organismos vivos.
Un cambio que no implica cobros automáticos
La derogación no crea por sí misma un nuevo sistema de regalías ni modifica de manera directa la Ley de Semillas. Sin embargo, elimina una barrera regulatoria y puede ampliar las herramientas de las empresas desarrolladoras para proteger sus innovaciones y reclamar retribuciones por su utilización.
El debate también se vincula con la intención oficial de reforzar controles sobre las variedades sembradas y con una eventual adhesión argentina al convenio UPOV 91, que establece una protección más estricta de los derechos de los obtentores vegetales. Esa eventual incorporación requeriría tratamiento legislativo en el Congreso.
Innovación, costos y soberanía productiva
El Gobierno sostiene que un marco más fuerte de propiedad intelectual puede atraer nuevos desarrollos, mejorar rindes y evitar que Argentina quede fuera de los lanzamientos tecnológicos de las grandes compañías. Pero los cuestionamientos apuntan a que el nuevo escenario podría trasladar mayores costos a productores, cooperativas y acopios, en especial a los de menor escala.
La discusión, de todos modos, excede a una resolución. En el fondo, vuelve a plantear una tensión histórica: cómo reconocer la investigación y el desarrollo sin convertir las semillas —base de la producción de alimentos— en un recurso cada vez más controlado por un puñado de corporaciones.