Con apoyo de sectores dialoguistas y gobernadores aliados, el oficialismo consiguió media sanción para modificar el régimen de subsidios al gas. La medida podría dejar afuera a millones de usuarios incorporados en 2021 y reabre el conflicto por el costo energético en plena crisis social
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei para recortar el alcance del régimen de “Zona Fría”, el esquema que otorga descuentos en las tarifas de gas a provincias y regiones con bajas temperaturas. La iniciativa obtuvo media sanción con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones, tras intensas negociaciones del oficialismo con gobernadores del norte y bloques dialoguistas. El proyecto redefine quiénes podrán acceder al beneficio y elimina descuentos automáticos para millones de hogares incorporados durante la ampliación de 2021. Según cálculos oficiales, el recorte permitiría un ahorro fiscal superior a los 270 mil millones de pesos.
La votación dejó además un mapa político atravesado por tensiones territoriales y energéticas. Mientras legisladores de la Patagonia, provincias del sur y zonas incorporadas recientemente denunciaron un “tarifazo encubierto”, diputados alineados con el oficialismo defendieron la necesidad de reducir subsidios y focalizar la asistencia sólo en regiones de frío extremo. El Gobierno logró apoyo clave de provincias del norte a cambio de compensaciones vinculadas al sistema eléctrico y subsidios energéticos regionales.
El cambio impacta especialmente en ciudades como Rosario y buena parte de Santa Fe, donde miles de usuarios podrían perder descuentos en las facturas justo cuando se aproxima el invierno y continúan los aumentos de servicios públicos. Distintos sectores opositores advirtieron que la reforma profundiza desigualdades territoriales y golpea a sectores medios ya afectados por caída salarial, inflación y aumento del costo de vida.
La discusión también expone uno de los ejes centrales del modelo económico libertario: el fuerte ajuste sobre subsidios estatales como herramienta para sostener el equilibrio fiscal. Desde la Casa Rosada insisten en que el actual esquema de asistencia energética es “ineficiente” y genera gastos imposibles de sostener. Pero del otro lado crecen las advertencias sobre el impacto social de trasladar cada vez más costos de energía directamente a los hogares.
De qué se trata el proyecto aprobado
El proyecto reforma el esquema implementado en 2021, a través de una ley impulsada por Máximo Kirchner (N° 27.637), que había ampliado el alcance del beneficio a más provincias. Tradicionalmente, la Patagonia, Malargüe -en Mendoza- y la Puna contaban con la reducción en la tarifa de gas, pero esa norma incluyó a departamentos y localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.
En caso de ser aprobado el texto, las áreas originarias mantendrán los subsidios al consumo residencial de gas natural y gas propano por redes. En cambio, para las zonas incorporadas por la ampliación de 2021, el beneficio quedará limitado a los hogares de menores ingresos incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.
El texto establece que los hogares de las zonas ampliadas solo recibirán una bonificación adicional por zona fría si están inscriptos en el SEF, que abarca a familias con ingresos netos menores o iguales a tres canastas básicas totales, y a beneficiarios de programas específicos como el ReNaBaP o la pensión a veteranos de Malvinas.
Otra modificación clave es que el subsidio se calculará exclusivamente sobre el precio del gas, y no sobre el total de la tarifa (que incluye costos de transporte y distribución), con lo cual se estima que habrá modificaciones en lo que los usuarios beneficiados finalmente deban pagar.
El Régimen de Zona Fría seguirá financiado por el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, constituido con un recargo de hasta 7,5% sobre el precio del gas natural. Sin embargo, se faculta al PEN a aumentar o disminuir el nivel del recargo en hasta un 50%.