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Paraguay, el modelo económico que mira Milei, enfrenta una crisis bancaria con consecuencias políticas

La crisis que sacude a Paraguay dejó de ser un problema circunscripto al sistema bancario para convertirse en un conflicto político de primera magnitud. La intervención de Ueno Bank, una de las entidades financieras digitales de mayor crecimiento del país, inmovilizó los ahorros de millones de clientes, comprometió recursos de organismos públicos y puso bajo sospecha los vínculos entre el poder político y el grupo empresario propietario del banco.

El caso tiene una particularidad que amplifica su repercusión regional: Paraguay es uno de los países que Javier Milei suele presentar como referencia de su modelo económico, por su baja presión tributaria, su apertura a las inversiones y su estabilidad macroeconómica. Ahora, el derrumbe de una entidad financiera de enorme alcance social expone las vulnerabilidades que pueden quedar ocultas detrás de esos indicadores.

El Banco Central del Paraguay dispuso el 2 de noviembre iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank después de detectar que su índice de solvencia había caído al 5,56%, menos de la mitad del mínimo regulatorio exigido, que es del 12%. La decisión implicó la suspensión de todos los servicios de la entidad, incluidas las operaciones digitales, las tarjetas y las transferencias.

El impacto fue inmediato. Con casi 2,95 millones de clientes registrados, el banco tenía una presencia masiva entre jubilados, trabajadores, pequeños comerciantes y sectores que habían encontrado en sus plataformas digitales una vía de acceso al sistema financiero. Para muchos, la cuenta bancaria era el principal instrumento para cobrar ingresos y administrar sus gastos cotidianos.

La interrupción de las operaciones generó una demanda extraordinaria de servicios en otras entidades y dificultades para miles de usuarios que quedaron temporalmente sin posibilidad de disponer de su propio dinero. La crisis también repercutió sobre la actividad comercial, con una caída de ventas estimada en el 35% según los datos publicados por Página/12.

Una expansión financiera bajo sospecha

Ueno Bank había construido su crecimiento mediante una estrategia de inclusión financiera digital, con apertura simplificada de cuentas y una fuerte expansión de su base de usuarios. Esa política le permitió alcanzar una dimensión inusual para el mercado paraguayo, pero también puso en evidencia debilidades en los mecanismos de evaluación y control de sus operaciones crediticias.

Las inspecciones del Banco Central detectaron deficiencias en la evaluación de riesgos, inconsistencias en la documentación utilizada para aprobar préstamos y operaciones de financiamiento con empresas presuntamente vinculadas al grupo controlador. Las correcciones contables superaron los 1,6 billones de guaraníes y la entidad tampoco pudo recomponer encajes obligatorios por unos 70 millones de dólares.

La intervención derivó en una investigación penal y en la detención de directivos de la entidad. La Justicia también dispuso embargos preventivos sobre bienes de ejecutivos y sociedades vinculadas al grupo empresario, mientras se intenta determinar si existieron maniobras irregulares en la administración de los recursos.

El episodio plantea una cuestión central: cómo pudo una entidad de semejante dimensión expandirse hasta convertirse en uno de los principales actores financieros del país sin que las deficiencias detectadas fueran corregidas a tiempo.

Los vínculos con el poder y el costo político para Santiago Peña

La dimensión política del escándalo está relacionada con los antecedentes empresariales del presidente Santiago Peña. Antes de llegar al Gobierno, el mandatario fue accionista de Ueno Holding, el grupo propietario de la entidad financiera, y mantuvo esa participación hasta marzo de 2025.

Pero el vínculo que generó mayores cuestionamientos institucionales es el de Carlos Carvallo, quien presidía el Banco Central desde 2023 y había encabezado anteriormente Financiera Ueno, antecedente de la actual entidad bancaria. Es decir, el funcionario responsable de supervisar el sistema financiero había tenido una relación profesional directa con la institución que terminó intervenida.

En medio de la crisis, Carvallo presentó su renuncia a pedido del propio Peña. La salida no logró desactivar las críticas: la oposición comenzó a impulsar un juicio político contra el presidente y el vicepresidente Pedro Alliana, con cuestionamientos centrados en posibles conflictos de intereses, el manejo de fondos públicos y las fallas de supervisión.

Un grupo de 35 legisladores opositores presentó los artículos para promover el proceso, aunque la iniciativa necesita una mayoría de dos tercios para avanzar, una condición que representa un obstáculo parlamentario. Sin embargo, la posibilidad de que algunos legisladores disidentes del oficialista Partido Colorado acompañen el reclamo agrega incertidumbre al escenario político.

Peña intentó contener el impacto y sostuvo que se trata de un caso particular, no de una crisis generalizada del sistema financiero. También reclamó que se investiguen las irregularidades y que los responsables enfrenten las consecuencias correspondientes.

Los fondos jubilatorios, otra dimensión del escándalo

Uno de los aspectos más delicados es la exposición de organismos públicos. El Instituto de Previsión Social (IPS), encargado de administrar recursos vinculados con la seguridad social paraguaya, mantenía inversiones cercanas a los 355 millones de dólares en Ueno Bank, equivalentes a aproximadamente el 9% de su cartera.

La entidad también administraba el pago de haberes de unos 32.000 jubilados. A esto se suman recursos de otras instituciones estatales, como la Administración Nacional de Electricidad y la represa binacional de Itaipú.

La participación de fondos previsionales transforma el problema en una cuestión de mayor sensibilidad política y social. Ya no se trata solamente de la responsabilidad de los accionistas de un banco privado, sino de las decisiones de inversión adoptadas por organismos que administran recursos públicos.

El Fondo de Garantía de Depósitos paraguayo cubre hasta 75 salarios mínimos por persona y entidad financiera, unos 38.600 dólares. Según las estimaciones oficiales, alrededor del 97% de los depositantes tendría sus ahorros completamente cubiertos. Sin embargo, la garantía no implica disponibilidad inmediata del dinero y deja interrogantes sobre los depósitos que superan ese límite.

La crisis también generó protestas de ahorristas y reclamos para acelerar la devolución de los fondos. El Gobierno impulsó medidas legislativas para agilizar los pagos, pero la respuesta institucional no consiguió disipar la desconfianza.

El contraste con el modelo económico que reivindica Milei

El caso paraguayo tiene una repercusión que excede sus fronteras porque cuestiona una de las referencias económicas que el presidente argentino utiliza para defender su programa.

Paraguay construyó durante años una imagen de estabilidad macroeconómica, disciplina fiscal, baja presión impositiva y condiciones favorables para la inversión privada. Esas características lo convirtieron en un destino atractivo para empresas y capitales de la región.

Sin embargo, la crisis de Ueno Bank muestra que la estabilidad de las principales variables macroeconómicas no garantiza, por sí sola, un sistema financiero libre de riesgos. La supervisión bancaria, la transparencia en el otorgamiento de créditos, la independencia de los organismos de control y la separación entre intereses empresariales y políticos son componentes indispensables de cualquier modelo económico.

Esto no significa que Paraguay atraviese necesariamente una crisis sistémica. El Banco Central sostiene que el problema corresponde a una entidad específica y la calificadora Moody’s consideró que el impacto sobre el conjunto del sector financiero es manejable, siempre que el proceso de resolución se desarrolle de manera ordenada. La industria bancaria mantiene indicadores de capitalización y liquidez que, según las evaluaciones disponibles, permiten distinguir el caso de Ueno de una insolvencia generalizada.

La discusión, por lo tanto, no debería reducirse a una impugnación del modelo paraguayo, pero tampoco puede ignorar las fallas institucionales que quedaron expuestas.

Una crisis que pone a prueba la confianza institucional

El episodio deja tres problemas simultáneos para el gobierno de Peña: recuperar la confianza de los ahorristas, esclarecer el destino de los recursos comprometidos y responder por los vínculos entre los responsables políticos y empresariales.

La resolución de la crisis dependerá no solamente de cuánto dinero puedan recuperar los clientes, sino también de la capacidad del Estado para demostrar que los mecanismos de supervisión funcionan y que las responsabilidades no quedan diluidas cuando los intereses privados se cruzan con los del poder.

Para Milei, el caso introduce una contradicción incómoda en el discurso que presenta a Paraguay como referencia. La experiencia demuestra que los incentivos a la inversión y la estabilidad fiscal necesitan instituciones capaces de controlar los riesgos, proteger a los depositantes y evitar que los vínculos políticos condicionen la regulación.

La crisis de Ueno Bank no invalida por sí misma el desempeño económico paraguayo, pero sí obliga a mirar más allá de sus indicadores macroeconómicos. Porque un país puede ofrecer condiciones favorables para los negocios y, al mismo tiempo, enfrentar debilidades en los controles que deben proteger a quienes depositan allí sus ahorros.

En definitiva, el escándalo abrió una discusión que atraviesa a toda la región: qué sucede cuando la expansión del capital privado avanza más rápido que los mecanismos de control estatal y hasta dónde puede llegar la confianza en un sistema económico si quienes deben supervisarlo tienen vínculos con los intereses que deberían controlar.