La detención del fiscal general Roger Mariaca, que investigaba al consultor argentino por el ataque armado contra su expareja, se produjo después de que Washington lo acusara de presuntos vínculos con el narcotráfico. La secuencia desató una crisis institucional y abrió interrogantes sobre el papel de Estados Unidos en un caso que involucra al operador de Javier Milei, al presidente boliviano Rodrigo Paz y al entorno de Donald Trump
La detención del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, encendió las alarmas por sus posibles derivaciones políticas. El funcionario estaba al frente de la investigación contra Fernando Cerimedo, consultor argentino con estrechos vínculos con las derechas latinoamericanas y el trumpismo, y fue arrestado pocos días después de que Estados Unidos le revocara la visa y lo acusara de corrupción y de facilitar el narcotráfico.
La Policía boliviana detuvo también a otros funcionarios judiciales, mientras la Fiscalía denunció inicialmente el procedimiento como un «secuestro» y cuestionó su legalidad. El Gobierno de Rodrigo Paz justificó el operativo como parte de una ofensiva contra una presunta organización criminal enquistada en el Ministerio Público. La sucesión de acontecimientos, sin embargo, abrió una pregunta incómoda: ¿la caída del fiscal puede terminar beneficiando al consultor argentino que investigaba?
No existen pruebas públicas concluyentes de que Washington haya promovido la detención para favorecer a Cerimedo. Pero la coincidencia temporal, las presiones estadounidenses y los vínculos políticos del consultor justifican seguir de cerca el caso.
Un operador con conexiones en Washington
Cerimedo no es un asesor más. Su consultora Numen participó en campañas de la derecha regional y el argentino mantuvo una relación profesional con Brad Parscale, responsable de la estrategia digital de Donald Trump en 2016 y jefe de su campaña presidencial en 2020. Su trayectoria lo conectó con los espacios políticos que impulsaron a Javier Milei en Argentina y a Rodrigo Paz en Bolivia.
En el país andino, Cerimedo asesoró al actual presidente y adquirió influencia en su entorno. Ahora permanece detenido por su presunta participación en el ataque armado contra su expareja, la abogada Nadia Beller, quien sobrevivió a varios disparos y lo señaló como responsable. El consultor también enfrenta otras investigaciones y niega las acusaciones.
La causa que involucra a Beller es independiente de las sospechas sobre narcotráfico, pero convirtió a Cerimedo en una figura de alto impacto político. La posibilidad de que la investigación pierda impulso tras la salida del fiscal que la conducía alimenta las suspicacias, aunque el desenlace dependerá de cómo actúen las autoridades judiciales que continúen con el expediente.
La lucha contra el narcotráfico, bajo sospecha
Washington acusó a Mariaca de recibir sobornos para facilitar operaciones de narcotráfico y ayudar a delincuentes a eludir la Justicia. El Gobierno boliviano, por su parte, lo vinculó con una presunta red de protección al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. El fiscal rechazó los cargos y relacionó las presiones con las investigaciones que llevaba adelante.
Las acusaciones contra Mariaca deben probarse, del mismo modo que las que pesan sobre Cerimedo. La revocación de una visa estadounidense no equivale a una condena, y la detención de un fiscal general designado para un mandato de seis años exige explicaciones sobre sus fundamentos legales y las pruebas que la motivaron.
El episodio ocurre mientras el Gobierno de Paz profundiza su cooperación con Washington en materia de seguridad. En ese contexto, la intervención estadounidense adquiere una dimensión política que excede las sanciones migratorias: pone bajo la lupa la autonomía de las instituciones bolivianas y el peso de las relaciones internacionales en una investigación de alto voltaje.
La pregunta central sigue abierta. Si Mariaca incurrió en delitos, deberá responder ante la Justicia. Pero si las acusaciones y las decisiones institucionales terminan obstaculizando las causas que involucran a un consultor conectado con los círculos de poder de Milei, Paz y Trump, Bolivia enfrentará un problema que va mucho más allá de un expediente penal.