La abogada Valeria Carreras pidió investigar a la ministra de Seguridad y a su antecesora después de que el Presidente afirmara que el Gobierno expulsó a 10.000 “terroristas” en 2025 y otros 20.000 en lo que va de 2026. Los registros oficiales citados en la denuncia contabilizan cientos de expulsiones por distintos delitos, pero no identifican ningún caso de terrorismo
Si no fuera por la gravedad institucional de lo que está en juego, la afirmación podría quedar reducida a una escena casi absurda. Javier Milei aseguró que durante 2025 la Argentina expulsó a 10.000 “terroristas” y que en lo que va de 2026 ya fueron otros 20.000. En total, según la cifra lanzada por el propio Presidente, serían 30.000 terroristas extranjeros deportados en menos de dos años.
La magnitud de la afirmación no tardó en generar pedidos de explicaciones y ahora derivó también en una denuncia penal contra la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y su antecesora, Patricia Bullrich. La presentación fue realizada por la abogada Valeria Carreras, quien pidió investigar posibles delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de denuncia, además de cualquier otra figura que pudiera surgir de la investigación.
El problema central es que la enorme cifra difundida por Milei no parece encontrar correlato en los registros oficiales citados en la denuncia. De acuerdo con la documentación de la Dirección Nacional de Migraciones incorporada a la presentación, durante 2025 se registraron 772 expulsiones por distintos delitos, sin que aparezcan casos identificados específicamente como terrorismo. Para 2026, con información parcial, se contabilizan 744 expulsiones y unos 18.947 incidentes de entrada o rechazos, tampoco catalogados oficialmente como terrorismo.
La diferencia no es un detalle estadístico. Obliga a preguntarse de dónde salió la cifra presidencial y, sobre todo, bajo qué criterio se habría decidido que esas personas eran “terroristas”.
Los dichos de Milei sobre los “30.000 terroristas” derivaron en una denuncia contra Bullrich y Monteoliva
La explicación que falta
Milei realizó sus afirmaciones el 27 de septiembre, durante una entrevista con Luis Majul en LN+. “Los 10.000 terroristas que echamos el año pasado. ¿Sabés cuántos llevamos echados este año?”, planteó el Presidente. Ante la pregunta del periodista, respondió: “Este año ya llevamos 20.000”.
Luego agregó que se trataba de personas que “se infiltran de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino”.
La afirmación presidencial adquiere una dimensión todavía más llamativa cuando se la contrasta con las estadísticas disponibles. Los registros citados en la denuncia contabilizan cientos de expulsiones por distintos delitos, pero no identifican casos específicos de terrorismo.
El Gobierno, por su parte, difundió en septiembre que más de 20.000 extranjeros habían sido “expulsados, rechazados o inadmitidos”. Pero esa cifra agrupa categorías diferentes: una expulsión no equivale a un rechazo migratorio ni a una inadmisión en frontera.
Es precisamente esa diferencia la que vuelve particularmente delicada la utilización de la palabra “terroristas”.
Una denuncia que pide saber quiénes son
Carreras solicitó que la Justicia requiera a Migraciones el detalle de todas las expulsiones y rechazos de 2025 y 2026, discriminados por causal, y que se identifique específicamente cuáles estuvieron vinculados con terrorismo o delitos conexos.
También pidió conocer cuántas de las personas expulsadas o rechazadas figuraban en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento –RePET–, sus nacionalidades, las fechas de las medidas y las resoluciones administrativas correspondientes.
Al Ministerio de Seguridad le reclamó además los informes, memorandos y comunicaciones internas relacionados con los supuestos “terroristas deportados” y con las presuntas amenazas de infiltración destinadas a “dinamitar el modelo argentino”.
La denuncia plantea, en definitiva, tres posibilidades: que los datos oficiales sean incorrectos, que sea incorrecta la información difundida por el Presidente o que efectivamente existan los 30.000 casos mencionados.
Y cualquiera de las tres alternativas exige una explicación.
Si la cifra de Milei fuera correcta, significaría que decenas de miles de personas identificadas como terroristas ingresaron al país durante un período relativamente breve antes de ser detectadas y expulsadas. Si no lo fuera, quedaría por explicar por qué el Presidente difundió públicamente una cifra de semejante magnitud y qué información utilizó para sostenerla.
También pidieron informes al Gobierno
La denuncia no es el único pedido de explicaciones. El diputado nacional Maximiliano Ferraro presentó un pedido de acceso a la información pública y otro de informes ante el Ministerio de Seguridad y la Dirección Nacional de Migraciones.
Ferraro reclamó conocer cuántas personas fueron efectivamente expulsadas, cuántas de ellas lo fueron por causales vinculadas con terrorismo, cuántas tienen imputaciones o condenas y cuántas figuran en el RePET.
“Estamos hablando de más de 27 por día en 2025 y casi 74 por día en 2026”, señaló el diputado al referirse a la cifra de 30.000 atribuida por Milei.
El pedido también apunta a otra de las afirmaciones presidenciales: la existencia de extranjeros que habrían ingresado al país con el objetivo de “dinamitar el modelo argentino”. Ferraro pidió que se informe si existen registros, denuncias o investigaciones que permitan sustentar esa acusación.
Una cifra demasiado grande para quedar en el aire
La Argentina tiene mecanismos legales para impedir el ingreso o disponer la expulsión de extranjeros vinculados con actividades terroristas. La Ley de Migraciones contempla causales relacionadas con el terrorismo y existe además un registro específico para personas y entidades vinculadas con actos terroristas y su financiamiento.
Precisamente por eso, la afirmación presidencial no puede quedar flotando como una cifra más en una entrevista televisiva. Si fueron realmente 30.000, deberían existir expedientes, resoluciones, causales de expulsión, registros y documentación que permitan identificar los casos.
Y si no fueron 30.000 terroristas, la pregunta es todavía más incómoda: ¿qué contó Milei como “terrorista” y de dónde salió semejante número?
La denuncia contra Bullrich y Monteoliva pone ahora esas preguntas en manos de la Justicia. Mientras tanto, los registros oficiales disponibles y la enorme distancia con la cifra pronunciada por el Presidente dejan una escena difícil de explicar: una supuesta amenaza terrorista de dimensiones extraordinarias, sin que hasta ahora aparezca un respaldo documental equivalente a la gravedad de la afirmación.