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Corredor Andes-Atlántico: créditos a empresas norteamericanas para alimentar el voraz proyecto extractivista

Argentina y Estados Unidos dieron un nuevo paso en el estrechamiento de su relación económica con el lanzamiento del denominado Corredor Andes-Atlántico, un esquema de financiamiento que Washington y el gobierno de Javier Milei presentan como una herramienta para modernizar infraestructura y atraer inversiones. El acuerdo contempla instrumentos financieros por hasta US$7.000 millones hasta 2027, destinados a proyectos de energía, minería, transporte y telecomunicaciones.

La cifra, sin embargo, requiere una primera precisión: no se trata de un desembolso inmediato de US$7.000 millones ni de un único crédito. El marco firmado entre ambos países permitirá canalizar financiamiento a distintos proyectos, mientras que una de las operaciones concretas es la propuesta del Export-Import Bank estadounidense (EXIM) de otorgar hasta US$6.000 millones a Argentina LNG (Liquefied Natural Gas) −que en español se traduce como Gas Natural Licuado (GNL)−, iniciativa de exportación de gas que YPF desarrolla junto con la italiana Eni y XRG, de Emiratos Árabes Unidos. Esa propuesta todavía debe ser aprobada por el directorio del organismo norteamericano.

Un corredor pensado para sacar recursos

El propio diseño del proyecto permite ver cuál es su orientación. El Corredor Andes-Atlántico pretende conectar las zonas mineras del noroeste argentino y la formación Vaca Muerta con los puertos del Atlántico mediante ferrocarriles, oleoductos, gasoductos, infraestructura eléctrica, puertos y redes digitales.

El objetivo declarado por Washington es fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos y energía, particularmente litio, cobre, petróleo y gas, y ampliar las oportunidades para compañías estadounidenses. La Cancillería argentina, en términos similares, señala que el corredor permitirá incrementar las exportaciones de minerales, petróleo y gas mediante inversiones en infraestructura.

La orientación resulta especialmente clara en el caso de Argentina LNG. Los US$6.000 millones que el EXIM estudia financiar estarían destinados a la adquisición de bienes y servicios estadounidenses necesarios para desarrollar la infraestructura y la producción. Es decir, una parte sustancial del financiamiento queda vinculada a la participación de proveedores del país que otorga el crédito.

No es un detalle menor. El proyecto Argentina LNG contempla una inversión total estimada en US$51.000 millones durante toda su vida útil. La primera etapa prevé dos unidades flotantes de licuefacción frente a Río Negro, con una capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales de GNL (gan matural licuado) y operaciones proyectadas para 2031.

Infraestructura al servicio de las exportaciones

El resto del esquema incluye una extensa lista de proyectos. Aparecen la línea de alta tensión AMBA I, con una inversión estimada en US$800 millones, obras ferroviarias vinculadas con las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, una eventual conexión ferroviaria entre Vaca Muerta y Bahía Blanca, infraestructura portuaria y trabajos vinculados con la Hidrovía.

También aparecen proyectos de infraestructura digital, entre ellos la expansión de la red de fibra óptica de Arsat, cables submarinos, centros de datos y conectividad satelital. El acuerdo menciona además la operación por la cual la estadounidense Metrotel pasaría a controlar seis millones de usuarios móviles tras la fusión entre Telecom y Telefónica.

La característica común es que buena parte de esas obras aparece vinculada con la extracción, el transporte y la exportación de recursos naturales. El ferrocarril, los ductos, los puertos y la energía no son presentados primordialmente como herramientas para integrar un mercado interno o desarrollar cadenas industriales, sino como infraestructura destinada a reducir los llamados “cuellos de botella” que dificultan llevar gas, petróleo y minerales desde las zonas de producción hasta los mercados internacionales.

La pregunta por el desarrollo

Ahí aparece uno de los aspectos centrales del acuerdo. El esquema puede aportar infraestructura y generar actividad económica, pero su orientación no apunta, al menos en lo que se conoce hasta ahora, a una estrategia de industrialización de los recursos argentinos.

El diseño prioriza la extracción y exportación de commodities y materias primas estratégicas. Litio, cobre, petróleo y gas salen del territorio hacia los mercados internacionales, mientras buena parte de la infraestructura se construye precisamente para hacer más eficiente ese circuito.

Incluso el financiamiento del EXIM tiene una lógica explícita de promoción de empresas estadounidenses: la propuesta para Argentina LNG contempla la compra de bienes y servicios de ese origen.

Así, el interrogante no es solamente cuánto dinero puede ingresar al país, sino qué estructura productiva queda después de que esos recursos sean extraídos y exportados. La diferencia entre una economía que utiliza sus recursos naturales como plataforma para industrializar y otra que se limita a facilitar su extracción y salida al exterior es sustancial.

Una alianza cada vez más asimétrica

El acuerdo también constituye una nueva expresión del alineamiento entre Milei y Trump. El propio Departamento de Estado define al Corredor como una herramienta para profundizar la integración económica entre ambos países y fortalecer las cadenas de suministro estadounidenses en sectores considerados estratégicos.

La particularidad es que Trump ni siquiera participó personalmente del anuncio. Fueron el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado Christopher Landau quienes presentaron el acuerdo en Nueva York, acompañados por funcionarios argentinos y estadounidenses, entre ellos Luis Caputo, Horacio Marín y los representantes diplomáticos de ambos países.

Landau definió la relación actual como una asociación particularmente estrecha y sostuvo que la elección de Milei constituyó “un punto de inflexión enorme para el hemisferio”, según la transcripción difundida sobre el encuentro.

La propia Casa Rosada, mientras tanto, viene asociando abiertamente el futuro económico del país con la continuidad del programa de Milei. En su discurso del jueves ante el Economic Club de Nueva York, el Presidente sostuvo que las inversiones en Vaca Muerta, minería y agroindustria se acelerarán y vinculó ese proceso con el respaldo al modelo económico de cara a 2027.

En ese contexto, el anuncio de los créditos estadounidenses llega a poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027 y ofrece al Gobierno una noticia de fuerte impacto político y económico: hasta US$7.000 millones de respaldo financiero estadounidense para proyectos estratégicos.

Presentarlo como un “blindaje electoral”, sin embargo, requiere distinguir entre el dato y la interpretación. El acuerdo oficialmente anunciado está destinado a financiar infraestructura y proyectos productivos y no constituye un fondo de libre disponibilidad para sostener las reservas o el mercado cambiario. Sí existe, en paralelo, una discusión sobre las necesidades de dólares que enfrentará la economía durante el año electoral y sobre la función que podría cumplir el financiamiento externo.

El “Corredor Andes-Atlántico” puede, por lo tanto, ser leído como una gran obra de infraestructura. Pero también como algo más: una pieza de la arquitectura económica que está construyendo el gobierno de Milei alrededor de Vaca Muerta, la minería y las exportaciones de recursos naturales, con Estados Unidos como socio privilegiado y las empresas norteamericanas como protagonistas centrales del financiamiento y el negocio.