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Con Malvinas como excusa, el Gobierno quiere limitar la libertad de expresión; advierten sobre una posible campaña de persecución política

La defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas llegó al Congreso acompañada de una disposición que abrió un frente inesperado. El proyecto enviado por el gobierno de Javier Milei incorpora una modificación del Código Penal que prevé penas de hasta 12 años de prisión para determinadas campañas de “desinformación masiva”, bajo el argumento de combatir la injerencia extranjera en procesos electorales y en la opinión pública.

La iniciativa, sin embargo, despertó cuestionamientos por la amplitud de los conceptos utilizados. La principal preocupación expresada por sus críticos es que una figura penal destinada, según el Gobierno, a impedir operaciones extranjeras pueda terminar transformándose en una herramienta para intervenir sobre el debate político interno y perseguir a quienes cuestionen al poder.

El proyecto de “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional” propone incorporar el artículo 225 bis al Código Penal. La nueva figura establece penas de cinco a 12 años de prisión para quien, actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero, realice actividades destinadas a alterar procesos electorales o a “manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.

La norma también contempla sanciones para quienes promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes. En los casos agravados –cuando existan amenazas, sobornos, coerción o estructuras criminales– las penas podrían llegar a entre ocho y 15 años de prisión.

El proyecto suma otras modificaciones al Código Penal vinculadas con la entrega de secretos a Estados extranjeros y el apoyo material a operaciones clandestinas de inteligencia. También busca limitar el financiamiento extranjero de campañas electorales.

El problema está en quién define qué es “desinformación”

La discusión más sensible, sin embargo, pasa por el nuevo delito referido a la manipulación de la opinión pública. ¿Dónde termina una operación de injerencia extranjera y dónde comienza una actividad política, periodística o de opinión?

Esa pregunta es la que alimenta las advertencias sobre una posible utilización política de la norma.

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez consideró que el tipo penal propuesto es “muy abierto” y advirtió que podría ser utilizado contra opositores. El especialista sostuvo que “cualquier cosa que haga un opositor o una persona que participe en un proceso electoral y tenga algún vínculo con un Estado, será acusada”.

Diego Armesto, por su parte, señaló que la amplitud de la figura podría llevar la situación “al límite de un caso de censura previa”, debido al margen de discrecionalidad que tendría quien deba determinar cuándo existe un posible ataque contra el Gobierno o contra un proceso electoral.

Félix Lonigro también puso el foco en el concepto de “desinformación”. Según el abogado, se trata de una categoría demasiado amplia y potencialmente capaz de afectar o condicionar la libertad de expresión.

El temor planteado por estos especialistas y por distintos legisladores opositores no supone que toda crítica al Gobierno vaya a convertirse automáticamente en un delito. La especulación que genera el texto apunta a otra cuestión: qué podría suceder si una figura penal ambigua queda disponible para un gobierno que mantiene una fuerte confrontación con dirigentes opositores, periodistas y sectores de la sociedad civil.

La hipótesis de la persecución política

En el Congreso, varios bloques interpretaron precisamente en esos términos la incorporación de la reforma.

El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, sostuvo que el proyecto podría convertirse en una herramienta de “persecución política” y cuestionó que una causa que constituye una política de Estado –la reivindicación argentina de la soberanía sobre Malvinas– sea utilizada para incorporar mecanismos de control sobre la discusión interna.

“No se puede utilizar una causa nacional y política de Estado, que nos pertenece a todos los argentinos, para colar de la nada una herramienta de control político interno”, afirmó.

Ferraro también planteó una comparación con Fernando Cerimedo, exasesor presidencial y vinculado al portal libertario La Derecha Diario. El legislador sostuvo que, si la nueva legislación hubiese estado vigente durante algunas de las actividades que se le atribuyen al consultor, podría haber quedado alcanzado por la nueva figura penal.

La referencia es particularmente significativa porque Cerimedo reconoció haber participado en campañas electorales negativas en distintos países y haber utilizado herramientas como bots y trolls. Desde la oposición utilizan ese antecedente para plantear una pregunta incómoda: si una herramienta semejante hubiese estado disponible durante esos episodios, ¿contra quién se habría utilizado y con qué criterio se habría determinado qué era una campaña política y qué constituía “desinformación masiva”?

El diputado Pablo Juliano también cuestionó el alcance de la iniciativa y vinculó la reforma con declaraciones recientes del Presidente contra sectores de la prensa y la oposición. Su advertencia apunta a que una definición amplia del delito podría permitir que acusaciones políticas terminen trasladándose al terreno penal.

Desde Unión por la Patria también recuperaron el caso Cerimedo para cuestionar la iniciativa y señalaron que, bajo los criterios propuestos por el Gobierno, determinadas actividades desarrolladas por el exasesor podrían haber quedado bajo investigación.

Una advertencia que excede a la oposición

La preocupación tampoco quedó circunscripta a los bloques enfrentados con el Gobierno.

Poder Ciudadano advirtió que el Ejecutivo está incorporando en este proyecto disposiciones que ya habían aparecido en otras iniciativas oficiales y expresó su preocupación por la posibilidad de que, bajo el argumento de combatir la desinformación, se termine creando una herramienta de censura o intimidación para periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) fue todavía más específico al analizar el texto. La entidad señaló que términos como “manipular la opinión pública” y “desinformación” no delimitan con suficiente precisión cuál sería la conducta que podría ser castigada.

“No delimitan con claridad qué conducta se castiga y dejan un margen amplio para que la norma sea aplicada de manera discrecional”, advirtió FOPEA.

La organización agregó que la experiencia internacional muestra que normas de este tipo, cuando fueron presentadas como instrumentos de defensa de la soberanía o de la seguridad nacional, terminaron en algunos países siendo utilizadas para castigar el disenso, desalentar las críticas periodísticas y obstaculizar el trabajo de organizaciones civiles.

ADEPA, en tanto, comenzó a analizar el articulado para determinar sus alcances y su eventual impacto sobre la libertad de expresión, aunque expresó preocupación inicial por sus posibles efectos.

Malvinas, soberanía y una reforma que mira hacia adentro

El Gobierno presenta la iniciativa como un instrumento para fortalecer la defensa de los intereses argentinos frente a la injerencia extranjera y proteger recursos estratégicos y procesos institucionales. Pero la discusión que se abrió en torno al artículo 225 bis desplaza el eje hacia una cuestión mucho más doméstica: los límites que debería tener el Estado cuando interviene sobre la circulación de información, la actividad periodística y la disputa política.

Ahí aparece la principal paradoja del proyecto. Una iniciativa presentada bajo una causa nacional que históricamente ha reunido consensos políticos amplios incorpora una herramienta penal que, según sus críticos, podría ser utilizada dentro de la propia pelea política argentina.

La hipótesis planteada por los sectores que cuestionan el texto es concreta: una definición imprecisa de “desinformación masiva”, combinada con la referencia a vínculos con organizaciones o agentes extranjeros, podría permitir que actividades políticas, periodísticas o sociales sean reinterpretadas como operaciones de injerencia y terminen en una investigación penal.

El Gobierno todavía debe defender esa redacción durante el debate parlamentario y determinar cómo avanzará el tratamiento del proyecto. La discusión podría comenzar en octubre.

Mientras tanto, el interrogante que quedó instalado no es menor: si el objetivo es proteger a la Argentina de operaciones extranjeras, ¿por qué hacerlo mediante una figura penal tan amplia que constitucionalistas, periodistas, organizaciones civiles y legisladores ya advierten que podría convertirse en una herramienta de persecución política?