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El Gobierno reglamentó el cobro de la atención médica a extranjeros no residentes

El Gobierno de Javier Milei reglamentó el nuevo régimen de atención sanitaria para extranjeros que no cuentan con residencia permanente en la Argentina y habilitó a los hospitales administrados por el Estado nacional a cobrar por las prestaciones que reciban esas personas. La medida quedó formalizada este martes mediante la Resolución 1066/2026 del Ministerio de Salud, que reglamenta los cambios introducidos por el DNU 366/2025 en la Ley de Migraciones.

La decisión consolida una de las modificaciones impulsadas por la administración libertaria en materia migratoria y sanitaria: el acceso al sistema público deja de tener el mismo tratamiento para todas las personas extranjeras y pasa a estar condicionado por su situación de residencia.

El nuevo procedimiento se aplica a todos los extranjeros que no tengan residencia permanente en el país. Para acceder a prestaciones que no revistan carácter de emergencia deberán contar con un seguro de salud o afrontar el costo de la atención, de acuerdo con los mecanismos establecidos por cada establecimiento nacional.

Las emergencias quedan fuera del cobro

Uno de los puntos centrales de la resolución es que ninguna persona podrá ser rechazada o sufrir restricciones para recibir atención ante una emergencia médica, independientemente de su situación migratoria.

La normativa considera emergencia a toda condición que implique un riesgo cierto e inminente para la vida, un órgano o una función, o que requiera una intervención inmediata para evitar un daño grave o irreversible. El listado contempla, entre otras situaciones, infartos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos graves, hemorragias masivas, sepsis, intoxicaciones agudas y determinadas urgencias quirúrgicas.

También quedan expresamente incluidas las emergencias obstétricas, como partos inminentes, hemorragias durante el embarazo, embarazos ectópicos complicados, eclampsia y preeclampsia grave, además de emergencias pediátricas y neonatales con compromiso vital.

De esta manera, el nuevo esquema no implica que un extranjero no residente pueda quedar sin asistencia ante una situación crítica. La diferencia se establece fundamentalmente para las prestaciones que no tengan carácter de emergencia.

Qué ocurre con los residentes permanentes

La resolución mantiene una diferencia significativa entre los extranjeros no residentes y quienes cuentan con residencia permanente.

Estos últimos podrán utilizar el sistema público de salud en igualdad de condiciones con los ciudadanos argentinos. Para acreditar esa situación deberán presentar el DNI que indique la residencia permanente o, en determinados casos, la constancia de residencia permanente en trámite emitida por la Dirección Nacional de Migraciones.

El nuevo régimen, por lo tanto, no modifica el acceso sanitario de los extranjeros que ya tienen residencia permanente reconocida en el país.

Una política que ya había comenzado en las provincias

La decisión nacional no surge de manera aislada. Varias jurisdicciones ya habían implementado mecanismos de cobro para determinados servicios sanitarios destinados a extranjeros no residentes.

Salta fue pionera en 2024 y luego se sumaron Santa Cruz, Mendoza y Jujuy. En la Ciudad de Buenos Aires, el cobro comenzó a implementarse en marzo de 2025.

El Gobierno nacional toma ahora ese antecedente y lo incorpora al funcionamiento de los hospitales bajo administración estatal nacional, extendiendo la lógica de diferenciar entre quienes tienen residencia permanente y quienes se encuentran temporalmente en el país.

El debate sobre el acceso a los servicios públicos

La medida vuelve a poner en el centro de la discusión una cuestión que atraviesa buena parte de la política del Gobierno de Milei: quiénes tienen derecho a utilizar gratuitamente los servicios financiados por el Estado y bajo qué condiciones.

El argumento oficial se vincula con la necesidad de reducir el costo que determinadas prestaciones representan para el sistema público y establecer criterios de reciprocidad. Sus críticos, en cambio, cuestionan que el acceso a la salud pueda quedar condicionado por la situación migratoria y advierten sobre el riesgo de avanzar hacia una segmentación del sistema público.

En este punto resulta importante distinguir entre extranjeros no residentes y residentes permanentes, pero también entre una atención programada y una emergencia. La resolución no habilita a los hospitales nacionales a negar asistencia ante un riesgo vital.

Contexto y antecedentes

La reglamentación constituye un nuevo capítulo de la reforma migratoria impulsada por el Gobierno nacional. El DNU 366/2025 había introducido modificaciones en la Ley de Migraciones y establecido las bases para que los extranjeros no residentes pudieran afrontar el costo de determinados servicios sanitarios. La Resolución 1066/2026 establece ahora el procedimiento operativo para llevar esa decisión a los hospitales nacionales.

El debate, sin embargo, excede el mecanismo administrativo de cobro. La discusión de fondo gira alrededor del modelo de Estado y del alcance de los derechos asociados a los servicios públicos. Mientras el Gobierno sostiene una política orientada a reducir costos y diferenciar responsabilidades según la condición migratoria, otros sectores consideran que la salud pública debe preservar un principio de acceso universal.

La implementación concreta de la medida y su impacto sobre los hospitales nacionales serán, desde ahora, el punto clave para evaluar si el nuevo esquema representa una fuente efectiva de financiamiento o si genera nuevas barreras para quienes llegan al país sin residencia permanente.