Los querellantes rechazaron el planteo de uno de los principales imputados, que busca excluirlos del expediente. Sostienen que no fueron inversores que asumieron un riesgo financiero, sino víctimas de una maniobra fraudulenta que involucró presunto tráfico de influencias, lavado de activos y el uso de la investidura presidencial para otorgar credibilidad al proyecto
La investigación judicial por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo con fuerte contenido político. Las víctimas que impulsan la causa rechazaron el pedido presentado por el empresario Mauricio Novelli para apartarlas del expediente y afirmaron que la investigación no trata sobre una inversión fallida, sino sobre una presunta organización criminal que utilizó estructuras de poder para concretar una estafa de gran magnitud.
La respuesta de las querellas apunta directamente al corazón de la estrategia defensiva de los imputados. Según sostienen, el objetivo de excluir a los damnificados como parte del proceso sería debilitar la investigación y abrir el camino hacia un eventual sobreseimiento bajo el argumento de que quienes compraron el activo digital simplemente asumieron los riesgos propios del mercado de las criptomonedas.
«No fue una mala inversión»
Los abogados de los querellantes sostienen que la operatoria excede ampliamente la volatilidad habitual de los criptoactivos. Afirman que el token fue presentado como un proyecto respaldado institucionalmente por el Estado argentino y destinado a financiar emprendimientos y pequeñas empresas, una promesa que nunca llegó a concretarse.
En esa línea, remarcan que miles de personas decidieron invertir después de que el presidente Javier Milei difundiera públicamente el proyecto desde sus redes sociales, otorgándole una legitimidad que, según la acusación, resultó determinante para generar confianza entre los inversores.
La querella sostiene que esa promoción oficial constituye uno de los elementos centrales que distinguen el caso de una simple operación especulativa y justifican que la investigación avance sobre posibles delitos de mayor gravedad.
Una investigación que apunta más allá de la estafa
Los escritos presentados ante la Justicia describen una presunta estructura organizada que habría combinado distintas conductas ilícitas, entre ellas fraude, lavado de dinero, utilización de información privilegiada, tráfico de influencias e incluso el pago de sobornos.
Por esa razón, los querellantes afirman que la causa debe investigarse bajo la hipótesis de una organización criminal y no únicamente como una controversia comercial entre particulares. Esa caracterización amplía considerablemente el alcance de la investigación y mantiene bajo la lupa a empresarios vinculados al lanzamiento del token y a funcionarios cuya actuación aún es objeto de análisis judicial.
La pelea por el control del expediente
Otro de los argumentos de las víctimas es que su legitimidad para actuar dentro de la causa ya fue ratificada en distintas instancias judiciales. Recuerdan que tanto tribunales superiores como la propia Corte Suprema validaron previamente su participación, por lo que consideran improcedente el nuevo intento de excluirlas del proceso.
Mientras tanto, la investigación continúa avanzando sobre la reconstrucción de los movimientos financieros vinculados al lanzamiento de $LIBRA y sobre el papel que desempeñaron los distintos actores involucrados en la difusión del proyecto.
Un caso con creciente impacto político
El expediente se ha convertido en uno de los frentes judiciales más sensibles para el Gobierno nacional. Desde el comienzo de la causa, la oposición cuestionó el rol que tuvo el presidente Javier Milei al promocionar públicamente la criptomoneda, mientras que desde la Casa Rosada insisten en que no existió participación en ninguna maniobra fraudulenta y rechazan cualquier responsabilidad penal.
La disputa procesal por la permanencia de las víctimas dentro del expediente representa mucho más que una discusión técnica. De su resolución dependerá, en buena medida, la capacidad de las querellas para impulsar medidas de prueba y sostener una investigación que, por sus posibles derivaciones políticas e institucionales, continúa ocupando un lugar central en la agenda judicial argentina.